Ecuador, como varios países latinoamericanos, se encuentra debatiendo y barajando “en aras de la seguridad ciudadana” la alternativa de incrementar las sanciones y trasladar al ámbito penal la responsabilidad de los adolescentes mayores de 14 años en conflictos con la ley.  Pensar en la posibilidad de que esta alternativa se apruebe conllevará a un mayor debate en las sociedades actuales sobre la “cuestión ética y los derechos humanos” imperantes en la postrimera del siglo XXI.

El dilema se presenta cuando ante el convencimiento que la “seguridad ciudadana” es una urgencia, muchas voces se alzan y claman -cual época de Barrabás- la crucifixión del inocente, y bajo el discurso de la democracia directa exigen se consulte al pueblo, como en el año cero,  cuando la masa era pueblo y los romanos ciudadanos.

El discurso de la pobreza y corrupción pasan a segundo plano. Los adolescentes son un peligro para una sociedad en transformación porque ellos mismos están en ese proceso como actores emergentes, como una población diabólicamente visibilizada en su amalgama cultural y potenciación del cambio y transformación social, sin embargo, enfrentados a una realidad que les observa, tutela y reprime.

-Lo preocupante es la ética del comportamiento tutelar del Estado-.  Se discute las reformas al código penal, el cual ha denostado dar continuidad a la corriente latinoamericana de la punibilidad adolescente, responsabilizando, en un rasgamiento de vestiduras, a los adolescentes del alto índice de criminalidad en la sociedad, y en una medida paradójica de protección a los mismos se pretende penalizarlos a partir de los 16 años y recluirlos en nuestro “curado” sistema carcelario en el afán bien intencionado de “protegerlos” para que no sean víctimas utilizables por el crimen organizado, ya que se juegan sanciones de prisión; con el inocente discernimiento de que el crimen organizado va a tener misericordia de ellos y va a dejar de utilizarlos en el cometimiento de actos ilícitos.

Habrá que preguntarse: ¿Estamos ante el amanecer de un nuevo orden ético en un Estado Constitucional Garantista, como lo es Ecuador, al aplicarse medidas y estrategias que el sistema político anterior imponía a la clase desprotegida y sumida en el abandono?
El Dr. Jorge Zabala Baquerizo para 1982, consideraba que el menor de 14 años es responsable de sus actos y por ende desde esta edad debería ser procesado penalmente.  Hoy es preocupante esta corriente que coge cuerpo.  Pretender tomarla en un proceso de “Construcción de Ciudadanía” sería craso error que ensayaría cual usanza de los gobiernos de facto, acallar la voz fresca y transparente de la juventud y adolescencia de la sociedad, regresar a la punibilidad de los adolescentes es regresar a la prehistoria de los derechos y afianzar un Estado tutelar de la vida del ciudadano.

El enfoque de estas políticas no es casual ni nuevo.  En América Latina viene desarrollándose desde hace varios años una corriente de punibilidad a los adolescentes como respuesta al enfoque de derechos y al ejercicio mismo de esos derechos; y en una medida paradójica de protección se plantean las políticas antes mencionadas.  Esta lógica se ve retroalimentada por los imaginarios de la gente común y alguno que otro intelectualoide o comunicador ideológicamente confundido.  A diario vemos y oímos cómo los y las docentes, madres y padres de familia se quejan constantemente ante la pérdida de autoridad ética, moral y humana que, a su parecer, el desarrollo de los derechos humanos y particularmente el de niños, niñas y adolescentes ha hecho a su ya débil “autoridad”.  Frases como “ya no puedo decirle nada porque me denuncia”, “su comportamiento es incontrolable y no puedo llamarle la atención”, “el estudiante ahora es más bravo que el maestro”, etc., son parte del imaginario diario de madres, padres y docentes.

Los puntos de vista a favor de esta medida tienen entre varias consideraciones las siguientes:

En el marco constitucional de la no regresividad consideran progresivo que los adolescentes vayan asumiendo responsablemente sus derechos políticos, v.g. En Ecuador los adolescentes cuentan con voto optativo, por lo cual deberán ir asumiendo sus derechos políticos en su totalidad, esto amparado en el marco de la participación ciudadana del adolescente.

Otro matiz es el de la “percepción de inseguridad” que dan los adolescentes en las calles al común de la ciudadanía y su manipulación por parte de grupos delictivos organizados que, amparados en la inimputabilidad, son fácilmente acogidos como herramientas del delito. El supuesto básico es que al penalizarse a los adolescentes estos “pensarán” dos veces, o quizás más, antes de asociarse a estas redes que, pensando infantilmente, los dejaran de utilizar para fines criminales, ya que la sanción penal podría ser igual a la de los adultos.

También, se justifica la medida en la falta de leyes que garanticen la “seguridad” a los ciudadanos o la inaplicabilidad de las mismas por parte del sistema judicial, al mismo que manifiestan a viva voz que el índice de “crímenes” o delitos cometidos por los adolescentes es alto, sin mostrar un estudio claro y  contundente sobre el tema.

Ante esta realidad inminente algunos se rasgan las vestiduras, atinan a manifestar que el derecho a la participación de los adolescentes “no les da el derecho a robar, claro, ni asaltar o matar”, por ello la sociedad tiene que protegerles y protegerse de ellos.

Ciertamente, nuestra legislación tiene inconsistencias de orden normativo, técnico y político, y permite muchas subjetividades en su interpretación y aplicación, pero esto tampoco justifica la violentación de los derechos de los adolescentes.

Ante este mar de percepciones, ¿cuál debería de ser el accionar del Estado y la sociedad “ciudadana”?  Consideremos algunas líneas de acción.

Si bien el sistema penal y el sistema de reeducación de adolescentes tienen como objetivo “la re-incorporación” de los sujetos a la sociedad, es claro que esta misión no se ha cumplido en ninguno de los casos y solo ha llegado a perfilarse una visión privativa de la libertad, de encierro y alejamiento temporal del “delincuente” o “infractor” de la sociedad.   En tal caso el Estado debería hacer mea culpa sobre su accionar en los sistemas carcelarios penal y reeducativos, no solo en la política de inversión en infraestructura sino también en la política de rehabilitación y reincorporación de estos ciudadanos a la sociedad.   Entonces es válido cuestionarse ¿cómo se encuentran las infraestructuras de los centros de reeducación?, ¿cuántos profesionales tienen, tanto en el área educativa, psicológica y de formación técnico profesional, por cada adolescente recibido en éstos?, ¿cuáles han sido las políticas de reincorporación a la familia y comunidad?, ¿cómo se está utilizando la estrategia de la corresponsabilidad y la cogestión de este sistema con la familia y la comunidad de los afectados?

Es urgente hacer estudios objetivos de la realidad de estos centros en cuanto a su eficacia respecto a su misión, solicitar una rendición de cuentas a las organizaciones que, con recursos del Estado, brindan atención a población vulnerable como niños y adolescentes de y en la calle, trabajadores, en abandono, etc. o ¿acaso esta no es población que se volverá caldo de cultivo para procesos posteriores de deterioro social?

El diseño y aplicación de políticas previsoras y de atención primaria como en los casos de países como Bélgica y Chile con los programas “primera vez”, donde el Estado y la sociedad incorporan al sistema de protección a los adolescentes que por primera vez son procesados por infracciones o delitos, ejerciendo la estrategia de la corresponsabilidad y cogestión en coordinación con la familia, la comunidad y organizaciones sociales cercanas a éste. Recluir por más años a los adolescentes no es una medida de protección ni para el adolescente ni para la sociedad, y pensar que incrementando penalidades o sanciones va a disminuir su utilización para la criminalidad organizada, más que una irresponsabilidad es una jurisprudencia infantil y vana.

Es claro que la ley, como casi siempre, pretende cumplirse desde el más débil, desde el más vulnerable, ¡el adolescente!, y por qué  no decirlo con claridad el adolescente en situación de pobreza y marginalidad, los que sin mayor esfuerzo serán “sujetados por el largo brazo de la ley”, y qué se hace con quienes les manipulan y utilizan para la realización de actos delictivos o criminales.  Ciertamente en esto juega un papel preponderante los medios de comunicación y la opinión pública y no es que se quiera a través de este artículo restar importancia a la muerte de cualquier ciudadano en manos de algún adolescente, pero si es importante que la ciudadanía, la sociedad y el Estado hagan mea culpa de una realidad que requiere de decisiones políticas contundentes de protección de la ciudadanía en un marco de derechos de cómo, cuándo y con quien tomar medidas, más allá de la simple reclusión o encarcelamiento de la problemática, obviamente el incremento de estas penas no ha incidido ni incide porcentualmente hablando en la disminución de los delitos.

Ante esta posibilidad valen algunas apreciaciones:

La mayoría de edad en la época postcolonial se adquiría a partir de los 25 años, y por ley del Congreso en 1852 se permitía a los “menores” desde los 21 años asumir ciertas responsabilidades como el trabajo y el matrimonio. A partir de la ley del 23 de Octubre de 1985, se habilita a los menores huérfanos mayores de 18 años a ejercer responsabilidades civiles. A pesar de estas medidas de protección, los hijos ilegítimos y huérfanos podían ser juzgados desde los 10 años. Ante esta problemática, en 1937 se redacta el proyecto del Código de Menores, el cual es aprobado en agosto del 1938 y entre los considerando, el Jefe Supremo de la República reflexiona “…el problema de la delincuencia infantil en el Ecuador no ha sido resuelta todavía, puesto que los niños que cometen faltas son enviados a las cárceles a adquirir vicios que no los han tenido…, siendo necesario tratar el problema desde los puntos de vista médico, pedagógico y jurídico… con el fin de arbitrar las medidas técnicas contra la delincuencia juvenil” (acuerdo 123, de 13 de diciembre de 1937).

En esencia no voy a referirme a la doctrina o pensamiento de la época respecto al adolescente, lo importante es rescatar el principio de la no regresividad en los considerando del código de esa época, reseñándose a que el encarcelamiento de los adolescentes no resuelve el problema que nos atiende. En tal caso, so pretexto de un medio derecho político adquirido no puede regresarse a una situación de vulnerabilidad de la integralidad de los derechos que emanan de la condición adolescente, puesto que por norma constitucional e internacional adscrita por el Estado Ecuatoriano, no puede regresarse a instancias o prácticas anteriores a la cobertura de los derechos ya emanados.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, la inimputabilidad parte no de su  condición para actuar ante la sociedad de manera justa o injusta, legal o ilegal, sino de la incapacidad del Estado para protegerlo y desarrollarlo en todo su potencial, por ende su incapacidad de responsabilizarlo de sus actos y la culpa, pues no tiene que ver con la infracción per se, sino con el sujeto autor de la infracción, en este caso el adolescente.  Pero esta inimputabilidad no excluye de la responsabilidad ante terceros tras el cometimiento de la infracción, lo que hay que tenerlo claro en las reformas penales.

Entonces el hecho no es penalizar al adolescente por la infracción sino protegerlo integralmente a fin de promover su desarrollo humano y social y la respuesta no es judicializarlo.   Debemos asumir nuestra responsabilidad social y política de cuestionarnos en la forma que hemos construido la autoridad, en nuestras familias, comunidades y gobiernos, la intolerancia, la soberbia y el déficit de dialogo tarde que temprano generan mal-trato y violencia.

¿Dónde está el régimen constitucional del “Buen Vivir” y la promoción de una cultura de paz y la previsión “de las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”? Está en la capacidad de innovación y retroalimentación con los y las ciudadanas, organizaciones y comunidades a las cuales hay que potenciar para la construcción de un Estado relacional de paz y convivencia armónica, capaz de generar procesos de diálogo, mediación, conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos; de políticas públicas donde el Estado y la Sociedad incorporen sistemas de protección integral para los adolescentes, dado que el problema real de la criminalidad, claro con sus excepciones, sobrevienen en una sociedad de carencias afectivas, económicas y sociales que afectan su percepción del mundo, la justicia, la equidad y la solidaridad, sin acceso a oportunidades, actividades recreativas y a un futuro que como ciudadanos quisiéramos tener y compartir con nuestros hijos e hijas.

Escrito por: Mg. Walter Fernandez Ulloa
Observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana – Ecuador
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