Los hechos acontecidos en los sectores “marginados” de la ciudad de Guayaquil, el absurdo 30 de Septiembre del presente, nos obliga a la reflexión de las manifestaciones de violencia, saqueos y vandalismo producidos como consecuencia; más allá de la manifestación de “Reivindicación de la Policía Nacional”, sonada de “Golpe de Estado” o conspiración de un “Magnicidio” que será registrado en la historia cuando se cuente con los elementos de juicio necesarios, habrá de reflexionarse sobre la profunda crisis de identidad y cohesión social del pueblo guayaquileño y expone el grado de exclusión de toda índole que viven los ciudadanos de estos sectores, una realidad poco visibilizada por las autoridades locales y nacionales.

Como señalan los medios de comunicación, el día mencionado se dieron situaciones de público y notorio conocimiento, particularmente en el sector de la Isla Trinitaria, los vecinos, vecinas y sus hijos e hijas cual “pirañas hambrientas”, arremetieron contra la propiedad privada en los alrededores de sus comunidades, locales comerciales de distinta índole fueron saqueados y literalmente vaciados durante todo el día, llevando no solo productos alimenticios, sino mercadería diversa como electrodomésticos, computadoras, y hasta perchas y sanitarios; en las imágenes presentadas por un canal televisivo local se podía observar que varios de los locales “asaltados” quedaron convertidos en canchones desolados de  cuatro paredes.

Este fenómeno clarifica la realidad de exclusión en la cual se encuentran prisioneros los ciudadanos y ciudadanas “marginadas” de Guayaquil, tras varias décadas de gobierno local neoliberal que con grandes infraestructuras no logran beneficiar a la totalidad de la ciudadanía, y denota su indiferencia ante las demandas, necesidades, resolución de conflictos y derechos de todas y todos los guayaquileños.   Solo como muestra un botón los índices más altos de violencia, desempleo y exclusión se encuentran en Guayaquil.  Por otro, la debilidad del Gobierno Central de realizar acuerdos y mediaciones tanto intra-gobierno, entre los diversos ministerios y colectivos progobierno, y el gobierno local para consensuar agendas de acciones concretas y proyectos emblemáticos que generen el desarrollo social y endógeno de la población.

Es claro que en estas décadas de gobierno local se ha destruido los tejidos sociales y las diversas formas de manifestación de la voz deliberante y participativa de la ciudadanía, ha precarizado a los sectores marginados que, hoy por hoy, no cuentan con referentes claros que les ayude en la lucha reivindicativa y menos de co-gestión de sus realidades violentatorias de sus derechos.  Sumando al párrafo anterior, la incapacidad del gobierno “estatal” de construir consensos y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de la localidad, esto en negrillas ante las manifestaciones verbales y normativas que se pretende para el control de las expresiones organizativas de la sociedad como ONG´s y Op´s, bajo el falso supuesto de complicidad ante la intentona de “Golpe de Estado”, lo que llevará aún más al debilitamiento del tejido social con indescifrables consecuencias para el proyecto político y constitucional del País.

Asfixiada como estaba la ciudadanía “marginada” de Guayaquil, ante la prepotencia local por un lado, y la ineficacia estatal por otra, sale a las calles a manifestar -no su descontento ante lo sucedido en la ciudad de Quito-, sino manifestar su deseo de apropiación de lo “publico”, de ese espacio que le ha sido privado, negado por antonomasia, dada la coyuntura de ausencia del imaginario de represión y control la “Policía Nacional”.   Aquí vemos como se fundió la noción de lo “publico” con lo “privado”, no existió en este momento, ningún referente de autoridad ni institución de lo público capaz de orientar a esta masa de ciudadanos desciudadanizados sin ley y ni orden, lo que alentó a los comportamientos “dañosos”, para sí y sus comunidades.     Y me refiero a dañoso, porque no logro y no debería concebirse ese comportamiento como delictivo, comportamiento que si se dio en algunos sectores de la ciudad y del país.

La mezcla de insatisfacción, temor, desesperanza y repiticencia de la frustración  en la cual han estado sumisos por décadas, conllevo a presentarse como una población sin ley ni orden, imperando la inseguridad no solo social, económica y política, sino también la inseguridad psíquica en cada uno de los participantes.   Esto es lo grave, ciertamente la conflictividad social académicamente ha estado ligada a la identificación de sujetos y actores sociales en luchas de reivindicación, en el caso de Guayaquil esto no fue percibido, el hecho se manifestó como una muchedumbre de ciudadanos sin identidad, sin proyecto social y ni político, lo que visualiza con enfoques prospectivos grandes riesgos de ruptura en la cohesión y vínculos sociales.

Ante este escenario, se vuelve urgente el encuentro de alternativas innovadoras y re-formuladoras de la realidad de los guayaquileños, si bien a los siguientes días de lo acontecido la policía declaraba la recuperación de casi el 80% de los bienes apropiados de manera inadecuada e ilegal por lo pobladores de estos sectores y que todo está volviendo a la “normalidad”, también lo es que para Guayaquil, ya nada sigue igual lo sucedido es la punta del ovillo de una crisis social postergada por años y que tarde que temprano podría desencadenar en una mecha que encendida por la miserabilidad y exclusión traería consecuencias mucho más graves que las vividas.  Para confrontar los escenarios más pesimistas las “autoridades” tanto locales como estatales deberán sentarse, no para definir mas líneas represivas y reguladoras del convivir ciudadano, más deberán hacerlo para afianzar los principios constitucionales de un Estado de Derechos y Justicia para todos y todas promoviendo la inclusión de los y las ciudadanas en la reestructuración de un modelo local de desarrollo económico, político y social endógeno, incluyente y tolerante.

¿Cuáles serian las tareas urgentes? Resignificar lo público y lo privado en el imaginario de la población,  y aquí cabría otra pregunta ¿Quiénes fueron el blanco de los saqueos y actividades vandálicas el 30 de Septiembre en el sector de la Isla  Trinitaria en Guayaquil?.

Hace varios meses, se presentó al debate la conformación de Comités Ciudadanos de Defensa de la Revolución desde la particularidad de los grupos progobierno estatal, en tanto el Gobierno local fortalecía sus comités locales de gestión, pero qué han hecho el Estado y el Gobierno local para apoyar y fortalecer los procesos asociacionistas propios de las comunidades son sus propias demandas y realidades, ¿Cómo los ha incorporado en la cosa pública?, ¿Cómo se han incorporado propuestas ya establecidas en el marco constitucional y la Ley de Participación, las asambleas barriales y comunitarias, los cabildos, los presupuestos participativos,  la silla vacía, entre otros?

Estas podrían significar la diferencia, como medio efectivo y afectivo de incidir e implicarse en la cosa pública y potenciar el accionar ciudadano informado y formado sobre sus derechos, necesidades, realidades y decidir sobre su gestión y actuación ante el Estado y el gobierno local.

Esto nos lleva a confrontar el tipo de políticas públicas locales y estales, junto a las políticas privadas del mercado, los saqueos no fueron significativamente dados entre los mismos moradores del sector sino en la avenida de frente, donde la opulencia y el mercado hacía gala de su poderío y riqueza, donde el común del ciudadano reflejaba su frustración y deseo al ejercicio  de sus derechos de trabajo y posesión de bienes materiales inalcanzables.  En este marco las políticas públicas locales y estatales deben generar espacios de revitalización de las capacidades y oportunidades del sujeto asociativo y solidario capaz de proveerse de los satisfactores básicos. Y por otro, las políticas privadas deben generar condiciones de accesibilidad, no solo al mercado de productos y de bienes individuales, sino generar estrategias de inclusión de los ciudadanos y ciudadanas de la propia comunidad en el empleo y apropiación endógena de su desarrollo para superar la marginación y la pobreza, incorporando estrategias políticas de responsabilidad y justicia social en su implementación en cualquier comunidad.  ¿Valdría aquí investigar cuantos de los empleados de las empresas saqueadas son colaboradores o empleados de la misma comunidad? ¿Cómo estas empresas han incidido en el desarrollo endógeno de las comunidades donde se han insertado?.

Lo sucedido en este septiembre absurdo nos debe iluminar más allá del hecho mismo, a encontrar luces para la definición de políticas tanto públicas como privadas, encaminadas al objetivo de erradicar las diversas formas de exclusión de la cual es presa la ciudadanía del común, la ciudadanía del cotidiano, la ciudadanía del excluido.

 

Mg. Walter Fernández Ulloa

CC: 0911491496