Ante el convencimiento del Sr. Presidente de la República, y las voces alzadas y clamor a favor de la “seguridad” ciudadana, el Ecuador parece haber acogido una política regresiva en el marco de derechos humanos de la niñez y adolescencia, si bien hace algunas semanas hablada de la necesidad de imbricar a un “Estado Relacional”, bajo el discurso de la seguridad ciudadana estamos ante la imposición de un “Estado Tutelar” en la relación con la ciudadanía.

Ahora el Estado pretende legislar sobre lo que está o no permitido a la ciudadanía, por ejemplo el caso del consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, sin sustento real sobre la problemática de criminalidad, ciertamente si este fuera el problema de fondo,  de la criminalidad, las sociedades modernas hubieran tomados hace tiempo esta medida tutelar.   Pero no es respecto a esto a lo que me referiré en estas cortas líneas.

Lo realmente preocupante, y en la lógica de un comportamiento tutelar del Estado, se discuten en estos días las reformas al código penal el cual denostadamente pretende dar continuidad a la corriente latinoamericana de la punibilidad adolescente, responsabilizando en un rasgamiento de vestiduras a los adolescentes del alto índice de criminalidad en la sociedad ecuatoriana, y en una medida paradójica de protección de los mismos se pretende penalizarlos a partir de los 16 años y recluirlos en nuestro “curado” sistema carcelario.    En el afán buen intencionado de “protegerlos” para que no sean victimas utilizados por el crimen organizado, ya que se juegan sanciones de hasta treinta años de prisión.

Este articulo pretende analizar y reflexionar sobre los riegos que tienen en vientos de «revolución», cuando en el 2008, se discutía la constitución pusimos reparos varias organizaciones y pronosticábamos que la puerta abierta del voto optativo a los 16 años es una buena escusa que sumada a la «percepción de inseguridad», generarían en los jóvenes y adolescentes el inicio de la punibilidad a estos en no más de 2 años, hoy 2010, a más de otras situaciones de vulnerabilidad como la explotación y el turismo sexual con esta población.  Por ello, en ese entonces se pidió que se incorporen mecanismos de protección a lo cual se dijo que era suficiente la institucionalidad del Consejo Nacional de la Niñez, hoy vemos que no es así.

Los puntos de vista a favor de esta medida consideran entre varios puntos a favor los siguientes:

En el marco constitucional de la no regresividad consideran progresivo que los adolescentes vayan asumiendo responsablemente sus derechos políticos, el de elegir, por lo cual poco a poco deberán ir asumiendo sus derechos políticos en su totalidad, esto amparado en el marco de la participación ciudadana del adolescente.

Otro matiz es el de la “percepción de inseguridad” que dan los adolescentes en las calles al común de la ciudadanía y su manipulación por parte de grupos delictivos organizados, ya que amparados en la inimputabilidad de los menores de edad son presa fácil de estos grupos a fin de convertirse en herramientas del delito.    El supuesto básico es que al penalizarse a los adolescentes estos “pensaran” dos veces, o quizás más en asociarse a estas redes que, pensando infantilmente, los dejaran de utilizar para fines criminales, ya que la sanción sería igual a la de los adultos.

También, se justifica la medida en la falta de ley que garantice la “seguridad” a los ciudadanos o la inaplicabilidad de las mismas por parte del sistema judicial, al mismo que manifiestan a viva voz que los “crímenes” o delitos cometidos por los adolescentes es alta, sin mostrar un estudio claro y  contundente sobre esta “realidad”.

Y por otro, hablando de la larga noche neoliberal, habrá que preguntarse si no estamos ante el amanecer de un nuevo orden neoliberal, al aplicarse las mismas medidas y estrategias que el sistema político anterior imponía a la clase desprotegida y sumida en el abandono.

Es claro mencionar que a voz populis desde el 2005 se venía hablando en los medios de comunicación y organismos académicos y sociales del surgimiento de escuelas de sicariato y criminalidad en los sectores de Bastión Popular y Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, particularmente desde que algún alcalde tubo la brillante idea de regenerar los espacio recreativos juveniles de estos sectores para convertirlos en mercados municipales.

Ante esta realidad inminente algunos se rasgan las vestiduras, a atinan a manifestar que el derecho a la participación de los adolescentes “no les da el derecho a robar, claro, ni asaltar o matar”, por ello la sociedad tiene que protegerles y protegerse de ellos.

Ciertamente nuestra legislación tiene inconsistencias de orden normativo, técnico y político, y permite muchas subjetividades en su interpretación y aplicación, pero esto tampoco justifica la violentación de los derechos de los adolescentes.    Ante esta posibilidad valen algunas apreciaciones:

La mayoría de edad en la época postcolonial se adquiría a partir de los 25 años, y por ley del Congreso en 1852 se permitía a los “menores” desde los 21 años asumir ciertas responsabilidades como el trabajo y el matrimonio, a partir de la ley del 23 de Octubre de 1985, se habilita a los menores huérfanos mayores de 18 años a ejercer responsabilidades civiles. A pesar de estas medidas de protección los hijos ilegítimos y huérfanos podían ser juzgados desde los 10 años, ante esta problemática en 1937 se redacta el proyecto del Código de Menores, el cual es aprobado en agosto del 38 y entre los considerando el Jefe Supremo de la República reflexiona “…el problema de la delincuencia infantil en el Ecuador no ha sido resuelta todavía, puesto que los niños que cometen faltas son enviados a las cárceles a adquirir vicios que no los han tenido…, siendo necesario tratar el problema desde los puntos de vista médico, pedagógico y jurídico… con el fin de arbitrar las medidas técnicas contra la delincuencia juvenil” (acuerdo 123, de 13 de diciembre de 1937).

En esencia no voy a referirme a la doctrina o pensamiento de la época respecto al adolescente, lo importante es rescatar el principio de la no regresividad en los considerando del código de esa época, refiriéndose a que el encarcelamiento de los adolescentes no resuelve el problema que nos atiende.   En tal caso, so pretexto de un medio derecho político adquirido no puede regresarse a una situación de vulnerabilidad de la integralidad de los derechos que emanan de la condición adolescente, puesto que por norma constitucional e internacional adscrita por el Estado Ecuatoriano no puede regresarse a instancias o prácticas anteriores a la cobertura de los derechos ya emanados.

El Dr. Jorge Zabala Baquerizo para 1982, consideraba que el menor de 14 años es responsable de sus actos y por ende desde esta edad deberían ser procesados penalmente, actualmente es preocupante esta corriente que está cogiendo cuerpo, tal cual se lo vivió como medidas que en su tiempo fueron tomadas, por gobiernos de facto, Chile y Argentina; pretender tomarlas en un proceso de “Revolución Ciudadana”, sería graso error que pretendería como trasfondo cual usanza de los gobiernos antes mencionados ser utilizaba para acallar la voz fresca y transparente de la juventud y adolescencia de la sociedad.  Regresar a la punibilidad de los adolescentes es regresar a la prehistoria de los derechos y afianzar un Estado farsante, intolerable y tutor de la vida del ciudadano.

Ante este mar de percepciones cual debería de ser el accionar del Estado y la sociedad “ciudadana”, considero algunas líneas de acción.

Si bien, el sistema penal y el sistema de reeducación de adolescentes tienen como objetivo “la re-incorporación” de los sujetos a la sociedad, es claro que esta misión no se ha cumplido en ninguno de los casos y solo ha llegado a perfilarse una visión privativa de la libertad, de encierro y alejamiento temporal del delincuente o infractor de la sociedad.   En tal caso el Estado debería hacer mea culpa sobre su accionar en los sistemas carcelarios penal y reeducativos, no solo en la política de inversión en infraestructura sino también en la política de rehabilitación y reincorporación de estos ciudadanos a la sociedad.   En el ámbito particular de adolescentes vale preguntarse cómo se encuentran las infraestructuras de los centros de reeducación, cuantos profesionales tienen, tanto en el área educativa, psicológica y de formación técnico profesional por cada adolescente recibido en estos.   Cuáles han sido las políticas de reincorporación a la familia y comunidad, como se está utilizando la estrategia de la corresponsabilidad y la cogestión de este sistema con la familia y la comunidad de los afectados. Hacer estudios objetivos de la realidad de estos centros en cuanto a su eficacia respecto a su misión, solicitar una rendición de cuentas a las organizaciones que con recursos del estado brindan atención a población vulnerable como niños y adolescentes de y en la calle, trabajadores, en abandono, etc. o ¿acaso esta no es población que se volverá caldo de cultivo para procesos posteriores de deterioro social?.

Diseñar y aplicar políticas preventivas y de atención primaria como en los casos de Bélgica y Chile con los programas “primera vez”, donde el Estado y la Sociedad incorporan al sistema de protección a los adolescentes que por primera vez son procesados por infracciones o delitos, ejerciendo la estrategia de la corresponsabilidad y cogestión en coordinación con la familia, la comunidad y organizaciones sociales cercanas a éste, ya que el problema real de la criminalidad, claro exceptuando las psicopatías, deviene en que la gran mayoría de adolescentes en nuestra sociedad viven en un submundo de carencias afectivas, económicas y sociales que afectan su percepción del mundo, la justicia, la equidad y la solidaridad, sin acceso a oportunidades, actividades recreativas y a un futuro que como revolucionarios ciudadanos quisiéramos tener y compartir con nuestros hijos.

Recluir por más años a los adolescentes no es una medida de protección ni para el adolescente ni para la sociedad, y pensar que incrementando penalidades o sanciones de hasta 30 años a estos va a disminuir su utilización para la criminalidad organizada, más que una irresponsabilidad es una jurisprudencia infantil y vana.

La percepción de apoyo a los adolescentes y jóvenes con historial de infracciones publicitado en los medios de comunicación, recuerdo hace poco en alguna de las comunidades que visito, un adolescente se me acerco luego de un taller de emprendimientos y me comento “…ya he visitado varias organizaciones del Estado para que me ayuden a poner un taller de arreglo de bicicletas, pero parece que para que te ayuden debes ser primero pandillero…”.   Acaso el Estado a través de las políticas gubernamentales no está enviando el mensaje equivocado.

Es claro que la ley, como casi siempre, pretende cumplirse desde el más débil, desde el más vulnerable el adolescente y porque no decirlo con claridad el adolescente en situación de pobreza y marginalidad, los que sin mayor esfuerzo serán “sujetados por el largo brazo de la ley”; y qué se hace con quienes les manipulan y utilizan para la realización de actos delictivos o criminales.  Ciertamente en esto juega un papel preponderante los medios de comunicación y la opinión pública y no es que se quiera a través de este artículo restar importancia a la muerte de cualquier ciudadano en manos de algún adolescente, pero si es importante que la ciudadanía, la sociedad y el Estado hagan mea culpa de una realidad que requiere de decisiones políticas contundentes de protección de la ciudadanía en un marco de derechos de cómo, cuándo y con quien tomar medidas, más allá de la simple reclusión o encarcelamiento de la problemática, obviamente el incremento de estas penas no ha incidido ni incide porcentualmente hablando en la disminución de los delitos.

Sincerémonos primeramente, antes de cometer tal aberración utilicemos las herramientas que la modernidad nos ha proporcionado, la mediación y la conciliación temprana es una de las herramientas claves para la salida de este atolladero llamada “inseguridad ciudadana” ¿el Estado ha implementado estas herramientas más allá de su declaratoria en las leyes?  ¿Cuántos centros de mediación de resolución alternativa de conflictos ha implementado el Estado, cuantos ha auspiciado desde un enfoque social y no judicial? ¿Qué ha hecho con la ley de mediación y su incorporación al imaginario de la ciudadanía para enfrentar los conflictos en la comunidad, en la escuela, en la familia?