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  • walterfernandezulloa 18:42 el 1 May, 2018 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: agenda, calendar, Calendario   

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    Google Calendario Walter Fernandez Ulloa – Director Distrital MIES Distrito Rumiñahui

     
  • walterfernandezulloa 12:20 el 27 December, 2017 Enlace permanente | Responder  

     
  • walterfernandezulloa 03:31 el 21 October, 2017 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: abuso sexual infantil, , , sistema educativo, sistema educativo publico   

    De la indiferencia, a la indignación y la ira: Casos de abuso y violencia sexual en el sistema educativo público.

    Por cerca de 10 años la ciudadanía ha sido testigo mudo del paulatino y sistemático desmantelamiento del “sistema integral de protección de derechos”, en particular el de niñez y adolescencia. Al amparo de una constitución garantista de derechos, se ha gestado la desmovilización social; el control y el autoritarismo de ciertas autoridades y entidades del sector público fue mermando la participación ciudadana, generándose una brecha en el ejercicio pleno de sus derechos.

    Lo acontecido en una unidad educativa réplica, en la ciudad de Guayaquil, ha exacerbado las alertas sobre una realidad silenciada y silenciosa de lo que acontece en las instituciones educativas del país. Y digo a exacerbado, porque hemos sido testigos mudos de casos similares dados en la ciudad de Quito, durante los años 2015 al 2017 como son el denominado “el principito” y el “Traversari”, hechos de abuso sexual a infantes, niños y adolescentes en establecimientos educativos privados, los que han concluido en procesos judiciales a los perpetradores y a lo mucho en lo administrativo en multas o pedida de disculpas públicas a los padres y madres de familia de los afectados por parte de las autoridades de los establecimientos involucrados.

    A raíz de las alertas dadas en la ciudad de Guayaquil sobre un centenar de niños violentados sexualmente, los medios de comunicación han dado prioridad al tema, haciéndose público nuevos casos de centenares de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en un centro educativo público al norte de la ciudad de Quito. Para Mónica Reinoso, subsecretaria de “Innovación Educativa y el Buen Vivir”, del Ministerio de Educación, se han presentado 882 denuncias de abuso sexual desde el 2014 al 2017, de los cuales solo 561 están vinculados al sistema educativo, esto hasta la segunda semana de octubre, sin contar los nuevos casos que están saliendo a la luz. (http://www.andes.info.ec/es/noticias/2014-2017-fueron-denunciados-ecuador-882-casos-abuso-sexual.html)

    ¿Quién tiene responsabilidad de lo acontecido? La sociedad, la ciudadanía, la familia, los padres, las madres, los docentes, las autoridades de los establecimientos y/o las autoridades políticas?, finalmente la responsabilidad se inculca a la familia y a la sociedad, dado que el Ministerio de Educación, más allá de tomar “ciertas medidas” y de responsabilizar a los servidores públicos de las Circunscripciones y Distritos donde se dieron los hechos, no ha definido procedimientos políticos ni jurídicos para controlar y sancionar al propio sistema que ha sido incapaz de dar cumplimiento a su competencia de garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito educativo.
    abuso sexual violencia ecuador revista rupturas

    El nuevo “Modelo de Gestión Educativa” que instauró la “Revolución ciudadana” a través de la reforma de la ley de educación, hoy “Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI” propuso un modelo descentralizado, pero al mismo la competencia y la rectoría del Sistema se establece en el Ministerio de Educación, cuya cabeza, el “Sr. Ministro de Educación” es la autoridad, y por ende el responsable político de lo acontecido.

    Si bien a través de la constitución se pretendió acercar a la ciudadanía y promover la participación, la ley de educación, su reglamento y acuerdos ministeriales han vuelto al sistema educativo en un ente absurdamente ostracista (http://es.thefreedictionary.com/ostracista – ADJ → discriminatorio) que ha limitado y/o quizá partirizado la participación de los diversos actores de la comunidad educativa, excluyendo la participación de otros actores históricos en la construcción del desarrollo y la educación, como las Organizaciones sociales y comunitarias del territorio. Pese que el artículo 15 de la LOEI, en su párrafo segundo manda que la comunidad educativa promueva “la integración de los actores culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.”

    Ante el mandato constitucional de la gratuidad de la educación en todos los niveles y siendo el Ministerio de Educación uno de los entes de la administración pública más grande en cuanto a presupuesto y personal, surge la “Revolución Educativa”, la cual centró sus esfuerzos, como se ha hecho público y es notorio, en la adecuación de la infraestructura educativa y poco notorio ha sido su centralidad de esfuerzos en un cambio sustancial del paradigma educativo de derechos y más bien ha centrado sus esfuerzos en centralizar la participación en el ámbito disciplinario – sancionador.

    La masificación de los estudiantes en las aulas, ya que la política de gratuidad y la de construcción de gigantescas infraestructuras educativas, traerían consigo, lo que era previsible por simple sentido común, problemas y conflictos sociales, culturales y psicológicos, entre estudiantes y docentes. De estos actores quienes pasaban a ser sujetos de control, disciplina y sanción en gran medida lo son los estudiantes, para ello como muestra bastaría revisar los códigos de convivencia de los establecimientos educativos en los cuales se puede apreciar toda una gama de mecanismos de control y sanción para los estudiantes, padres y madres de familia.

    El ostracismo del Sistema de Educación, se manifiesta abiertamente en la institucionalización de neófitas instancias de protección de derechos propias a su ámbito y competencia. Como había indicado en los primeros párrafos, quienes de alguna forma trabajamos en la construcción y articulación de un sistema efectivo, integral e integrador de protección de derechos, fuimos testigos enmudecidos de cómo se fue desarticulando éste sistema. Recordemos que con el Código de la Niñez y Adolescencia se creó una instancia de protección de derechos denominado “Juntas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia” en los ámbitos territoriales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, los cuales se vieron inundados de casos de violentación de derechos en el Sistema Educativo, ante esto y en el afán de resguardar “el prestigio y buen nombre” del mismo, a través de la nueva ley de educación, el Ministerio de Educación crea su propia instancia de protección de derechos denominadas “Juntas Distritales de Resolución de Conflictos”, bajo su jurisdicción y “control”.

    Pero ¿Quiénes conforman estas Juntas Distritales?, el artículo 65 de LOEI, indica que la conforman de manera interdisciplinaria “tres profesionales que serán nombrados directamente por la autoridad competente: el Director Distrital, el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica.” Y en el artículo 342 numeral 3 se manifiesta que en casos de vulnerabilidad de derechos y en “casos de conducta moral reñida con su función (docente o administrativa), o en casos de violencia sexual y como medida de protección, se debe suspender temporalmente de sus funciones, (…) a dicho funcionario/a en tanto dure la investigación y el sumario administrativo correspondiente;”

    Estas “Juntas Distritales” son nombradas por la autoridad y para ocupar esos puestos no necesitan o no se ha reglamentado un procedimiento que asegure sino la imparcialidad, por lo menos la neutralidad en el tratamiento de los casos tratados; a diferencia de las juntas distritales, la conformación de las “Juntas de Protección de Derechos”, se realiza por mandato del código de la niñez, mediante concursos públicos exigentes en experiencia y profesionalidad en el ámbito de los derechos humanos. He desarrollado una búsqueda en línea de los casos tratados y resueltos por estas Juntas Distritales y con pesar compruebo que las pocas resoluciones encontradas hacen referencia a procesos exculpatorios de los docentes y sancionadores a los dicentes (estudiantes). En cuanto a los procesos obligatorios de “Rendición de Cuentas”, estas instancias no lo realizan y es a través de las rendiciones de cuentas de los Distritos, en el mejor de los casos, que se hacen públicos solamente el número de casos tratados, sin un desglose de qué casos y con qué resoluciones concluyeron.

    Por otro lado, el Estado y particularmente el Ministerio de Educación ha incurrido en faltas graves de violentación de la norma constitucional en los artículos 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes (…) quienes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. (…)”. Articulo 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (…), numeral 4.- “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.” Articulo 341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, (…). La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, (…) siendo el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual se guiara por los principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.” Finalmente, el articulo 347 en su numeral 6, responsabiliza al Estado de la erradicación de “todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes”

    En cuanto a la violentación de la LOEI, se puede citar los artículos 3, 6 y 7, que definen los fines de la educación, las obligaciones del Estado y los derechos de los estudiantes en los que prevalecen la protección de la violencia sexual y la negligencia “que permita o provoque tales situaciones”. En todo caso y por decir lo menos, el Estado y el Ministerio de Educación han sido negligentes, por lo que urge un proceso de reestructuración y reingeniería no solo institucional, sino también legal, curricular y pedagógica integral a fin de darle espíritu de derechos a las infraestructuras construidas.

    Ante estas graves negligencias en estos días el Ministerio de Educación hace público el acuerdo ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A, publicado en el Registro Oficial N° 46 de Viernes 28 de julio de 2017, en el cual expide el “Instructivo de actuación, para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual cometidas o detectadas en los establecimientos del sistema educativo nacional y los procesos para la investigación y sanción”, el cual tiene por objeto “regular los procedimientos para la prevención, atención y acompañamiento a los/las niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas que se vean afectados por infracciones de tipo sexual;” ampliando la gama de infracciones a todas las definidas desde el articulo 151 al 175 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Cabe resaltar que en los considerandos de este instructivo no se contempla el artículo 11 de la norma constitucional que define los principios de subsidiaridad y justiciabidad ante amenaza y violentación de los derechos en los numerales del 3 al 6.

    Continuando con el análisis del instructivo, es grave también que el artículo 11 del mismo, sobre las medidas preventivas, en el literal c, se plantee la reubicación “provisionalmente del denunciado en otra dependencia administrativa;” trasladando así la situación de riesgo. La disposición general única y la transitoria segunda, también requieren de explicaciones por parte de la autoridad, actual como anterior, del Ministerio de Educación, dado que la primera hace referencia a poner en vigencia “los Protocolos de Actuación frente a situaciones de Violencia, elaborado por la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación,” y la segunda dispone la realización de “actividades de capacitación y socialización de este Acuerdo Ministerial y de los Protocolos de Actuación frente a situaciones de Violencia, vigentes a partir de esta fecha.” Las precisiones deben estar encaminadas a explicar si los “Protocolos de actuación frente a hechos de violencia y/o violencia sexual ocurridos o detectados en el ámbito educativo” publicado en el 2014, estaban o no vigentes y por ende eran de obligatorio cumplimiento para las unidades educativas. Y si los nuevos “Protocolos de actuación frente a SITUACIONES DE VIOLENCIA detectadas o cometidas en el sistema educativo” derogan los anteriores del 2014. Ya que si se hace un análisis de ambos, el protocolo 2014, SÍ, contempla de manera explícita una “ruta frente a hechos de violencia ejercida por funcionarios/as de la institución educativa en contra de niños, niñas y adolescentes” que es el problema más recurrente y grave, en tanto que el protocolo 2017 lo enuncia y lo diluye entre la violencia intrafamiliar e institucional, volviendo nuevamente a proteger e invisibilizar la violencia sexual del personal administrativo y docente ejercida contra los estudiantes. (https://app.box.com/s/q8ibl12sn4bmtlf5g8xmgmkaelddp1ih )

    Finalmente y como corolario, se concluye que la violentación de los derechos humanos y ciudadanos están inmersos y encarnados en el Sistema Educativo, y que tanto las autoridades políticas como administrativas, actuales y anteriores, han incurrido en faltas graves a la norma constitucional y la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. Así mismo los funcionarios y servidores públicos de las instancias educativas han violentado por ignorancia o mala fe los principios básicos de las garantías constitucionales de subsidiaridad y justiciabilidad ante hechos violentarorios de los derechos humanos de los estudiantes, por lo que son responsables administrativa, civil y penalmente de los hechos de violentación sexual de centenares de niñas, niños y adolescentes en los establecimientos públicos y privados del país. Que urge una reforma integral e integradora de los sistemas de protección de derechos y del sistema de educación, así como la articulación prioritaria y urgente del sistema nacional de inclusión y equidad social. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que promueva una efectiva participación de los diversos actores de la comunidad educativa y la sociedad civil organizada y comunitaria en la gestión de todo el ciclo de la política educativa al amparo del artículo 100 de la norma constitucional. Que se regule, reestructure, profesionalice, especialice y controle desde la Judicatura las denominadas Juntas Distritales de Resolución de Conflictos en el Sistema Educativo. Que se reforme la Ley de Arbitraje y Mediación para fomentar, crear y regular el funcionamiento y operatividad de la mediación en los ámbitos comunitarios y educativos en todas las instituciones de educación; Que se reforme el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia sexual en el sistema educativo 2017; Que se declare política pública prioritaria la previsión, prevención y atención a todas las formas de violentación de derechos en el sistema educativo, con énfasis a la violencia sexual; Que se genere una prohibición normativa tácita y explícita que prohíba, a cualquier inculpado sentenciado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes trabajar o colaborar de manera paga o voluntaria en cualquier establecimiento o entidad pública, privada, urbana y/o rural en los cuales se interactúe con la niñez o adolescencia..

    Walter Fernández Ulloa Mg.

    walterfernandez@uti.edu.ec

    http://www.revistarupturas.com/de-la-indeferencia-a-la-ira-casos-de-abuso-sexual-en-el-sistema-educativo.html

     
  • walterfernandezulloa 12:48 el 27 September, 2017 Enlace permanente | Responder  

    DMQ, 26 de Septiembre de 2017

    Sr. Lcdo.
    Lenin Moreno
    Presidente Constitucional de la Republica
    En su despacho

    Estimado Sr. Presidente

    Considerando los enunciados de la norma constitucional que reza y manda en los artículos siguientes:
    Art. 95 “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
    La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.
    El 1er inciso del Art. 96 “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos”.
    Además recalcando que el diseño constitucional es garantista de derechos y que los mismos no son regresivos, y que la misma incorpora e inaugura el paradigma de la división en dos poderes, el ciudadano y el público, y que este último lo secciona en cinco funciones, hartamente conocidas y que de una de ellas forma parte la entidad denominada Consejo de Participación Ciudadana y control Social, CPCCS. Entidad que no ha cumplido con transparencia, eficiencia y eficacia sus competencias, en particular la de designar a las autoridades de control, y en especial la de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; y el de impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, como reza la norma constitucional en el art. 207. Hecho que la oposición al proceso originario e ideario de la “Revolución ciudadana” quiere endilgar a la institucionalidad y no a las personas que lamentablemente no estuvieron a la altura de las demandas de la ciudadanía y la urgencia de construir el contrapoder, o poder de equilibrio denominado poder ciudadano, quieren desaparecer para fortalecer un poder corporativista de interés alejados de la ciudadanía.

    El desaparecer a la institucionalidad del CPCCS, sería un retroceso constitucional y de derechos por cuanto violentaría la norma constitucional en el art. 1 párrafo segundo. “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.” El poder mencionado “poder ciudadano” está sustentado en el TÍTULO IV “PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER”, Capítulo primero “Participación en democracia”, Sección primera “Principios de la participación” art. 95.- que dispone “en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”
    En el marco del espíritu de mantener los preceptos constitucionales y los derechos ganados, ant la arremetida en contra de la entidad CPCCS y no directamente sobre los funcionarios que han llevado a poner en riesgo la institucionalidad de la participación ciudadana y eso poder equilibrador. Ciertamente es una urgencia la re institucionalidad de CPCCS para re democratizarla y transparentarla, lo que implicaría modificaciones a la institucionalidad que hasta ahora ha venido operando así como modificaciones en las formas, procesos, procedimientos y prácticas institucionales a través de las que se ha concretado el manejo de sus competencias más que nada por el alcance constitucional que se da a los derechos involucrados entre ellas, es decir la participación ciudadana en el mas amplio sentido, el control social, la designación de autoridades y la coordinación entre las diferentes entidades que conforman la denominada “Quinta función” de “Transparencia y Control Social”.
    Ante lo expuesto propongo las preguntas siguientes:

    ALTERNATIVA UNO
    ¿Está usted de acuerdo en cesar de sus funciones a todas las autoridades del actual pleno del CPCCS y todas las autoridades designadas por este, y que sean sustituidas por nuevas autoridades, en el marco de la norma constitucional de manera transitoria (provisional) y que en el plazo improrrogable de 12 meses se designe a las nuevas autoridades de todos los organismos y entidades de la función de transparencia, participación y control social, tal como lo dispone el mandato en el anexo 1?
    Anexo 1:
    1.- Deberá contemplar el procedimiento, para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección (conformados paritariamente por ciudadanos y por profesionales auspiciados por organizaciones (universidades, ong, org de trabajadores, etc) (reformas a la ley del CPCCS y de participación)
    2.- Coordinar con la comisión cívica anticorrupción la elaboración de un Plan Plurinacional de Lucha contra la Corrupción
    3.- Elaborar un Plan Plurinacional de Promoción e incentivo y fortalecimiento de la participación y construcción del Poder ciudadano
    4.- Elaborar un Plan Plurinacional de Promoción, impulso y establecimiento de mecanismos de Control social en todos los asuntos de interés público.

    ALTERNATIVA DOS
    ¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno del CPCCS por un Consejo de Transición, conformado por siete miembros elegidos, dos por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y cuatro por las Sociedad civil y ciudadanía, para que en el plazo improrrogable de 12 meses, ejerza las competencias del CPCCS y cumpla con el mandato que establece el anexo 1?
    Anexo 1:
    1.- Deberá contemplar el procedimiento, para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección (conformados paritariamente por ciudadanos y por profesionales auspiciados por organizaciones (universidades, ong, org de trabajadores, etc) (reformas a la ley del CPCCS y de participación)
    2.- Coordinar con la comisión cívica anticorrupción la elaboración de un Plan Plurinacional de Lucha contra la Corrupción
    3.- Elaborar un Plan Plurinacional de Promoción e incentivo y fortalecimiento de la participación y construcción del Poder ciudadano
    4.- Elaborar un Plan Plurinacional de Promoción, impulso y establecimiento de mecanismos de Control social en todos los asuntos de interés público.

    ALTERNATIVA TRES
    ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución y reformando las leyes pertinentes a fin de que el CPCCS no designe las autoridades de control y se lo realice como lo establece el anexo 1?
    Anexo 1:
    Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:
    «Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social y construcción del poder ciudadano en todos los asuntos de interés público.
    El Consejo se integrará por siete consejeras y consejeros principales y siete consejeras y consejeros suplentes. De entre los miembros principales se elegirá una Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por el tiempo que se extenderá a mitad del periodo.
    Previo un proceso amplio de participación ciudadana, la selección la hará de manera paritaria entre ciudadanos/as auto postulados y postulados por la Sociedad Civil (universidades, Ong, organizaciones de trabajadores, etc)
    La posesión la hará la Asamblea Nacional
    Art Innumerado: Selección y designación de las autoridades de control
    Para la selección y designación de las autoridades de control la función de participación, transparencia y control social convocara a la conformación de una comisión especializada conformada por 5 miembros, uno por la función ejecutiva, uno por la función legislativa, y tres por la ciudadanía y sociedad civil, con sus respectivos suplentes. El procedimiento se realizara por ley.

    Fraternalmente
    Ciudadano Walter Fernandez Ulloa
    C.C: 0911491496
    Mail: walter.postgrados@gmail.com

     
  • walterfernandezulloa 11:53 el 20 September, 2017 Enlace permanente | Responder
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    A LA CIUDADANÍA
    Ante la delicada situación política que vive el país, los Consejeros y Consejeras Suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, 2015-2020, abajo firmantes, expresamos lo siguiente:
    1. Deslindamos nuestra responsabilidad sobre las actuaciones de los miembros principales del actual CPCCS. Durante los años que se encuentran en funciones, no hemos actuado en sesión alguna del pleno del Consejo, ni participado en ninguna actividad.
    2. En ese marco, las cuestionadas designaciones de Contralor General y Fiscal General del Estado 2017, entre otras, así como el retraso en convocar y las irregularidades en el proceso de selección para la segunda renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, en marcha, son de absoluta responsabilidad de los titulares, de la misma manera que lo son por la nula acción para actuar frente a la rampante corrupción vivida en la última década.
    3. Manifestamos nuestro respaldo a una convocatoria a consulta popular acordada con los sectores sociales, que redemocratice e institucionalice al Estado, que deje sin efecto las enmiendas expedidas inconstitucionalmente en 2015; que otorgue independencia y autonomía a las Funciones del Estado; que dé por terminados los períodos de las autoridades de control y de los máximos organismos del Sistema Judicial, que garantice el control social y la participación para la transparencia y que conduzca a una gestión pública de respeto a la Constitución de la República del Ecuador y su marco jurídico garantista de derechos.
    4. Que se realice una auditoria forense, tanto informática como procedimental y de documentos del concurso que designo a las actuales autoridades del CPCCS y al mismo a todos los concursos realizados por las actuales autoridades de este consejo.
    5. Poner a disponibilidad de la ciudadanía y de la presidencia nuestras suplencias del CPCCS, en aras de brindar facilidades de reinstitucionalidad del Consejo de Participación y potenciar la articulación y construcción del poder ciudadano y el respeto de la norma constitucional.

     
  • walterfernandezulloa 11:25 el 17 September, 2017 Enlace permanente | Responder  

     
  • walterfernandezulloa 11:24 el 17 September, 2017 Enlace permanente | Responder  

     
  • walterfernandezulloa 11:13 el 1 September, 2017 Enlace permanente | Responder
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    Estimados *V Edicion Congreso online en español sobre Métodos apropiados de resolución de conflictos Mayo 2018.Integramente vía internet duración 1 semana con participacion en vivo o diferido.
    *Se podrá participar aportando trabajos sobre cualquier temática de resolución de conflictos, el tema central del evento sera MARC & Derechos Humanos.

    Lanza su evento del año próximo y estamos en la búsqueda de colaboradores adhonorem para:
    Evaluacion de trabajos
    Colaboradores de comunicación y difusion
    Traductores ingles español
    Líderes de foros de debate
    Presentadores de vídeo conferencias online

    Interesados escribir y enviar CV resumido a Elisavetsky@gmail.com con propuesta concreta de colaboración, o solicitando mayor información. Abrazos.

    E-Marc 2018 V Congreso Online sobre Métodos Apropiados de Resolución de Conflictos & Derechos Humanos se complace en anunciar el nuestro amigo Walter Fernandez Ulloa, quien lidera la Fundación Ecuatoriana Fenixe » Por la inclusion, tolerancia y xenofilia» ha aceptado integrar el comité académico del evento y nos envía el auspicio de su Institución.

    http://e-marc.net/

     
    • magfreddyortiznishihara 14:04 el 1 septiembre, 2017 Enlace permanente | Responder

      Estimado Walter saludos, te felicito por pertenecer al Comité Científico de emarc. Fui uno de los participantes en sus ediciones anteriores, solo que ahora, el amigo Alberto no me responde las comunicaciones que le envié y tal parece que todo ello se origino en el no respeto a mi libertad de expresión, al haber roto nuestro contacto, simplemente por comentar yo a favor del punto de vista palestino en un momento de crisis entre judíos y palestinos (de un enclave). Considero que ello es propio de cada uno, yo jamas le cuestione sus visiones pro israelíes y creo que todos debemos respetarnos como seres humanos en nuestras convicciones, ese precisamente es uno de los pilares de los DDHH. El respeto al pensamiento ajeno; así como a la diversidad y los puntos de vista diferenciados. No podemos caer en la dictadura de la imposición sobre el otro de mis puntos de vista religiosos o ideológicos y luego proceder a sancionarlo con la exclusión o expulsión del grupo, de una forma simplista. Cada uno tiene el derecho de simpatizar con lo que considere correcto.
      Hasta la Constitución actual de Israel elaborada por la gran Golda Meir y otros lideres del socialismo israelí, impulsan dicho respeto a la libertad de expresión. Por tales razones ajenas a mi voluntad, quizás no sea bien recibida mi petición de participación y colaboración. Un fuerte abrazo con un SHALOM y un SALEM de corazón abierto y sincero.

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  • walterfernandezulloa 01:27 el 4 May, 2017 Enlace permanente | Responder
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    SOBRE PROYECTO DE LEY SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL:

    Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
    Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentan limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
    La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación. Y esa fue la apuesta institucional más relevante e innovadora que recoge la Constitución del 2008 en la línea de construir una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan involucrarse de manera real en el direccionamiento del desarrollo nacional. El CPCCS declara como su misión que «promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a lo participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público: investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley», (CRE: Art.95). Pero el proyecto de ley presentado hace todo lo contrario.
    Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que nos convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
    En el marco teórico y académico de la participación, a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en los talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
    El sistema democrático inaugurado con la norma constitucional se plantea la distopía de un “democracia real” una “democracia participativa”, que deviene del fomento y promoción del poder ciudadano a través de procesos de participación directa como la deliberación, la opinión, la consulta, la toma de decisiones y espacios públicos. Para ello, también la norma constitucional propone la implementación de ciertos mecanismos como consulta previa, presupuestos participativos, iniciativas legislativas ciudadanas, entre otras. Más la pérdida de espacios o el poco interés de la ciudadanía en lo público, se contrapone al ideal democrático de un ciudadano activo, participativo y preocupado de la cosa pública, la corrupción o la seguridad esta venida a menos, y los pocos procesos que pudieran ser fortalecidos son menoscabados o reprimidos cuando levantan su voz de sospecha ante alguna situación inusual en el manejo de la cosa pública. Este papel que antes correspondía a la participación política y especialmente a la partidista se ha ido posicionando en los espacios de participación social y ciudadana, ante la falta de representación y actuación de los actores que hacen este tipo de participación.
    Cuando un espacio queda vacío, las leyes de la física instan a que estos sean ocupados, y es lo que ha sucedido con la participación política, que ha sido asumida de alguna u otra forma por los espacios de participación social y ciudadana. Por ello, urge la recreación no solo de los mecanismos de participación sino la contextualización y re categorización de la “participación”, develando con claridad sus alcances y motivaciones más allá de los diversos mecanismos propuestos en las normas y leyes.
    Entonces, recapitulando hasta ahora hemos identificado varios tipos de participación, la democrática, la política, la social y la ciudadana, que por cierto constan en la norma constitucional, pero indistintamente de ello, estas necesitan fomentarse a fin de ir creando el ansiado poder ciudadano, y para ello se necesita crear condiciones y no limitaciones. Es importante crear condiciones de seguridad, para que se manifieste la participación en sus ámbitos respectivos, familia, escuela, comunidad, sociedad, política, economía social, etc.; condiciones de espacio como parques, calles, instalaciones públicas, medios de comunicación, redes sociales, ágoras, teatrines, etc.; y, condiciones de tiempo como espacios de participación, convivencia y acción social en tiempos de escuela, de trabajo, de enfermedad, de familia, de gestión pública.
    Del proyecto de ley, se puede inferir que apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibirle al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, sino como un derecho, un principio y una responsabilidad ciudadana. Tal cual está planteado violentaría la estructura misma de la función de Transparencia y Control Social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Desconcentrada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
    Respetando el principio de la desconcentración la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país. Dado que la participación aún no se entiende o no hay el interés político de entenderlo en el amplio marco de reforma del Estado que entre otras cosas proyecta ubicar al ciudadano en el centro de los beneficios de “Buen Vivir” al amparo de una constitución que genera un Estado garante de derechos. La Constitución en el título IV, sobre “Participación y Organización del Poder” en lo relativo a los principios de la participación establece en el Art. 95. «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto o la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de lo democracia representativo, directa y comunitaria. Y he allí, el gran cuestionamiento al proyecto de ley, en vez de generar el protagonismo del ciudadano en la cosa pública, promueve el control y el protagonismo del Estado en las formas y mecanismos participación de los ciudadanos.
    La urgencia de redefiniciones es clara la participación, la transparencia y el control social son procesos en construcción que deben ser fortalecido con instrumentos y herramientas que contemplen la fiscalización del ejercicio pleno de derechos y no como hasta la fecha un mecanismo de conversatorio sobre gastos, actividades y cumplimiento de las mismas, sin prestar atención no solo al resultado, sino al ejercicio de los derechos de la población con la cual se estaba actuando.
    Así mismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadano, en el Titulo III, del Poder Ciudadano, Art. 29 habla de la participación y la construcción del poder ciudadano, diciendo: «El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social en todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior». De esto y de este mandato poco o nada de legisla a favor de los ciudadanos en miras de su articulación como poder y “contrapoder” de lo público.
    En la lógica constitucional no se crea un sistema nacional, ni se da rectoría al CPCCS sobre otras entidades de la Función de Transparencia y Control Social, o sobre instancias autónomas o dependientes de la función ejecutiva. Pero ¡claro! la ley no regula, ni controla y mucho menos crea herramientas para el cumplimiento y ejercicio efectivo del Art. 206 que manda:
    (…) los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de lo Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía: 3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; 4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias: 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.
    El CPCCS, se concibe como parte de un conjunto de instituciones que forman la función de transparencia y control social del Estado, y, debe formular lineamientos y políticas públicas de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la participación y control social. La ausencia de una acción dinámica de este espacio de coordinación que crea lo constitución es sin duda una de las causas de lo debilidad institucional que al verse imposibilitado de mecanismos coercitivos que doten de obligatoriedad a sus decisiones se convierte en meramente declarativo y no vinculante. Y aquí el craso error, estoy de acuerdo que el CPCCS es una instancia institucionalmente debilitada y no por la ausencia de participación de los ciudadanos sino por el poco control y coerción a las instancias de las otras funciones del Estado a fomentar y promover la participación en todos los ámbitos, dimensiones y espacios de la cosa pública. Tanto así, que las Instituciones del Gobierno Central no han sido objeto de la atención debida, contrariando la LOPC que en el art, 6 N°2 establece la “obligatoriedad de todas las instituciones públicas a formar ciudadanía, promover derechos, crear mecanismos y generar procesos de participación ciudadana que incidan en la gestión pública”. Por ello, también se hace imprescindible monitorear, acompañar y apoyar el fortalecimiento de estas instancias y sus obligaciones, en el ámbito de la participación y construcción del poder popular.
    En este sentido es grave que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación. Los marcos legales vigentes recogen de manera asistemática lo relativo a la participación ciudadana, las Asambleas locales Ciudadano, lo silla vacío, el Sistema Local de Participación Ciudadano de los GADs y el Consejo de Planificación, Consejos de Igualdad, entre otros. Todos estos mecanismos son importantes y deben dárseles herramientas ciudadanas de incidencia en la toma de decisiones de las autoridades, y manifestación plena del ejercicio del “poder ciudadano”, sin embargo, existe en todos ellos un carácter ambiguo que conlleva a la desmotivación manipulación final de las decisiones por parte de las autoridades que deberían fortalecer estos mecanismos. Si a una ley de participación para construir y fomentar el poder ciudadano no para controlarlo o limitarlo.
    Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, es decir la participación democrática en el territorio está supeditada al voluntarismo y la participación social, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial integradora a una voluntaria, temática y social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Se antepone “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
    Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
    De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano. Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano. Deberá apuntarse hacia una ley de incentivos de la participación a través de fondos concursables que cada entidad y empresa del Estado así como quienes brindan servicios públicos deberán presupuestar anualmente, las cuales deberían apuntalar los siguientes ejes: información y formación; organización y asociatividad; y, acciones colectivas y solidarias de interés público.
    Hace varios años, manifesté que el CPCCS sufría de varios vacíos y considero que hoy en día esos vacíos quieren trasladárselos a la ciudadanía a través de una norma crasa, entre esos vacíos los siguientes:
    Vaciamiento del discurso: Aún no logra entenderse a la participación como un proceso inmanente del ser humano, “entender la participación” como una cultura en construcción conlleva a entender al propio ser humano multidimensional, multiespacial, multitemporal, complejo y unitario que se manifiesta de manera diversa en ámbitos, espacios y tiempos. Para este vaciamiento lo ideal sería fomentar la participación democrática en lo territorial sin perder de vista la plurinacionalidad y la interculturalidad; la participación social en los ámbitos culturales, académicos, deportivos, etc. en lo organizacional y asociativo; la participación política que promueva procesos de reflexión de la relación Estado, Poder y ciudadanía y asegure representatividad; y, la participación ciudadana en el ámbito de la cosa pública, la gestión y cogestión de lo público; Esto desde una propuesta de ley de fomento de la participación custodiando los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
    Vaciamiento de Gestión: Repensar la Gestión Institucional como un todo en el marco constitucional y la ley, generando así un esquema de gestión institucional que considere los principios, valores y enfoques definidos en la norma, considerando la plurinacionalidad y la diversidad en lo homogéneo, e incorpore una multidinámica más que burocrática – ciudadana. Para ello lo idóneo es apoyar la construcción de una cultura de participación en el ámbito más dinámico, es decir las realidades territoriales y locales, potenciando el dialogo y la proposición con la propia ciudadanía, promoviendo estrategias, mecanismos, metodologías, recursos y herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para la promoción de la participación y el Control Social, y, la construcción progresiva del Poder Ciudadano.
    Vaciamiento de Coordinación inter e intra institucional: Promoviendo una dinamización conjunta de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, formulando políticas públicas conjuntas, sistémicas y articuladas en miras a la construcción del Poder Popular, la cultura participativa y la democracia radical, directa o real.
    Vaciamiento Legal: Una de las competencias del CPCCS es la proposición de normas y proyectos legales que viabilicen la participación y el control social y la construcción del Poder Popular, atribución poco o nada usada a la fecha, por lo que urge promover en conjunto con la ciudadanía un debate serio y sostenido de involucramiento del ciudadano en la preparación y proposición de elementos normativos potenciadores de la participación. Y por otro mediante la creación de instrumentos de normativa interna, resoluciones o lineamientos, promover procesos y procedimientos orientadores de la promoción, usos y aplicaciones de estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas más precisos para la implementación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y sistematización de los procesos de participación ciudadana y control social.
    Por lo expuesto no se ha centrado la atención puntualmente en la contraposición específica en tal o cual articulado del proyecto de ley y menos en evaluar o no la pertinencia de hacer un compendio de leyes o normas ya vigentes, respecto a la institucionalidad de la participación, sus instancias y sus mecanismos, sino que por recoger un análisis integral del cuerpo normativo el cual de por sí está lleno de falencias desde su titulación, hasta su proceso de construcción y su espíritu controlador y regular de la ciudadanía y las organizaciones como sujetos y actores de la participación y poco se construye en el ámbito de los actores públicos llamados a potenciarla, fomentarla y promoverla.

    Walter Fernandez Ulloa Mg.
    Consejero Suplente del CPCCS
    CC: 0911491496
    Movil: 0999178568
    Mail: ups.walter.fernandez@gmail.com
    Mayo 4 de 2017

     
    • Oswaldo Rodríguez 13:13 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos estimado Walter, coincidimos en tus argumentos, brillante exposición, concuerdo que tenemos que dialogar entre los diversos actores sociales y políticos y no con los que administran y gobiernan ya que interpretan que deben controlar la participación ciudadana para su propio uso y abuso, diluyendo los objetivos ciudadanos delineados en la Constitución del 2008 y que apoyamos en la consulta popular por ser un novedoso concepto de control al mandante que nos representa.
      Bravo felicitaciones, compartiré tus argumentos en los espacios que frecuento.

      Buena tarde

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  • walterfernandezulloa 10:07 el 28 April, 2017 Enlace permanente | Responder  

    CV actualizado al 2017
    abrazos
    CV Walter Fernandez Ulloa 2017

     
  • walterfernandezulloa 14:14 el 21 April, 2017 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , ,   

    Proyecto de Ley Organica que crea el sistema nacional de participacion ciudadana y control social

    proyecto codigo participacion-comentarios

     
    • oswaldo 20:08 el 28 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos Walter:
      Favor comenta sobre la información generada en la prensa, respecto de la facultad que podría dar esta ley para la conformación de entidades de vigilancia y control político de autoridades gubernamentales, señaladas como paramilitares.

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      • walterfernandezulloa 11:44 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

        mi estimado Oswaldo aun no me pasan ese proyecto de ley, me pasaron recien el de semillas que lo estoy leyendo, en cuanto al de seguridad ciudadana por lo que he visto en las redes sociales es legalizar lo que ya se viene haciendo, recuerda que se eliminaron los edecanes militares a las autoridades publicas y luego se reemplazo con policias, posterior a lo del 30S, tambien se les elimino y ahora se contrata persoanal rentado para la custodia de autoridades y vienes publicos, com edificios u oficinas, por eso se ve ahora en las netidades publicas guaradias privados y no policias

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    • Walter N. Fernandez Ulloa 14:20 el 27 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Sobre proyecto de Ley del Sistema de Participacion y Control social
      Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, sea ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
      Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentara limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
      La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación.
      Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que me convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
      En el marco teórico y académico de la participación a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en nuestros talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, es decir no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
      De manera general se puede inferir que el proyecto de ley apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibible claramente al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, y violentaría la estructura misma de la función de transparencia y control social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Descentralizada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
      Respetando el principio de la descentralización la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país.
      Lo otro que es rave también es que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que en lo personal junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación.
      Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial de una social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Es Decir que se antepongan “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
      Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
      De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano,
      Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano.
      NO se analiza el resto del articulado por considerarlo de por más indignante a la consciencia e inteligencia del ciudadano.
      Cesar Wilfrido Cardenas Ramirez, Aqui mis opiniones, lamentablemente por chequeo medico me es imposible viajar. abrazos Yo Walter Fernandez Ulloa
      dejo algunas pistas de algunos articulas escritos anteriormente en este tema:
      Proyecto de ley con comentarios:
      https://walterfernandezulloa.files.wordpress.com/…/proyecto…
      Estrategias de politicas publicas para la participacion: https://walterfernandezulloa.wordpress.com/estrategias-de-politica-publica-para-una-cultura-participativa/
      Modelo de analisis para construir una cultura particpativa:
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/modelo-de-analisis-para-la-construccion-de-una-cultura-participativa/
      REVISIÓN MODELO DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL «ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN»
      https://www.academia.edu/…/REVISIÓN_MODELO_DE_GESTIÓN_DEL_C…
      Conversatorio ordenanza que crea el sistema de participación distrital en el Municipio de Quito – Ecuador
      https://www.academia.edu/…/Conversatorio_ordenanza_que_crea…
      Reflexiones sobre participación, cultura y cultura participativa
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/reflexiones-sobre-participacion-cultura-y-cultura-participativa/
      Crisis de Ciudadanía, Participación y Estado.
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/crisis-de-ciudadania-participacion-y-estado/

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  • walterfernandezulloa 16:25 el 5 April, 2017 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: justicia, , , , ,   

    La revolución continua: Por una revolución más humana y verdaderamente ciudadana.

    Estimados y estimadas amigas:

    Para los que luchamos día a día, contra un sistema inequitativo y depredador, para los que esa lucha la hacemos a diario en el convivir de las realidades de nuestro pueblo y de nuestra gente, para los que sentimos el andar a pie, junto, por y con quienes nos necesitan en un momento determinado de sus vidas o de las nuestras, ciertamente el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, nos dejó muchas distopias y anhelos inconclusos de un buen vivir para todos y todas, y en ocasiones frustrados y marginados por no decir excluidos. Pero para quienes somos y hemos sido revolucionarios de toda la vida, de la vida toda, ciertamente esto no nos ha bajado la moral y las ganas del trabajo y caminar constante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, pues es parte de los principios que rigen nuestra existencia y no el afán de un cargo o función publica, puesto que lo que debemos hacer lo hacemos aunque debamos por hacerlo.
    Esos principios que nos rigen nos obligan a ser coherentes en nuestro accionar y pensar, por ello, pese a lo que pese, no compartiría, ni compartiré el grasso error histórico que muchos movimientos y organizaciones autodenominadas de izquierda o de tendencia «cristiana liberadora» cometieron al olvidar o dejar de lado esos principios por motivos de odio y no de clase. Ciertamente durante estos últimos 10 años se ha hecho discursos y apologías de una denominada «izquierda infantil», este 2Abril se ratificó y los apelativos se volvieron una miserable realidad, en la primo los interés de grupos y personas y no la convicción de clase y transformación de las realidades inequitativas en base al dialogo. Quienes se aliaron al capital bancario perdieron y perdieron no solo una elección, perdieron principios de vida y el respeto no solo propio sino el respecto de quienes -a la final como uno- insignificante, pero grande en el quehacer de una sociedad solidaria y justa desde lo comunitario y familiar.
    El camino esta trazado, duela a quienes duela, y mucho más al capital inhumano, Lenin Moreno es el nuevo presidente de los ecuatorianos, lo cual a más de una fortaleza de nuestros anhelos y luchas inscritas, con sangre y sudor de muchos caídos en el transcurso de la vida republicana, en la constitución del 2008, es también la oportunidad de restaurar el orden relacional del Estado y el ciudadano, de promover la construcción del verdadero poder ciudadano, en contrapeso del poder político, económico y mediático.
    Ciertamente son vientos de hacer correcciones en la forma de hacer política social, de hacer política económica, de hacer política tributaria, de hacer política de seguridad social, a través del dialogo social, de la implementación de una economía social y solidaria, autosustentable, endógena y soberana a gran escala, de generar un modelo tributario altamente eficiente y redistributivo en el cual quien más tiene más pague para generar equidad, de promover un modelo de seguridad social único, solidario y universal para todos y todas las ecuatorianas.
    Y finalmente una política integral de desarrollo y protección a cada ciudadano y ciudadana por ciclo de vida y condición particular, me refiero a la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto, adulto mayor, mujeres, glbtii, indígenas, montubios y afrodescendientes. Esa política integral a más de considerar el ciclo de vida y las condiciones particulares debe basarse en un modelo de intervención asociacionista que potencie el poder ciudadano a través de la familia, la comunidad y los gobiernos locales.

    El enemigo siempre estará rondando (el capital sobre el ser humano), además siempre vendrá acompañado de la ignorancia, la ambición y la falta de ética de los servidores públicos, pero eso no nos debe desmoralizar, ni coartar nuestra capacidad de construir nuevas utopías, nuevos retos y nuevas luchas a ser ganadas. Creo compartir los anhelos de quienes hemos luchado toda la vida, sin micrófono, ni sotana, ni capital, por un mundo mejor.
    Que la gracia acompañe a nuestro compañero presidente Lenin Moreno, dado que la historia le ha dado el reto más grande «retomar las luchas y conquistas planteadas en la constitución del 2008», y que su mirada se mantenga en quienes han vivido, comido y pisado el lodo del olvido, la injusticia, la inequidad y la falta de solidaridad entre unos y otros, y que juntos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, retomemos la cordura y empecemos a participar en la construción de ese mundo que nos merecemos de paz, justicia y equidad.
    Los revolucionarios verdaderos mientras dormimos mantenemos despierta la llama de la lucha, que no es solo nuestra sino de millones que aún no han perdido lo único que el capital inhumano no nos puede quitar la fe y la esperanza de días mejores.

    Hasta la victoria siempre!!!!

    Yo Walter Fernandez Ulloa
    CC: 09-1149149-6

     
    • Oswaldo Rodríguez 10:09 el 10 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Hola Walter leí los comentarios de otros suscriptores y sin decir que coincidimos, preocupa que recalquemos en las inequidades, cuando el primer problema es la pobreza, pobreza en todo orden , incluso concluyendo en la espiritual cuando nos sentimos impotentes de hacer sentir y conocer a los gobernantes de ésta triste realidad, yo creeré en esta seudo revolución cuando vea un ministro indígena, un general indígena y hasta un arzobispo indígena, caso contrario diría ya no me defiendas compadre, no te tomes mi nombre porque seguimos culturalmente como cuando recién llegaron ustedes señores patrones conquistadores españoles doctrineros, y esto nada tiene que ver que primero está el hombre y luego el capital, porque los dos nos apostaron y aplastaran. Quisiera que vengan mejores tiempos con visiones que rompan los desniveles culturales ahí empezaré a creer que se inició la verdadera revolución, caso contrario, electoreros en busca de fama y fortuna. Buen día

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    • Mariana Delgado 11:23 el 6 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      El tener una visión con cimientos de conciencia social en cuanto se refiere a lograr tener una igualdad entre los seres humanos que el capital no esté por encima de los que menos tienen y que la riqueza cultural, minera y otros cientos de recursos naturales que posee nuestro querido Ecuador no sean pocos los beneficiados sino que los dueños somos todo el pueblo Ecuatoriano, estas organizaciones que cuando era joven me hacían soñar que la transformación viene de los líderes con grandes ideales se llenaban la boca de Marx y Lenín estos que ahora los vemos que han envejecido y que son los mismos de antes ahora en los actuales momentos que vive nuestra Patria se han vendido por sus intereses personales dejando aun lado todo lo que tenían en su mente y en su corazón, quedan al descubierto cuanto engaño y cuanta falsedad los ha llenado no solo ahora sino creo que ha sido de siempre ahora sus ideales ellos los han pisoteado no valorando su convicción, que se convierte en una burla para el Pueblo Ecuatoriano se siente uno decepcionado como ahora se arrodillan a los que antes eran sus enemigos, la derecha recalcitrante ahora son uno solo no hay quien continúe manteniendo el pensamiento de Bolívar, de Martí y tantos otros héroes Latinoamericanos. Por eso comparto estimado Walter lo que tu opinas.

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    • Santiago P E 10:20 el 6 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Cada escenario de cambio es la oportunidad de transformar. Hemos caminado un importante trecho labrando un camino pero hace falta involucrar activamente a más actores, rediseñar modelos de participación y toma de decisiones donde el debate y los disensos construyan acuerdos. El Estado sin la sociedad civil no puede reconocerse y legitimarse como tal sin tomar en cuenta al ciudadano, al ser humano que de forma organizada lleno de diversidad e interculturalidad se constituye en el soberano. Sabiduría y compromiso con la transformación que siga construyendo la equidad e inclusión es lo que debemos esperar y exigir a quienes x elección van a liderar los próximos 4 años.

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      • walterfernandezulloa 11:00 el 6 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

        Tu ultima linea es cllave mi estimado santiago hay que exigir una verdadera inclusion revolucionaria de todos y todas las actoras y sujetos en pro de la construccion del poder ciudadano.

        abrazos

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    • Oswaldo Rodríguez 21:58 el 5 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos Walter , leí tu comentario lleno de ideales y fuera de ideologías, pones esperanzas en Lenin Moreno, y recalcas en el buen vivir; respetables comentarios, te invito a reflexionar en este tu espacio aspectos relativos a los estancamientos culturales en cuanto a la estigmatización nacida desde la conquista española y vigente o más vigente que nunca en este momento luego de 10 años de revolución, el estigma es de que mi origen y procedencia racial me Alejan de las oportunidades, o los aleja de las oportunidades, lo escuché a Lenin que va a profundizar la revolución quizá sea también en lo cultural para que seamos ciudadanos que respetemos orígenes, razas y formas de vida, sin inducir a imponer nuestras creencias y formas de vida cultural citadina; el buen vivir también se debe traducir en el respeto cultural y que no sea objeto de degradación y sometimiento; te comento que opté por ser político desde hace 37 años cuando viví y entendí lo que es convivir con las personas que llevaron ésta cruz por su raíz y procedencia, y la revolución no ha podido ver y dejar huella al respecto, oportunidad que tiene Lenin de redimir no sólo en la liberación económica sino humana en cuanto a respetar cultura origen raza u procedencia, que nos sintamos orgullosos de proceder de la Pachamama, y que fuimos una raza con conocimientos ancestrales con valores superiores y distintos a los conquistadores que buscaban oro e implantación doctrinal cristiana, cuando nosotros teníamos amor y respeto a la naturaleza, ubicación que debe ser reeditada, caso contrario simples electoreros en busca de fama y riqueza.

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      • walterfernandezulloa 23:15 el 5 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

        Completamente de acuerdo contigo mi estimado Oswaldo es tiempo de decisiones y acuerdos, es tiempo de di-alogo y encuentro entre diversos, es tiempo de repuntar la esperanza y creo muy en lo personal y en la profundidad de mi ser que ese tiempo es aqui y ahora, apuntemos a la constitución del poder ciudadano, del poder no por el poder sino del poder con autoridad etica y moral de reconocer y valorar las diferencias que nos son sinergicas, e indudablemente alli juega un papel preponderante la interculturalidad y la intergeneracionalidad .

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  • walterfernandezulloa 20:00 el 30 October, 2016 Enlace permanente | Responder  

    http://google120153f0233ec7ea.html

     
  • walterfernandezulloa 14:16 el 25 October, 2016 Enlace permanente | Responder  

    II SEMINARIO INTERNACIONAL ITINERANTE Y GRATUITO “Construcción de una nueva ciudadanía: Cultura de paz, medi ación y resolución alternativa de conflictos” 

    DMQ, 24 de Octubre de 2016

    De mi consideración y respeto:

    Para construir futuro,

    necesitamos revisualizar el pasado

    y proyectar con fe y alegría lo posible

    “un mundo en convivencia pacífica y justicia para todos y todas”.

    El observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana, nace en Ecuador como una iniciativa de CERECO- Argentina en asociación y coordinación con Entidades públicas y privadas de América y habla hispana. Cuenta con la adscripción de personas,
    organizaciones e instituciones interesadas en la promoción, defensa y construcción de una Cultura de Paz en la Región.

    Ante la emergencia de las realidades contemporáneas y compartiendo los ideales de paz hemos querido revitalizar estos sueños a través del evento:

    II SEMINARIO INTERNACIONAL ITINERANTE Y GRATUITO

    “Construcción de una nueva ciudadanía: Cultura de paz, mediación y resolución alternativa de conflictos”

    Usted puede sumar su apoyo a esta novedosa propuesta, a través de su participación y asistencia virtual y/o presencial, por lo que le invitamos que se registre gratuitamente en el enlace siguiente:

    https://goo.gl/forms/iBdmupBmjYtPEH3S2

    El evento busca:

    1.- Promover y favorecer el intercambio y reflexión entre activistas de paz, justicia y DD.HH. mediadores, practicantes, investigadores, estudiantes y actores sociales implicados en la gestión de los conflictos a nivel comunitario, local y nacional e internacional. Consolidando una red de profesionales promotores de la cultura de la Paz sin fronteras.

    2.- Promover la articulación de políticas públicas y acciones sociales a favor de una Cultura de Paz y Justicia a través del fortalecimiento de los Observatorios Internacionales de Paz y Seguridad Humana.

    El evento está destinado a la ciudadanía en general, estudiantes, profesionales de la Mediación y Conciliación, Trabajadores sociales, Abogados, Educadores y demás intervinientes en las relaciones sociales, comunitarias y familiares.

    Se contara con conferencistas y panelistas, como la embajadora de Paz de Argentina, y representantes de Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, México, España, Chile y Brasil, quienes actuarán junto a personalidades de renombre nacional e internacional. Las mismas que podrán ser presenciales o virtuales con participación en línea o video conferencia.

    Entre los temas tratarse están todos los campos Métodos Alternativos, Cultura de Paz y Justicia (con énfasis en la reforma penal y la incorporación de mediación como método alternativo a ella y la construcción de una nueva ciudadanía de paz y conciliación). Proponemos un enfoque comparativo basado en los temas siguientes:

    TEMA 1: Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para las comunidades

    TEMA 2: Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para las familias

    TEMA 3: Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para la escuela

    TEMA 4: Articulación del Observatorio Internacional de Paz, Seguridad Humana y derechos humanos en la construcción de una nueva ciudadanía con cultura de paz y mediación, sedes Ecuador, Argentina, Perú

    Agradeciendo de antemano su interés y compromiso con una “visión de futuro en paz y
    justicia para todos y todas”,

    INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

    E-mail: observatorio.paz.seguridadhumana

    ups.walter.fernandez

    Quito: Casa Pueblo Kitu Kara:

    Barrio La Floresta, calle Guipúzcoa E14-116 y Av. La Coruña

    Teléfonos: 593 – 2 – 222 5065 Móvil 593 – 0997022221

    Hilando sueños tejemos la vida

    Mg. Wálter Fernández Ulloa

    Director Observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana –Ecuador

    NOTA: La Programación y los horarios, conferencias y panelistas que han solicitado su participación, y el link para la participación en línea se enviara por el correo electrónico enviado en la ficha de registro.

    El evento se realizara en las siguientes sedes y ciudades para asistencia presencial:

    Perú, ciudad de Lima: Colegio de Abogados de Lima, .4 de noviembre, en horario de 8h00 a 19h00.

    Ecuador, ciudad de Quito Metropolitano, Universidad de Especialidades Turísticas ubicado en sector Cotocollao, calle Machala Oe6-160 entre José Carrión y Av. Occidental, 8 y 9 de noviembre. En horario de 9h00 a 18h00

    Ecuador, ciudad de Guayaquil Metropolitano, Por confirmarse en correos la dirección, 10 de noviembre. En horario de 9h00 a 12h00

    Luego de concluido el evento las conferencias y materiales facilitados por los conferencistas estará en línea por 15 días hábiles, a fin de que los participantes/as puedan acceder y realizar preguntas para la certificación virtual si lo requieren.

    Invitación Seminario Internacional Obs 2016 final.pdf

     
    • Margarita Sosa 11:37 el 16 noviembre, 2016 Enlace permanente | Responder

      Estimado Walter, lamentablemente me enteré tarde del seminario “Construcción de una nueva ciudadanía: Cultura de paz, mediación y resolución alternativa de conflictos”; sin embargo como mencionas en tu post que: «Luego de concluido el evento las conferencias y materiales facilitados por los conferencistas estará en línea por 15 días hábiles, a fin de que los participantes/as puedan acceder y realizar preguntas para la certificación virtual si lo requieren», solicito tu ayuda con el enlace de donde puedo encontrar esta información.
      Gracias y saludos cordiales
      Margarita Sosa

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