La sociedad actual vive un proceso de acelerado cambio y transformación social, política y económica, lo que  ha afectado directa e indirectamente su estructura y la psique de los individuos. Este proceso de cambio ha generado un alto nivel de incertidumbre e inestabilidad en las relaciones de unos con otros,  nuevas formas de relacionamiento entre sociedades e individuos y viceversa.    Hablar de conflictos es hablar de las mediatizaciones en las relaciones humanas, que hoy por hoy rayan en la normalidad, llegándose incluso a definir el conflicto como un daño colateral al proceso de cambio.

Esto nos ha vuelto administradores del conflicto y en ocasiones, tutelares del mismo, con frecuencia identificamos la presencia de conflictos sociales, comunitarios y de determinados grupos de colectivos y planteamos la intervención desde una visión tutelar. Esta visión tutelar del conflicto nos conlleva a ignorar o por lo menos a desconocer las realidades y particularidades mismas de éste, relegando la intervención integral que apunta a un enfoque que considera los diversos cambios que quieren imponerse y el microcosmos que genera el desencuentro entre los individuos en una comunidad o sociedad.

Por ello se hace urgente la intervención a través de estrategias que permitan a estos individuos asumirse en la calidad de ciudadanos y copartícipes también de los cambios sociales, económicos o políticos en los cuales se encuentran inmersos.  Este es el marco referencial de la mediación comunitaria, que no abarca solamente la conflictividad en el lugar y tiempo determinado en que se produce, sino que genera una nueva forma de relacionamiento entre los sujetos, el colectivo y la sociedad afectada, imbricándoles a una forma de relacionamiento que contribuya y construya su ser y hacer ciudadanía y su participación en la realidad que les afecta, ¡el conflicto!, y sean quienes encuentren una solución consensuada y acordada en beneficio de su yo personal  y su yo comunitaria.

Ante este mundo de incertidumbres y cambios los jóvenes son los más afectados,  particularmente por su momento de transformación vital y psicológica, su proceso personal de cambio. Factores como “autoconcepto”, “autoestima”, “identidad” generan complejidad y conflictos de índole personal, social y comunitario que afecta el tipo de relaciones interpersonales que mantienen con sus grupos etarios y otros grupos, particularmente padres y comunidad inmediata, escuela o barrio. Sus sentimientos se encuentran determinados por sus estados de ánimo, incursiones y estados afectivos que se caracterizan fundamentalmente por simpatías, antipatías, aceptaciones, diferencias,  temores e inquietudes, lo que les lleva a percibir e interpretar la realidad de modo particular.

Así, el adolescente y el joven experimentan en la cotidianidad su propia forma de relacionarse y comportarse con el “otro” y su comunidad, lo que le puede llevar a generar un cierto nivel de conflictividad en esa interacción e  interrelación. Algunos de sus comportamientos más relevantes como la agresividad, violenta e indiferente, pueden provocar un deterioro en las relaciones con su comunidad inmediata.

Por lo expuesto no podemos desligar la intervención comunitaria de los adolescentes y jóvenes. Hablar de métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito comunitario, obliga entender la intervención como un fenómeno integral e integrador de dos situaciones, una problemática y otra conflictiva, esto nos lleva a reflexionar sobre la categorización de ambos conceptos.

El conflicto y el problema son categorías conceptuales tratados como sinónimos cuando intervenimos en el ámbito comunitario; en el encuentro de métodos alternativos para la solución de conflictos debemos trabajar, -mi particular punto de vista-, en el ámbito de la pre-visión; identificar y prever posibles problemas por los que cursan la comunidad y sus ciudadanos. Desde la intervención comunitaria pre-visoria diferenciamos la situación problemática que tiende fundamentalmente a ser un elemento objetivo presente en la cotidianidad en su proceso de relacionamiento.

Desde el enfoque de la Gestión del Desarrollo, categorizar los problemas es básico para pre-visualizar el conflicto, su presencia es objetiva y real, afectando de manera negativa las formas de vida y percepción de la cotidianidad en la comunidad. Hay que aclarar aquí que la presencia de una situación problemática no necesariamente genera inmediatamente un conflicto, pero va promoviendo una acumulación de sentires y sentimientos respecto a este, que  tarde o temprano iniciará un conflicto en la relación de unos con otros, o de estos con el estado o gobierno local.

El conflicto por su parte es un proceso posterior a la presencia del problema,  en éste  los sujetos toman partido para el mantenimiento o superación de la situación problemática, generando así una cierta dinámica de antagonismo y resistencia que se manifiesta en el tiempo y el espacio con fluctuante intensidad. Éste persistirá mientras la situación problemática esté presente, y en ocasiones puede persistir hasta después de desaparecido el problema, generando un fenómeno parecido al “miembro fantasma” <como ocurre en la medicina cuando a un paciente le es extirpado un órgano o miembro>.   Esto puede suceder cuando la comunidad ha aprendido a relacionarse a partir del conflicto.

Desde la experiencia personal y profesional, a más del acercamiento a los procesos de cambio y transformación social, he compartido en diversos espacios de trabajo con otros profesionales del ámbito educativo, académico y social, así como con el mundo judicial y jurídico, pudiendo junto a ellos analizar lo difícil que resulta intervenir en la problematización y conflictividad comunitaria y juvenil, no solo por los diversos ángulos y epistemes desde la cual cada uno observa y trata de intervenir, sino también por las urgencias políticas y técnicas en las que nos toca hacerlo.  Finalmente hemos comprobado que nuestras acciones han terminado en procesos administrativos y de parche que no necesariamente inciden a largo plazo en el desarrollo de la comunidad.

Sin embargo, se hace urgente el encuentro de estrategias que irrumpan en la comunidad, los jóvenes y los ciudadanos en el marco de los contextos de cambios, no solo sociales y políticos, sino también las transformaciones de los sujetos y actores en ciudadanía.  Se pretende dejar de administrar los problemas y conflictos para imbricar a su efectiva gestión y dar respuestas, sino a la totalidad de estos, si a su integralidad como comunidad y ciudadanos que exigen una convivencia pacífica y en desarrollo.  Por ello, las estrategias de gestionar métodos alternativos para la gestión de conflictos atraviesan, desde el ámbito comunitario, la definición de políticas púbicas y el ejercicio de los derechos y garantías ciudadanas.

¿Por qué políticas públicas y ejercicio de derechos?  -Fundamentalmente, o por lo menos en nuestro país, las comunidades más conflictivas donde la justicia parece estar ausente y se requiere la intervención urgente de medios alternativos para la solución de estas “conflictividades”, son aquellas en las que de alguna u otra forma hay exclusión- El mismo análisis podemos hacer coincidir entre los jóvenes y adolescentes, quienes habitan en comunidades con limitado acceso a la vivienda y servicios básicos, alejados de los servicios públicos y con altos índices de inestabilidad o temporalidad de empleo, concluyendo en abandono y exclusión del beneficio del ejercicio de sus derechos. Paradójicamente esta exclusión genera entre los pobladores de la comunidad una sensación de anonimato y resignación, por ende de des-ciudadanización, mayor conflictividad ante los problemas y des-asertivos mecanismos de relacionamiento e interrelación con sus etarios y otros miembros de la comunidad.

La conflictividad presente en nuestras comunidades, cuando no es atendida desde la precepción de la justicia por parte de los involucrados tenderá a generar violencia y consecuentemente un mayor grado de conflictividad social, por lo que desde el enfoque de políticas públicas es urgente mirar hacia adentro, Estado y sociedad en su conjunto, y reflexionar sobre nuestros accionares en la cotidianidad del relacionamiento social.  Esto indudablemente no tiene respuestas inmediatas, es un proceso lento de “empoderamiento” de la propia ciudadanía y de la cosa pública, es un proceso de readecuamiento cultural que modifique nuestros patrones clásicos, personales y colectivos de conducta y comportamiento.

El reto del nuevo paradigma de mediación en la resolución alternativa de conflictos a nivel comunitario, es la construcción de una convivencia pacífica, para lo cual se requiere alterar los entornos sociales cotidianos en los cuales se desenvuelven los pobladores de las comunidades.   Si no mediamos en la superación de la miserabilidad, la pobreza y exclusión en las que éstas se desarrollan, ninguna estrategia sería válida ni efectiva.   En conclusión ninguna intervención podría ser eficaz ni eficiente sino se apuesta al planteamiento de una intervención desde la política pública coordinada, intersectorial, intertemática e interdisciplinar con y desde la sociedad.

El planteamiento estratégico que se describe a continuación parte del supuesto de un nuevo Estado relacional consagrado en el marco constitucional de la República del Ecuador.

NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL

Aprobada la constitución de 2008, Ecuador ingresó a un nuevo modelo paradigmático de relación Estado Sociedad, Ciudadano y servidor público, un cambio transcendente y acelerado que los habitantes y ciudadanos aún no logran asimilar, coexistiendo visiones y concepciones tradicionales de un Estado caduco represivo y administrador con un nuevo modelo garantista, relacional y co-gestor del desarrollo.  Esta coexistencia ha generado un sinnúmero de conflictividades entre pobladores sobre  quienes nos toca decidir con qué paradigma  se debe intervenir.

Personalmente apunto al nuevo paradigma relacional y de consenso, el cual se encuentra en proceso de implementación, a través del cual se espera la construcción de un nuevo modelo de relacionamiento, de una nueva cultura ligada al “modelo democrático” que muchos actores políticos han denominado como democracia real o radical participativa. Lo que nos obliga a fomentar como estrategia de construcción y articulación, no solo constitucional sino éticamente, la incorporación ciudadana en todo lo público, tanto en la sociedad en su generalidad como en el Estado en su particularidad.

Al decir del Ec. Ricardo Patiño (2010), actual ministro de Relaciones Exteriores, sustentar la democracia “en el debate permanen­te, en el diálogo y, sobre todo, en un proceso donde los ciudadanos sean los gestores de su desarrollo. Esta democracia radical supone entonces la construcción de ciudadanía, es decir, sujetos de derecho que puedan ejercer el poder. Por lo tanto, fortalecer la democra­cia implica promover la participación, la organización y el desarrollo en todas sus formas (Sumak kawsay 2010).

Finalmente, otra línea dinámica que reconstituye la cultura de participación y convivencia pacífica es la noción de ciudadanía a través de la inclusión a la proximidad social, la vida familiar, comunitaria y local. En la articulación de ésta se puede identificar claramente tres agentes: 1.- La familia en una esfera semi privada ya que la violentación o amenaza de derechos la constituyen en asunto público; 2.- La comunitaria con dos vertientes institucionales públicas a través de la territorialidad comunitaria en sí misma, representadas por las organizaciones de base y/o entidades de atención y la escuela o centros educativos; 3.- y el Estado local o gobierno local.

Estos agentes de ciudadanía propiciarían la articulación y dinamización de la cultura de participación y convivencia pacífica que sustenta la nueva lógica estructural del Estado, potenciando la implementación de renovadas estrategias y mecanismos relacionales para el ejercicio de derechos.

Gráfico 1 Relaciones generadoras de convivencia pacífica

Solo y bajo la premisa de la existencia de una ciudadanía, constituida de sujetos conscientes y proactivos frente a sus derechos se posibilita una verdadera cultura de participación y convivencia pacífica, donde se refuerce lo asociativo como interés público y se definan nuevas estrategias de mediación y relacionamiento entre lo estatal y la sociedad civil. La clave, al decir de Jesús Ibáñez, está en que la ciudadanía imbrique su capacidad de decisión de alternativas por su capacidad de proposición y creación de nuevas alternativas a su realidad. (Ibáñez, J; 1990).

Desde esta perspectiva de ciudadanía, el análisis de los métodos alternativos de resolución de conflictos como parte de una cultura de participación y convivencia pacífica, implicaría un rol integrado e integrador del mediador en este nuevo proceso cultural y sus sistemas de significación desde lo relacional y propositivo. En una sociedad radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y experimentada como una actividad simbólica que permite dar libre cauce a la expresividad y capacidad de reflexión crítica de las personas. Una parte fundamental del valor de esta actividad radica en su capacidad de plasmar la especificidad social, cultural e histórica en la que se desenvuelve la vida social. (Senplades, 2010:42)

Circunstancialmente, estos elementos reflexivos deberían orientar hacia la comprensión de la cultura de participación y convivencia pacífica que se construye y constituye en el nuevo modelo de Estado, y al mismo, cuestionarnos si el Estado y la sociedad en su conjunto están construyéndola acorde con la nueva realidad constitucional

CULTURA DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA

La cultura en un sistema ciudadano, democrático y republicano, adquiere vital importancia en la demanda de participación de éste. De la experiencia se puede graficar tres tipos de estrategias para la intervención en conflictos comunitarios.

Gráfico 2 Estrategias para resolución de conflictos sociales y comunitarios

Las de tipo convencional, las que se centran en el ámbito jurídico de la demanda y denuncia del problema y/o el conflicto; las de tipo no convencional son aquellas apartadas en ciertos casos de la jurisprudencia; y los de tipo alternativo, que he llamado alter-z-activo, porque promueven el relacionamiento y encuentro de soluciones en interacción con el otro, es decir, entre las partes involucradas en el problema o conflicto, ejemplo de esto son la mediación, la conciliación y otras estrategias innovadoras como los consejos y comités de paz, y de convivencia pacífica.

Para la implementación de estrategias de tipo alter-z-activo creo necesario la elaboración de un pre-modelo de análisis, que expongo a continuación:

Gráfico 3  Pre-Modelo de análisis para la comprensión de la cultura participativa y convivencia pacífica:

Este modelo se sustenta bajo tres categorías conceptuales, que estructuran un Estado relacional; cultura, ciudadanía y participación.  Partiendo de éstas identificamos a los sujetos en relación y las dimensiones sobre las cuales construyen esta relación.

Nuestra hipótesis plantea que en el marco referencial de relacionamiento, estas dimensiones del sujeto han impedido el encuentro de alternativas de resolución de conflictos por elementos categoriales que, sin un trabajo interdisciplinario en las tres dimensiones, es difícil intervenirlo:

  • · La dimensión cognitiva le impide la percepción del problema y la comprensión del conflicto.
  • · La dimensión social le impide la re-y-conocer y actuar sobre los relacionamientos entre el problema y la conflictividad con su entorno focal y residual, y.
  • · La dimensión comunicativa le impide formarse e informarse sobre el problema, el o los conflictos y tomar iniciativas sobre los mismos.

Dimensión Cognitiva:

La conducta de los sujetos no se encuentra limitada a su expresividad externa, sino que contempla implícitamente un proceso interno (micro personal), una forma particular de conocer y aprender de la realidad y apropiársela. Por ende involucra una forma particular de organizar y relacionar la información de la realidad y construir sus propios conceptos y esquemas. Arbitrariamente a esta dimensión se le ha incorporado tres categorías relacionales que dan sentido al contexto social donde el sujeto interactúa.

Esta dimensión y la forma en que se relaciona con la realidad, promueve y transforma las particulares maneras en que el sujeto actúa de manera individual o colectiva en procesos sociales e institucionales. Se construye a partir de la vivencia pero se reconstituye a partir de la información y conocimientos que se transmiten a través de las tradiciones familiares y comunitarias y las diversas institucionalidades que atraviesan el proceso vital del individuo.  Sin pretender ingresar a un enfoque psicologista, es un proceso que permite a los individuos relacionar su yo interior, su vida privada y cotidiana con su contexto social y vida pública, fenómenos que se constituyen inmanentes del propio ser humano.

La cognición se atañe a las formas en que se construye el conocimiento. En consecuencia,  al decir de Schutz(1962), constituye una cuestión social, lo que se asume en el marco del paradigma de las representaciones sociales planteadas por Durkheim, que también es una paradigma asumido por la psicología social. Estas son formas complejas de intersección entre lo psicológico y lo social, siendo una manera particular de interpretar la realidad cotidiana  Al decir de Berger y Luckman, (1974), son el resultado de los contextos sociales en los que siente, existe y piensa la persona, en un proceso bidireccional en el cual la sociedad construye a la persona y este a la sociedad.

Así pensada, la sociedad y el individuo construyen sus racionalidades, afectos y valores que orientan las formas de sentir, pensar y vivir, expresándose la importancia que se da a lo simbólico como una forma de adueñarse y dominar la realidad circundante, la cual se limita a aquello que ha logrado asimilar.  Todo esto nos da una cierta comprensión del mundo con el que interrelacionamos, lo que nos manifiesta comportamentalmente con el mundo, reconocerlo y ser reconocidos, y aportar a la dinamización de cambio de sus contextos sociales.

Para Berger y Luckman, (1974), los sujetos en este fenómeno de construcción social comparten subjetividades, configurando significaciones e interpretaciones, lo que les permite concebir el mundo circundante como uno solo, es decir, de manera similar entre los sujetos que comparten el mismo contexto social; lo que es lo mismo, sentir y pensar la cotidianidad como una “realidad dada”, como una realidad verdadera y normal que le orientan a vivirla de un modo determinado.

Dimensión Social

En la dimensión social se han identificado tres categorías de análisis por su injerencia en los mecanismos relacionales de los sujetos con su contexto; estos son la familia, la comunidad y la sociedad. Estos articulan y ayudan a articular un proceso identitario entre el individuo y su contexto próximo, en cualquier etapa de la vida.

Ciertamente, la tradición rescata a la familia como núcleo articulador de la sociedad, pero más allá de ello, es innegable que todo proceso social y cultural se genera desde los niveles de relacionamiento del sujeto con ésta, puesto que ninguna persona está desligada completamente de esta estructura, sea esta natural o artificial.  En el modelo de análisis se procura identificar los elementos generadores de cultura de participación y convencía pacífica desde la categoría familia como elemento proximal más cercano e influyente en los sujetos, pero se conciben dos categorías complementarias como la Comunidad y la Sociedad como espacios de socialización que permiten entender la realidad y su dinámica.  La articulación de esta dimensión se inicia desde la infancia con la familia, pero se mantiene a lo largo de la historia vital de los sujetos en los diversos contextos institucionalizados por los que atraviesa.  Así la escuela y comunidad que promueven procesos de socialización mediante los cuales se incorporan normas y valores esenciales de participación colectiva y asociativa; y posteriormente la sociedad y, particularmente el Estado, promueven a través de procesos normativos, liderazgos, y la promoción de redes sociales, códigos simbólicos que le dan identidad y pertenencia, configurando las estructuras que construirán sus propias representaciones sociales respecto a la ciudadanía, participación, y cultura, lo que constituirán  pautas para una  cultura de participación y convivencia pacífica.   Ya sea por omisión u acción, la forma en que cada elemento se acerca y relaciona con el sujeto incide e influye en la forma de manifestación y comportamiento resolutivo de éste.

Dimensión Comunicativa

Cuando se hace análisis de la cultura no puede faltar la inferencia de la dimensión comunicativa y mediática, particularmente cuando se hace respecto a la construcción de la cultura de participación y convivencia pacífica, fundamentalmente por el alto nivel de repercusión e interacción de los medios en la formación de las representaciones sociales respecto a la violencia y los conflictos.  Por ello, no se puede dejar de lado esta dimensión cuando se analiza medios alternativos para la resolución de conflictos –MARC- comunitarios y juveniles, puesto que ayuda a identificar cómo, para qué y por qué se articulan estos en el discurso de los sujetos participativos.

Ésta se diferencia de la social, aunque se encuentra muy cercana y en ocasiones es considerada como una subdivisión. La dimensión comunicativa y los medios comunicativos formales o informales, respecto a los MARC y el sujeto, interactúan en la construcción de una cultura de participación y convivencia pacífica de éstos.

Los sujetos se construyen en la dinámica de interrelación, interacción e intervención a través de las diversas dimensionalidades cognitiva (construidas desde las subjetividades del sujeto con la sociedad y su contexto),  social (desde las subjetividades del sujeto con grupalidades, asociaciones e institucionalidades), y comunicativa (a partir de las subjetividades de consumo y producción a través de medios formales e informales de producción cultural).

A diferencia de la dimensión cognitiva, esta dimensión alude a una relación macro del sujeto con lo social, y en el marco de esta hipótesis se hace referencia particularmente a los medios de comunicación masivos, los grupos de resistencia y presión.

Gráfico 4: Dimensiones de Análisis

LÍNEAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

En el marco de la intervención comunitaria siguiendo la línea de análisis ¿Qué respuestas debemos dar ante la presencia de conflictividad o problemas socio familiares en una comunidad?

La identificación clara de los sujetos intervinientes es clave.  A nuestro saber serian tres sujetos, niños, jóvenes y adultos.  Catalogamos los escenarios de mayor conflictividad o los que presentan mayor grado de problematización y los ámbitos donde podrían encontrarse respuestas a estos, posteriormente definimos los mecanismos con los cuales se puede intervenir y su dimensión de relacionamiento con el “otro” y potenciamos los niveles de resolución de cada uno.

Lamentablemente en este último lustro nuestro país no ha potenciado mecanismos alternativos desde la estructura del Estado, aunque desde la sociedad civil se intenta desarrollar programas y proyectos con corte integral para abordar esta problemática y mejorar la convivencia en las comunidades. Ejemplo de ellos son las defensorías comunitarias; por parte del Estado se encuentran implementadas las juntas de protección y con la nueva ley de educación se espera la conformación de las juntas educativas de protección y el fortalecimiento de los centros de mediación en la educación, con la expectativa de que no se conviertan en  nuevas estructuras judicialistas, como lo que sucedió con las Juntas de Protección de Derechos hace casi una década.

En todo caso, es urgente para el logro de los objetivos propuestos de una intervención integral de resolución de conflictos a nivel comunitario, la implementación de cuatro líneas estratégicas desde el enfoque de políticas públicas, medidas de diferente índole, pero todas ellas necesariamente complementarias.

Gráfico 5  Líneas estrategias de intervención

1.- Líneas inclusivas

Para la definición de esta línea estratégica hay que considerar dos elementos, uno de convocatoria y otro de inversión financiera.

Para la primera hay que reconocer la emergencia de profesionalización y formación en el ámbito de la mediación, ésta debe de ser amplia y no centrarse solamente en la esfera de lo jurídico, es una demanda recurrente para la construcción de un Estado relacional, donde el mediador no sea solo el profesional judicial, sino que se incorpore a los ciudadanos indistintamente de su raíz profesional o académica. Si bien en nuestro medio se ha comenzado a producir los esfuerzos y recursos desde el Estado, aun son limitados.

En este proceso debe involucrarse no solo a los organismos no gubernamentales de la sociedad civil sino también a las organizaciones sociales y populares con vocación y compromiso “Social” con sus comunidades, brindándoles las herramientas necesarias para el ejercicio de las estrategias alternativas de resolución de conflictos, y por sobre todo promover estrategias de protección al ejercicio profesional y la valoración social y mediática de esta.

Por otro lado, la definición estatal de líneas presupuestarias y de recursos que promuevan entre los diversos actores sociales la incorporación de estos mecanismos en sus actividades y proyectos cotidianos de intervención comunitaria.

2.- Línea Normativa

Esta línea es fundamental para poder intervenir con metodologías alternativas para la resolución de conflictos, no solo comunitarios, sino de manera integral ante situaciones cotidianas conflictivas entre pobladores o ciudadanos.   Existen varias normativas y decretos que exigen por ejemplo la utilización de MARC en conflictos, pero las mismas no contemplan claramente los mecanismos ni los presupuestos para hacerlos viables.

Otro elemento, es la falta de actualización de las mismas  cotejándolas con los mandatos constitucionales vigentes y el modelo de Estado relacional que la norma máxima pretende construir. Para ello, es esencial la incorporación de los ciudadanos en la proposición de estas reformas normativas y la apertura de las entidades púbicas y los gobiernos locales a fin de adecuar sus normas y prácticas a este nuevo paradigma de la mediación, posibilitando y dando herramientas a los ciudadanos para su efectivo ejercicio.

3.- Políticas Públicas

El Estado relacional exige una intervención inmediata y urgente a una sociedad civil desestructurada e inactiva ante el cambio de paradigmas y la incidencia gubernamental y política coyuntural, promoviendo la implementación de redes sociales, nuevos procesos organizativos y asociativos con el enfoque constitucional y promoviendo una cultura de participación y convencía pacifica para la resolución de los conflictos sociales y comunitarios. Por ahora el manejo de las políticas sociales en este ámbito ha sido bomberil, es decir, intervenir sobre los incendios.

Otro tema importante, que si contempla el Plan Nacional del Buen Vivir, es la intervención territorial con un enfoque temático y sectorial para atender la realidad y problemática de la población, pero ha existido inoperancia -por no decir negligencia- en la implementación de estas en articulación con los actores sociales.

Solo si se logra consolidar desde la política pública redes y organizaciones fuertes se podrá manejar un escenario de previsión de conflicto desde los propios actores y sus realidades cotidianas, pero para ello, muchas de las instituciones públicas intervinientes deberán apropiarse del nuevo paradigma y comenzar a ver los conflictos con prácticas de cogestión con la comunidad y no solo como administradores, tutores o sancionadores de estos.

El reto en última instancia en la definición de políticas públicas está no solo en el cambio de paradigma de los ciudadanos y servidores púbicos, ni siquiera en el mejoramiento de algunos de los servicios públicos de manera desarticulada entre los diversos sectores del Estado, sino el resituar la construcción de una cultura de participación y convivencia pacífica como política prioritaria para mejorar las condiciones y situaciones de vida de los ciudadanos y potenciar su desarrollo endógeno y armónico para el Sumak Kawsay.

4.- Instrumentalización

Finalmente la instrumentalización en el diseño de procesos de profesionalización y formación reglada que dé acceso a los ciudadanos de las comunidades y no solo se centre esto en los ámbitos una titulación profesional, del ámbito jurídico o de cuarto nivel. Para los mediadores comunitarios se hace urgente la formación en contenidos para la resolución de sus conflictos cotidianos, contenidos que les sierva para abordar conflictos del diario vivir en la comunidad, que desarrollen sus habilidades y destrezas para la identificación de problemas, prevenir el conflicto y establecer relaciones de confianza y buen vivir en la comunidad.

Tanto desde la comunidad académica, como desde las organizaciones sociales, debemos transparentar y sistematizar nuestras experiencias y decir  exigir lo necesario y justo para la construcción el nuevo modelo de estado en gestión.  Hay mucho que decir y mucho que hacer planteándonos un proyecto conjunto de sociedad capaz de ejercer sus derechos y vivir el Sumak Kawsay para todos y todas.

En todo caso hay que tener presente que no podemos implementar estrategias, analizar o actuar sobre los problemas y conflictividades sociales y comunitarias a partir de los viejos paradigmas o esquemas del conflicto y pleito. Hay que adoptar los nuevos paradigmas de la reconciliación, la convivencia pacífica y la resolución alternativa de estos, hay que potenciar los niveles de relacionamiento entre los diversos sujetos y escenarios en los que operan, considerando sus temporo-espacialidades como ciudadanos o pobladores de una comunidad específica.

Continuando, las líneas estratégicas propuestas deben ser consideradas como elementos sistémicos, interactuantes para la implementación de un nuevo modelo de relacionamiento ciudadano, -una cultura de participación y convivencia pacífica-.  Por consiguiente y al mismo éstas también se convierten en pilares de un nuevo modelo de desarrollo para y desde el Estado.

 Gráfico 6 Pilares estratégicos

 CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES Y RIESGOS

 La promoción de medidas alternativas para la solución de conflictos de carácter socio comunitario supone una oportunidad para devolver al sujeto y ciudadano su dignidad y su capacidad para gestionar y resolver sus conflictos, y a la vez es una herramienta educativa que permite pre-visualizar los futuros conflictos con enfrentamientos que pudieran darse en la comunidad intervenida. Ofrece sin lugar a dudas un espacio para expresarse abiertamente aunque su expresión no resulte satisfactoria para alguna de las partes. La tarea nuestra como mediadores no es tomar partido sobre lo correcto o incorrecto de esta apreciaciones y expresiones, sino ayudar al sujeto a identificar y analizar sus posiciones contribuyendo a su desarrollo personal y social con la utilización y promoción de herramientas que le ayuden a superar sus paradigmas del conflicto, litigio y pleito.

La mediación comunitaria posibilita al ciudadano un espacio de encuentro donde la palabra es la herramienta fundamental, ésta  posibilita su armónico desarrollo tanto psíquico como social.  Es un espacio donde reduce la presión y se le ofrece la oportunidad de aprender a aceptar la existencia de problemas que le afectan y al mismo tiempo identificar posibles soluciones a los mismos para promover una convivencia pacífica y de gestión del conflicto.

Como mediadores debemos considerar fundamentalmente la promoción de una atmósfera relacional entre los diversos sujetos que intervienen en la comunidad.  Hay que tener en cuenta que nuestra tarea es esencialmente pre-visoria y persigue o debería perseguir la cohesión social del sujeto como ciudadano capaz de ejercer y exigir cumplimiento de sus derechos en un clima de convivencia pacífica, para que el proceso relacional entre él y los otros no se vea gravemente afectado.

A fin de institucionalizar la mediación comunitaria como una herramienta básica de intervención y gestión social, debe promoverse como una política pública el involucramiento de todas las instancias del estado desde el principio constitucional de la subsidiaridad y la justiciabilidad, imbricando en el pensamiento y accionar de todo servidor/a público/a el encuentro con metodologías que ayuden a pre-visualizar el conflicto ante la presencia de diversos problemas de carácter comunitario.   Ante esto, una realidad que nos ha afectado durante varios años ha sido la inoperancia de las instancias públicas en su capacidad de dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. En el marco de las políticas públicas esta insuficiencia institucional ha sido grave, lo que ha devenido en la incapacidad de la ciudadanía en la toma de decisiones no sólo sociales o políticas, sino en la incapacidad de respuesta a las conflictividades cotidianas que se le presentan.

La institucionalización de la mediación comunitaria atraviesa desde un enfoque de políticas públicas el enfrentamiento a las diversas formas de exclusión a los que están expuestos los ciudadanos en la vida comunitaria y particularmente los niños y jóvenes.  El reto actual de las Políticas públicas es construirse a partir de un enfoque integral, y al decirlo así, nos referimos a que asuman que su intervención está dirigida a hacer ciudadanas y ciudadanos en una territorialidad, en un tiempo y un espacio definido.  Por ello, el planteamiento de las políticas públicas prevé desplegarse desde una visión integral e integradora de las situaciones y condiciones en las que viven los sujetos a intervenir, respetando y de ser el caso readecuando percepciones y sentires respecto a la realidad que les afecta, las dimensional y tal vez, sobre las cuales ellos construyen o deberían reconstruir una cultura de convivencia pacífica.

La integralidad de las políticas públicas incluye no sólo las localidades del problema o del conflicto, sino los elementos residuales de su entorno.   Si bien la primacía de la intervención es el sujeto o los sujetos en conflictividad, la responsabilidad de intervenir en el contexto es focal y reside en el ámbito relacional y educativo o pedagógico que pueden tener los métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad.  Es decir, educar a todos los sujetos en identificar y potencializar sus mecanismos y estrategias de desarrollo social y personal -como ciudadanos- identificando los diversos problemas asociados al conflicto que pueden o podrían generar las otros conflictos subsiguientes luego de la intervención.

Las políticas públicas de intervención con métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad no son estrategias de instauración inmediata o de implementación por mandato, es importante que los gobernantes asuman la responsabilidad de iniciar y vincular a profesionales no sólo del ámbito jurídico, sino otras disciplinas y ciudadanos con vocación resolutoria de conflictos para incorporarlos en la articulación y construcción de este nuevo paradigma conciliador y pacífico en las comunidades en el marco del constitucional y la vivencia en Sumak Kausay.

Mejorar el contexto de desarrollo de los y las ciudadanas con un enfoque de pacificación o de convivencia pacífica, significa mejorar las condiciones de desarrollo integral incidiendo en la actitud que esta comunidad tendrá para con sus ciudadanos, para con la sociedad y sobre su capacidad de percibir los problemas, de prevenir los conflictos y sus predisposición a la resolución de estos en caso de presentarse.

 DMQ, 17 de Mayo de 2011