Meter mano en la justicia, no es una expresión adecuada para definir un proceso de transformación de la misma, pero la expresión chabacana y popular hizo mella en el imaginario del común de los pobladores y  “ciudadanos” de este país.   Aunque la esperanza aún no se llena de fe, se tiene un sueño renovado “una justicia justa y equitativa para todos y todas”, pero con limitada fe que ello se alcance en un corto tiempo y menos que sean unos pocos iluminados quienes darán respuesta a la desesperanza y el desencanto.

El Consejo de la Judicatura Transitorio, se encuentra empeñado en un cambio radical de la Justicia a través de cuatro ejes focales a saberse: el mejoramiento del talento humano, la optimización de la Infraestructura física, la modernización de la infraestructura tecnológica y por sobre todo el cambio del modelo de gestión de la justicia. Incidir en la universalización, optimización, eficiencia, eficacia, calidez e interculturalidad de la justicia, es y debe ser el eje central de este modelo, pero para ello, debe de trabajarse mucho y no solo entre los entendidos y eruditos de planificación y justicia, sino que debe generarse estrategias de participación y dialogo ciudadano de usuarios/as reales y potenciales del sistema,  que garanticen y apoyen la toma de decisiones en todo este proceso.  Los ciudadanos/as, la sociedad civil y sus organizaciones deben tratar de garantizar no solamente la transparencia del gasto en el transcurso de esta transformación, deben por sobretodo asumirse como actores en la defensa y garantía de la misma. Para ello el modelo de gestión debe contemplar herramientas y estrategias de vinculación ciudadana.

La herramientas del mapeo de alcance (sistema de monitoreo y evaluación que se focaliza en el cambio, la participación y cogestión de los involucrados/as), es útil en los procesos de rendición de cuentas, y en contextos y escenarios complejos donde interactúan múltiples actores, fuerzas e intereses en diversas las territorialidades.  Por ello, en el nuevo modelo de gestión se vuelve interesante la estrategia de distritalidad y territorialidad de la justicia ya que la acerca a dos principios fundamentales de la constitución, la justiciabilidad y la subsidiaridad.

El reto no deviene de la implementación de uno u otro modelo, el reto se encuentra en la definición clara de la justicia como una política de un Estado relacional con el poblador y ciudadano, del encuentro de estos en procesos de convivencia armónica, solidaria y equitativa, e involucra de entrada a todos los actores sociales.  Sería casi imposible pensar en una transformación real del sistema a pesar de los múltiples cambios que se realicen en infraestructura civil, tecnológica o de profesionalización que se dé al talento humano, si en conjunto no se elabora un índice de contenidos de ese modelo de gestión de justicia.   A mi parecer este índice debería contemplar como simientes los temas de participación, ejercicio de derechos, ciudadanía y convivencia pacífica como baluarte de una justicia que perdure, más allá de las personas que en este momento acertada o no se encuentran al frente de este proceso transformador.

Las oficinas, las computadoras y el personal nuevo no garantizan ni a mediano ni largo plazo la transformación de la justicia, si bien son herramientas y estrategias que pueden ayudar, siempre y cuando se encuentren asociadas al poder legítimo que representa el “pueblo”, y solo a través de su involucramiento se podrá dar aliento a ese cuerpo renovado.  Ciertamente el tiempo apremia y no va a cambiar el sistema judicial en 18 meses, pero el reto que se ha asumido trasciende el tiempo, por lo que urge que en este pequeño lapso se deje los simientes  indicados en el párrafo anterior, dado que la justicia no se construye solo en las cortes, se vivencia en la cotidianidad del relacionamiento con el otro sujeto de derechos, este modelo no será suficiente si no promueve el empoderamiento y la incidencia del  común del ciudadano y poblador informado e interesado en la problemática.   La justicia no es solamente un proceso estadístico de casos represados, es un proceso mucho más complejo que involucra la dignidad humana en su conjunto tanto de víctima como de victimario, de un ser humano con memoria e historia que debe ser atentamente escuchado y valorado.

Para este fin es clave la estrategia de implementación de distritos y territorialidades es desde estos espacios desde donde deberá, como reto y enfoque diferente, institucionalizarse no solo los mecanismos propios del sistema judicial y litigante, sino también incorporar a través de la lectura de sus realidades las experiencias alterativas de encuentro y vivencia con la cultura de paz y los métodos alternativos de resolución de controversias, importante para ello será el diseño de estrategias investigativas con los diversos actores que viven en lo cotidiano su relación con la justicia en esas territorialidades.   Dado que el reto más grave que afronta el sistema judicial es judicializar el conflicto e invertir ingentes recursos en promover una cultura litigante, lo que atenta y va contra corriente a los esfuerzos mundiales por construir una cultura de paz, que más allá de consumir los recursos del Estado, genera contradictoriamente disfuncionalidades en la aplicación de una justicia equitativa y verdaderamente justa.

La justicia y su nuevo modelo no pueden centrarse solo en la tarea de profesionalizar a los litigantes, sino verbigracia desdramatizar y evitar la injusticia acercando al poblador y ciudadano a una justicia más eficiente, eficaz y acorde a sus procesos culturales y realidades particulares, personales y comunitarias, des judicializando el conflicto y economizando la sobrecarga del sistema judicial.   He allí la esencia misma de la transformación de la justicia, ¡basta¡ de más centros de reclusión, juzgados y cortes; un sistema de justicia más eficiente no requiere de más policías, jueces, fiscales y abogados, requiere una ciudadanía activa, solidaria y comprometida con la causa del ejercicio de derechos, la seguridad humana y el control social para una vida digna en equidad, justicia y convivencia pacífica.

Escrito por: Mg. Walter Fernández Ulloa

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