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  • walterfernandezulloa 11:53 el 20 September, 2017 Enlace permanente | Responder
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    A LA CIUDADANÍA
    Ante la delicada situación política que vive el país, los Consejeros y Consejeras Suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, 2015-2020, abajo firmantes, expresamos lo siguiente:
    1. Deslindamos nuestra responsabilidad sobre las actuaciones de los miembros principales del actual CPCCS. Durante los años que se encuentran en funciones, no hemos actuado en sesión alguna del pleno del Consejo, ni participado en ninguna actividad.
    2. En ese marco, las cuestionadas designaciones de Contralor General y Fiscal General del Estado 2017, entre otras, así como el retraso en convocar y las irregularidades en el proceso de selección para la segunda renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, en marcha, son de absoluta responsabilidad de los titulares, de la misma manera que lo son por la nula acción para actuar frente a la rampante corrupción vivida en la última década.
    3. Manifestamos nuestro respaldo a una convocatoria a consulta popular acordada con los sectores sociales, que redemocratice e institucionalice al Estado, que deje sin efecto las enmiendas expedidas inconstitucionalmente en 2015; que otorgue independencia y autonomía a las Funciones del Estado; que dé por terminados los períodos de las autoridades de control y de los máximos organismos del Sistema Judicial, que garantice el control social y la participación para la transparencia y que conduzca a una gestión pública de respeto a la Constitución de la República del Ecuador y su marco jurídico garantista de derechos.
    4. Que se realice una auditoria forense, tanto informática como procedimental y de documentos del concurso que designo a las actuales autoridades del CPCCS y al mismo a todos los concursos realizados por las actuales autoridades de este consejo.
    5. Poner a disponibilidad de la ciudadanía y de la presidencia nuestras suplencias del CPCCS, en aras de brindar facilidades de reinstitucionalidad del Consejo de Participación y potenciar la articulación y construcción del poder ciudadano y el respeto de la norma constitucional.

     
  • walterfernandezulloa 01:27 el 4 May, 2017 Enlace permanente | Responder
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    SOBRE PROYECTO DE LEY SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL:

    Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
    Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentan limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
    La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación. Y esa fue la apuesta institucional más relevante e innovadora que recoge la Constitución del 2008 en la línea de construir una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan involucrarse de manera real en el direccionamiento del desarrollo nacional. El CPCCS declara como su misión que «promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a lo participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público: investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley», (CRE: Art.95). Pero el proyecto de ley presentado hace todo lo contrario.
    Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que nos convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
    En el marco teórico y académico de la participación, a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en los talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
    El sistema democrático inaugurado con la norma constitucional se plantea la distopía de un “democracia real” una “democracia participativa”, que deviene del fomento y promoción del poder ciudadano a través de procesos de participación directa como la deliberación, la opinión, la consulta, la toma de decisiones y espacios públicos. Para ello, también la norma constitucional propone la implementación de ciertos mecanismos como consulta previa, presupuestos participativos, iniciativas legislativas ciudadanas, entre otras. Más la pérdida de espacios o el poco interés de la ciudadanía en lo público, se contrapone al ideal democrático de un ciudadano activo, participativo y preocupado de la cosa pública, la corrupción o la seguridad esta venida a menos, y los pocos procesos que pudieran ser fortalecidos son menoscabados o reprimidos cuando levantan su voz de sospecha ante alguna situación inusual en el manejo de la cosa pública. Este papel que antes correspondía a la participación política y especialmente a la partidista se ha ido posicionando en los espacios de participación social y ciudadana, ante la falta de representación y actuación de los actores que hacen este tipo de participación.
    Cuando un espacio queda vacío, las leyes de la física instan a que estos sean ocupados, y es lo que ha sucedido con la participación política, que ha sido asumida de alguna u otra forma por los espacios de participación social y ciudadana. Por ello, urge la recreación no solo de los mecanismos de participación sino la contextualización y re categorización de la “participación”, develando con claridad sus alcances y motivaciones más allá de los diversos mecanismos propuestos en las normas y leyes.
    Entonces, recapitulando hasta ahora hemos identificado varios tipos de participación, la democrática, la política, la social y la ciudadana, que por cierto constan en la norma constitucional, pero indistintamente de ello, estas necesitan fomentarse a fin de ir creando el ansiado poder ciudadano, y para ello se necesita crear condiciones y no limitaciones. Es importante crear condiciones de seguridad, para que se manifieste la participación en sus ámbitos respectivos, familia, escuela, comunidad, sociedad, política, economía social, etc.; condiciones de espacio como parques, calles, instalaciones públicas, medios de comunicación, redes sociales, ágoras, teatrines, etc.; y, condiciones de tiempo como espacios de participación, convivencia y acción social en tiempos de escuela, de trabajo, de enfermedad, de familia, de gestión pública.
    Del proyecto de ley, se puede inferir que apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibirle al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, sino como un derecho, un principio y una responsabilidad ciudadana. Tal cual está planteado violentaría la estructura misma de la función de Transparencia y Control Social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Desconcentrada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
    Respetando el principio de la desconcentración la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país. Dado que la participación aún no se entiende o no hay el interés político de entenderlo en el amplio marco de reforma del Estado que entre otras cosas proyecta ubicar al ciudadano en el centro de los beneficios de “Buen Vivir” al amparo de una constitución que genera un Estado garante de derechos. La Constitución en el título IV, sobre “Participación y Organización del Poder” en lo relativo a los principios de la participación establece en el Art. 95. «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto o la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de lo democracia representativo, directa y comunitaria. Y he allí, el gran cuestionamiento al proyecto de ley, en vez de generar el protagonismo del ciudadano en la cosa pública, promueve el control y el protagonismo del Estado en las formas y mecanismos participación de los ciudadanos.
    La urgencia de redefiniciones es clara la participación, la transparencia y el control social son procesos en construcción que deben ser fortalecido con instrumentos y herramientas que contemplen la fiscalización del ejercicio pleno de derechos y no como hasta la fecha un mecanismo de conversatorio sobre gastos, actividades y cumplimiento de las mismas, sin prestar atención no solo al resultado, sino al ejercicio de los derechos de la población con la cual se estaba actuando.
    Así mismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadano, en el Titulo III, del Poder Ciudadano, Art. 29 habla de la participación y la construcción del poder ciudadano, diciendo: «El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social en todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior». De esto y de este mandato poco o nada de legisla a favor de los ciudadanos en miras de su articulación como poder y “contrapoder” de lo público.
    En la lógica constitucional no se crea un sistema nacional, ni se da rectoría al CPCCS sobre otras entidades de la Función de Transparencia y Control Social, o sobre instancias autónomas o dependientes de la función ejecutiva. Pero ¡claro! la ley no regula, ni controla y mucho menos crea herramientas para el cumplimiento y ejercicio efectivo del Art. 206 que manda:
    (…) los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de lo Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía: 3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; 4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias: 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.
    El CPCCS, se concibe como parte de un conjunto de instituciones que forman la función de transparencia y control social del Estado, y, debe formular lineamientos y políticas públicas de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la participación y control social. La ausencia de una acción dinámica de este espacio de coordinación que crea lo constitución es sin duda una de las causas de lo debilidad institucional que al verse imposibilitado de mecanismos coercitivos que doten de obligatoriedad a sus decisiones se convierte en meramente declarativo y no vinculante. Y aquí el craso error, estoy de acuerdo que el CPCCS es una instancia institucionalmente debilitada y no por la ausencia de participación de los ciudadanos sino por el poco control y coerción a las instancias de las otras funciones del Estado a fomentar y promover la participación en todos los ámbitos, dimensiones y espacios de la cosa pública. Tanto así, que las Instituciones del Gobierno Central no han sido objeto de la atención debida, contrariando la LOPC que en el art, 6 N°2 establece la “obligatoriedad de todas las instituciones públicas a formar ciudadanía, promover derechos, crear mecanismos y generar procesos de participación ciudadana que incidan en la gestión pública”. Por ello, también se hace imprescindible monitorear, acompañar y apoyar el fortalecimiento de estas instancias y sus obligaciones, en el ámbito de la participación y construcción del poder popular.
    En este sentido es grave que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación. Los marcos legales vigentes recogen de manera asistemática lo relativo a la participación ciudadana, las Asambleas locales Ciudadano, lo silla vacío, el Sistema Local de Participación Ciudadano de los GADs y el Consejo de Planificación, Consejos de Igualdad, entre otros. Todos estos mecanismos son importantes y deben dárseles herramientas ciudadanas de incidencia en la toma de decisiones de las autoridades, y manifestación plena del ejercicio del “poder ciudadano”, sin embargo, existe en todos ellos un carácter ambiguo que conlleva a la desmotivación manipulación final de las decisiones por parte de las autoridades que deberían fortalecer estos mecanismos. Si a una ley de participación para construir y fomentar el poder ciudadano no para controlarlo o limitarlo.
    Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, es decir la participación democrática en el territorio está supeditada al voluntarismo y la participación social, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial integradora a una voluntaria, temática y social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Se antepone “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
    Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
    De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano. Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano. Deberá apuntarse hacia una ley de incentivos de la participación a través de fondos concursables que cada entidad y empresa del Estado así como quienes brindan servicios públicos deberán presupuestar anualmente, las cuales deberían apuntalar los siguientes ejes: información y formación; organización y asociatividad; y, acciones colectivas y solidarias de interés público.
    Hace varios años, manifesté que el CPCCS sufría de varios vacíos y considero que hoy en día esos vacíos quieren trasladárselos a la ciudadanía a través de una norma crasa, entre esos vacíos los siguientes:
    Vaciamiento del discurso: Aún no logra entenderse a la participación como un proceso inmanente del ser humano, “entender la participación” como una cultura en construcción conlleva a entender al propio ser humano multidimensional, multiespacial, multitemporal, complejo y unitario que se manifiesta de manera diversa en ámbitos, espacios y tiempos. Para este vaciamiento lo ideal sería fomentar la participación democrática en lo territorial sin perder de vista la plurinacionalidad y la interculturalidad; la participación social en los ámbitos culturales, académicos, deportivos, etc. en lo organizacional y asociativo; la participación política que promueva procesos de reflexión de la relación Estado, Poder y ciudadanía y asegure representatividad; y, la participación ciudadana en el ámbito de la cosa pública, la gestión y cogestión de lo público; Esto desde una propuesta de ley de fomento de la participación custodiando los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
    Vaciamiento de Gestión: Repensar la Gestión Institucional como un todo en el marco constitucional y la ley, generando así un esquema de gestión institucional que considere los principios, valores y enfoques definidos en la norma, considerando la plurinacionalidad y la diversidad en lo homogéneo, e incorpore una multidinámica más que burocrática – ciudadana. Para ello lo idóneo es apoyar la construcción de una cultura de participación en el ámbito más dinámico, es decir las realidades territoriales y locales, potenciando el dialogo y la proposición con la propia ciudadanía, promoviendo estrategias, mecanismos, metodologías, recursos y herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para la promoción de la participación y el Control Social, y, la construcción progresiva del Poder Ciudadano.
    Vaciamiento de Coordinación inter e intra institucional: Promoviendo una dinamización conjunta de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, formulando políticas públicas conjuntas, sistémicas y articuladas en miras a la construcción del Poder Popular, la cultura participativa y la democracia radical, directa o real.
    Vaciamiento Legal: Una de las competencias del CPCCS es la proposición de normas y proyectos legales que viabilicen la participación y el control social y la construcción del Poder Popular, atribución poco o nada usada a la fecha, por lo que urge promover en conjunto con la ciudadanía un debate serio y sostenido de involucramiento del ciudadano en la preparación y proposición de elementos normativos potenciadores de la participación. Y por otro mediante la creación de instrumentos de normativa interna, resoluciones o lineamientos, promover procesos y procedimientos orientadores de la promoción, usos y aplicaciones de estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas más precisos para la implementación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y sistematización de los procesos de participación ciudadana y control social.
    Por lo expuesto no se ha centrado la atención puntualmente en la contraposición específica en tal o cual articulado del proyecto de ley y menos en evaluar o no la pertinencia de hacer un compendio de leyes o normas ya vigentes, respecto a la institucionalidad de la participación, sus instancias y sus mecanismos, sino que por recoger un análisis integral del cuerpo normativo el cual de por sí está lleno de falencias desde su titulación, hasta su proceso de construcción y su espíritu controlador y regular de la ciudadanía y las organizaciones como sujetos y actores de la participación y poco se construye en el ámbito de los actores públicos llamados a potenciarla, fomentarla y promoverla.

    Walter Fernandez Ulloa Mg.
    Consejero Suplente del CPCCS
    CC: 0911491496
    Movil: 0999178568
    Mail: ups.walter.fernandez@gmail.com
    Mayo 4 de 2017

     
    • Oswaldo Rodríguez 13:13 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos estimado Walter, coincidimos en tus argumentos, brillante exposición, concuerdo que tenemos que dialogar entre los diversos actores sociales y políticos y no con los que administran y gobiernan ya que interpretan que deben controlar la participación ciudadana para su propio uso y abuso, diluyendo los objetivos ciudadanos delineados en la Constitución del 2008 y que apoyamos en la consulta popular por ser un novedoso concepto de control al mandante que nos representa.
      Bravo felicitaciones, compartiré tus argumentos en los espacios que frecuento.

      Buena tarde

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  • walterfernandezulloa 14:14 el 21 April, 2017 Enlace permanente | Responder
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    Proyecto de Ley Organica que crea el sistema nacional de participacion ciudadana y control social

    proyecto codigo participacion-comentarios

     
    • oswaldo 20:08 el 28 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos Walter:
      Favor comenta sobre la información generada en la prensa, respecto de la facultad que podría dar esta ley para la conformación de entidades de vigilancia y control político de autoridades gubernamentales, señaladas como paramilitares.

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      • walterfernandezulloa 11:44 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

        mi estimado Oswaldo aun no me pasan ese proyecto de ley, me pasaron recien el de semillas que lo estoy leyendo, en cuanto al de seguridad ciudadana por lo que he visto en las redes sociales es legalizar lo que ya se viene haciendo, recuerda que se eliminaron los edecanes militares a las autoridades publicas y luego se reemplazo con policias, posterior a lo del 30S, tambien se les elimino y ahora se contrata persoanal rentado para la custodia de autoridades y vienes publicos, com edificios u oficinas, por eso se ve ahora en las netidades publicas guaradias privados y no policias

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    • Walter N. Fernandez Ulloa 14:20 el 27 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Sobre proyecto de Ley del Sistema de Participacion y Control social
      Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, sea ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
      Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentara limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
      La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación.
      Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que me convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
      En el marco teórico y académico de la participación a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en nuestros talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, es decir no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
      De manera general se puede inferir que el proyecto de ley apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibible claramente al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, y violentaría la estructura misma de la función de transparencia y control social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Descentralizada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
      Respetando el principio de la descentralización la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país.
      Lo otro que es rave también es que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que en lo personal junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación.
      Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial de una social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Es Decir que se antepongan “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
      Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
      De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano,
      Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano.
      NO se analiza el resto del articulado por considerarlo de por más indignante a la consciencia e inteligencia del ciudadano.
      Cesar Wilfrido Cardenas Ramirez, Aqui mis opiniones, lamentablemente por chequeo medico me es imposible viajar. abrazos Yo Walter Fernandez Ulloa
      dejo algunas pistas de algunos articulas escritos anteriormente en este tema:
      Proyecto de ley con comentarios:
      https://walterfernandezulloa.files.wordpress.com/…/proyecto…
      Estrategias de politicas publicas para la participacion: https://walterfernandezulloa.wordpress.com/estrategias-de-politica-publica-para-una-cultura-participativa/
      Modelo de analisis para construir una cultura particpativa:
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/modelo-de-analisis-para-la-construccion-de-una-cultura-participativa/
      REVISIÓN MODELO DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL «ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN»
      https://www.academia.edu/…/REVISIÓN_MODELO_DE_GESTIÓN_DEL_C…
      Conversatorio ordenanza que crea el sistema de participación distrital en el Municipio de Quito – Ecuador
      https://www.academia.edu/…/Conversatorio_ordenanza_que_crea…
      Reflexiones sobre participación, cultura y cultura participativa
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/reflexiones-sobre-participacion-cultura-y-cultura-participativa/
      Crisis de Ciudadanía, Participación y Estado.
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/crisis-de-ciudadania-participacion-y-estado/

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  • walterfernandezulloa 13:19 el 23 May, 2016 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , cpccs. participación ciudadana, , , , , ,   

    Dos poderes, cinco funciones y un mandante ausente

    La norma constitucional del 2008, ha sido incomprendida y malograda en su aplicabilidad, tanto así que ni a la oposición, ni al gobierno, ni a los revolucionarios/as y peor al ciudadano de a pie le interesa su texto, su contexto y los pretextos que da la norma para asumir el rol protagónico que se exige a la ciudadanía, individual o colectivo, -su apasionamiento en la construcción del Estado del “buen vivir”, la articulación del poder ciudadano y la implementación de un modelo económico social y solidario-.

    El interés particular de los grupos neoliberales clásicos (políticos y bancarios) y los ostentadores actuales del poder político, sean estos, bien o mal intencionados con los procesos de transformación del Estado, poco o nada han generado en la promoción y formación de la ciudadanía activa, la valoración y defensa de la norma constitucional y particularmente la construcción del llamado “poder ciudadano”, importantes paradigmas que reorientan la forma de entender el poder, la autoridad y las funciones del Estado.

    El paradigma fundamental, al que hay que referirse, es la reconstitución del poder en el Estado, el cuál más allá de ser una innovación, recoge para la praxis (no necesariamente socialista o marxista) el pensamiento de Gramsci, quien considera que el Estado se regula a través de dos grandes supraestructuras, la Sociedad Civil y la Sociedad Política. Haciendo una analogía de este pensamiento, con la Constitución de la República del Ecuador, CRE, podemos identificar la institucionalidad de dos poderes, el público y el ciudadano, a través del segundo la autoridad máxima del Estado se devuelve al “Pueblo”, y este se ejerce a través del primero “se ejerce a través de los órganos del poder público”.

    [caption id="attachment_718" align="alignnone" width="401"] image[/caption]

    El Poder Público, que en el paradigma clásico francés, se dividía en tres poderes, en cuyo ejercicio estaba ausente, real pero no nominalmente, el pueblo. Este parece omnímodo, en la nueva norma, y se manifiesta a través de cinco funciones que son, por demás conocidas; Ejecutiva, Legislativa, Judicial y justicia indígena, Transparencia y Control Social, y, Electoral. El funcionario responsable de ejercer la Función Ejecutiva es el Presidente de la República y al mismo es “jefe del Estado y del Gobierno, y responsable de la administración pública”.

    Como se plantea, el poder público se ha presentado como omnímodo, pero esto no es real, puesto que la misma norma le ha subordinado al poder ciudadano, pero se presenta así, no necesariamente por su propio o legítimo interés, sino por la ausencia de una ciudadanía plena y activa, capaz de reaccionar ante una norma constitucional que le vuelve plenipotenciaria, mandante y generadora del contenido “ético del Estado”. Más muchos preguntan y responden ¿a qué se debe esta “ausencia” de ciudadanía?, si bien, en los últimos meses han surgido un sinnúmero de “especialistas”, y “cientistas o académicos sociales”, que hablan y escriben de “manipulación de los medios de comunicación”, “anomía social”, “distopia”, “disrupción de la ciudadanía”, entre otros. Particularmente, considero que han convergido varias situaciones, necesario de analizar y profundizar a fin de reconstituir el poder omnímodo real, “el ciudadano”.

    Por un lado, la demanda entorno a los derechos, lo que por décadas conllevo a luchas reivindicativas de los diversos actores, se vio nominalmente reflejada en la norma constitucional, los derechos ciudadanos y de participación que en otrora se consideraban riesgosos y peligrosos para la gobernabilidad y estabilidad, se institucionalizan para “fortalecer al Estado”, a través de la subordinación de éste al llamado poder ciudadano, pero la realidad fue otra al fin de cuentas, dado que se terminó institucionalizando en el propio Estado la representación, la organización y las forma de participación con sus estrategias y mecanismos, lo que conllevo finalmente a la sumisión del “poder ciudadano” al “poder público”. También por otro, lamentablemente esa ausencia de ciudadanía y comprensión de la norma constitucional, ha promovido continuar con estrategias de lucha reivindicativa y de “clases”, y no la de ejercicio de derechos, lo que ha conllevado a un desgaste constante del quehacer participativo y organizativo de parte y parte. En la segunda parte profundizaremos en el grasso error de construir un sistema nacional de participación y de control de la participación ciudadana y del poder ciudadano, cuando la misma norma constitucional y leyes subsiguientes lo consideraban inapropiado, dado que promueve y genera la construcción y articulación de sistemas manifestantes de ese poder, como son a través de los sistemas de inclusión, y de protección de derechos de los cuales nadie habla, o quizá me equivoque.

    Abrazos y bendiciones Walter Fernández Ulloa 1/6 https://walterfernandezulloa.wordpress.com/2013/01/17/cultura-de-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudadania-republicana/
     
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