A LA CIUDADANÍA
Ante la delicada situación política que vive el país, los Consejeros y Consejeras Suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, 2015-2020, abajo firmantes, expresamos lo siguiente:
1. Deslindamos nuestra responsabilidad sobre las actuaciones de los miembros principales del actual CPCCS. Durante los años que se encuentran en funciones, no hemos actuado en sesión alguna del pleno del Consejo, ni participado en ninguna actividad.
2. En ese marco, las cuestionadas designaciones de Contralor General y Fiscal General del Estado 2017, entre otras, así como el retraso en convocar y las irregularidades en el proceso de selección para la segunda renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, en marcha, son de absoluta responsabilidad de los titulares, de la misma manera que lo son por la nula acción para actuar frente a la rampante corrupción vivida en la última década.
3. Manifestamos nuestro respaldo a una convocatoria a consulta popular acordada con los sectores sociales, que redemocratice e institucionalice al Estado, que deje sin efecto las enmiendas expedidas inconstitucionalmente en 2015; que otorgue independencia y autonomía a las Funciones del Estado; que dé por terminados los períodos de las autoridades de control y de los máximos organismos del Sistema Judicial, que garantice el control social y la participación para la transparencia y que conduzca a una gestión pública de respeto a la Constitución de la República del Ecuador y su marco jurídico garantista de derechos.
4. Que se realice una auditoria forense, tanto informática como procedimental y de documentos del concurso que designo a las actuales autoridades del CPCCS y al mismo a todos los concursos realizados por las actuales autoridades de este consejo.
5. Poner a disponibilidad de la ciudadanía y de la presidencia nuestras suplencias del CPCCS, en aras de brindar facilidades de reinstitucionalidad del Consejo de Participación y potenciar la articulación y construcción del poder ciudadano y el respeto de la norma constitucional.