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  • walterfernandezulloa 01:27 el 4 May, 2017 Enlace permanente | Responder
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    SOBRE PROYECTO DE LEY SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL:

    Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
    Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentan limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
    La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación. Y esa fue la apuesta institucional más relevante e innovadora que recoge la Constitución del 2008 en la línea de construir una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan involucrarse de manera real en el direccionamiento del desarrollo nacional. El CPCCS declara como su misión que «promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a lo participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público: investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley», (CRE: Art.95). Pero el proyecto de ley presentado hace todo lo contrario.
    Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que nos convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
    En el marco teórico y académico de la participación, a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en los talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
    El sistema democrático inaugurado con la norma constitucional se plantea la distopía de un “democracia real” una “democracia participativa”, que deviene del fomento y promoción del poder ciudadano a través de procesos de participación directa como la deliberación, la opinión, la consulta, la toma de decisiones y espacios públicos. Para ello, también la norma constitucional propone la implementación de ciertos mecanismos como consulta previa, presupuestos participativos, iniciativas legislativas ciudadanas, entre otras. Más la pérdida de espacios o el poco interés de la ciudadanía en lo público, se contrapone al ideal democrático de un ciudadano activo, participativo y preocupado de la cosa pública, la corrupción o la seguridad esta venida a menos, y los pocos procesos que pudieran ser fortalecidos son menoscabados o reprimidos cuando levantan su voz de sospecha ante alguna situación inusual en el manejo de la cosa pública. Este papel que antes correspondía a la participación política y especialmente a la partidista se ha ido posicionando en los espacios de participación social y ciudadana, ante la falta de representación y actuación de los actores que hacen este tipo de participación.
    Cuando un espacio queda vacío, las leyes de la física instan a que estos sean ocupados, y es lo que ha sucedido con la participación política, que ha sido asumida de alguna u otra forma por los espacios de participación social y ciudadana. Por ello, urge la recreación no solo de los mecanismos de participación sino la contextualización y re categorización de la “participación”, develando con claridad sus alcances y motivaciones más allá de los diversos mecanismos propuestos en las normas y leyes.
    Entonces, recapitulando hasta ahora hemos identificado varios tipos de participación, la democrática, la política, la social y la ciudadana, que por cierto constan en la norma constitucional, pero indistintamente de ello, estas necesitan fomentarse a fin de ir creando el ansiado poder ciudadano, y para ello se necesita crear condiciones y no limitaciones. Es importante crear condiciones de seguridad, para que se manifieste la participación en sus ámbitos respectivos, familia, escuela, comunidad, sociedad, política, economía social, etc.; condiciones de espacio como parques, calles, instalaciones públicas, medios de comunicación, redes sociales, ágoras, teatrines, etc.; y, condiciones de tiempo como espacios de participación, convivencia y acción social en tiempos de escuela, de trabajo, de enfermedad, de familia, de gestión pública.
    Del proyecto de ley, se puede inferir que apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibirle al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, sino como un derecho, un principio y una responsabilidad ciudadana. Tal cual está planteado violentaría la estructura misma de la función de Transparencia y Control Social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Desconcentrada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
    Respetando el principio de la desconcentración la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país. Dado que la participación aún no se entiende o no hay el interés político de entenderlo en el amplio marco de reforma del Estado que entre otras cosas proyecta ubicar al ciudadano en el centro de los beneficios de “Buen Vivir” al amparo de una constitución que genera un Estado garante de derechos. La Constitución en el título IV, sobre “Participación y Organización del Poder” en lo relativo a los principios de la participación establece en el Art. 95. «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto o la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de lo democracia representativo, directa y comunitaria. Y he allí, el gran cuestionamiento al proyecto de ley, en vez de generar el protagonismo del ciudadano en la cosa pública, promueve el control y el protagonismo del Estado en las formas y mecanismos participación de los ciudadanos.
    La urgencia de redefiniciones es clara la participación, la transparencia y el control social son procesos en construcción que deben ser fortalecido con instrumentos y herramientas que contemplen la fiscalización del ejercicio pleno de derechos y no como hasta la fecha un mecanismo de conversatorio sobre gastos, actividades y cumplimiento de las mismas, sin prestar atención no solo al resultado, sino al ejercicio de los derechos de la población con la cual se estaba actuando.
    Así mismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadano, en el Titulo III, del Poder Ciudadano, Art. 29 habla de la participación y la construcción del poder ciudadano, diciendo: «El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social en todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior». De esto y de este mandato poco o nada de legisla a favor de los ciudadanos en miras de su articulación como poder y “contrapoder” de lo público.
    En la lógica constitucional no se crea un sistema nacional, ni se da rectoría al CPCCS sobre otras entidades de la Función de Transparencia y Control Social, o sobre instancias autónomas o dependientes de la función ejecutiva. Pero ¡claro! la ley no regula, ni controla y mucho menos crea herramientas para el cumplimiento y ejercicio efectivo del Art. 206 que manda:
    (…) los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de lo Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía: 3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; 4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias: 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.
    El CPCCS, se concibe como parte de un conjunto de instituciones que forman la función de transparencia y control social del Estado, y, debe formular lineamientos y políticas públicas de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la participación y control social. La ausencia de una acción dinámica de este espacio de coordinación que crea lo constitución es sin duda una de las causas de lo debilidad institucional que al verse imposibilitado de mecanismos coercitivos que doten de obligatoriedad a sus decisiones se convierte en meramente declarativo y no vinculante. Y aquí el craso error, estoy de acuerdo que el CPCCS es una instancia institucionalmente debilitada y no por la ausencia de participación de los ciudadanos sino por el poco control y coerción a las instancias de las otras funciones del Estado a fomentar y promover la participación en todos los ámbitos, dimensiones y espacios de la cosa pública. Tanto así, que las Instituciones del Gobierno Central no han sido objeto de la atención debida, contrariando la LOPC que en el art, 6 N°2 establece la “obligatoriedad de todas las instituciones públicas a formar ciudadanía, promover derechos, crear mecanismos y generar procesos de participación ciudadana que incidan en la gestión pública”. Por ello, también se hace imprescindible monitorear, acompañar y apoyar el fortalecimiento de estas instancias y sus obligaciones, en el ámbito de la participación y construcción del poder popular.
    En este sentido es grave que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación. Los marcos legales vigentes recogen de manera asistemática lo relativo a la participación ciudadana, las Asambleas locales Ciudadano, lo silla vacío, el Sistema Local de Participación Ciudadano de los GADs y el Consejo de Planificación, Consejos de Igualdad, entre otros. Todos estos mecanismos son importantes y deben dárseles herramientas ciudadanas de incidencia en la toma de decisiones de las autoridades, y manifestación plena del ejercicio del “poder ciudadano”, sin embargo, existe en todos ellos un carácter ambiguo que conlleva a la desmotivación manipulación final de las decisiones por parte de las autoridades que deberían fortalecer estos mecanismos. Si a una ley de participación para construir y fomentar el poder ciudadano no para controlarlo o limitarlo.
    Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, es decir la participación democrática en el territorio está supeditada al voluntarismo y la participación social, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial integradora a una voluntaria, temática y social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Se antepone “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
    Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
    De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano. Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano. Deberá apuntarse hacia una ley de incentivos de la participación a través de fondos concursables que cada entidad y empresa del Estado así como quienes brindan servicios públicos deberán presupuestar anualmente, las cuales deberían apuntalar los siguientes ejes: información y formación; organización y asociatividad; y, acciones colectivas y solidarias de interés público.
    Hace varios años, manifesté que el CPCCS sufría de varios vacíos y considero que hoy en día esos vacíos quieren trasladárselos a la ciudadanía a través de una norma crasa, entre esos vacíos los siguientes:
    Vaciamiento del discurso: Aún no logra entenderse a la participación como un proceso inmanente del ser humano, “entender la participación” como una cultura en construcción conlleva a entender al propio ser humano multidimensional, multiespacial, multitemporal, complejo y unitario que se manifiesta de manera diversa en ámbitos, espacios y tiempos. Para este vaciamiento lo ideal sería fomentar la participación democrática en lo territorial sin perder de vista la plurinacionalidad y la interculturalidad; la participación social en los ámbitos culturales, académicos, deportivos, etc. en lo organizacional y asociativo; la participación política que promueva procesos de reflexión de la relación Estado, Poder y ciudadanía y asegure representatividad; y, la participación ciudadana en el ámbito de la cosa pública, la gestión y cogestión de lo público; Esto desde una propuesta de ley de fomento de la participación custodiando los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
    Vaciamiento de Gestión: Repensar la Gestión Institucional como un todo en el marco constitucional y la ley, generando así un esquema de gestión institucional que considere los principios, valores y enfoques definidos en la norma, considerando la plurinacionalidad y la diversidad en lo homogéneo, e incorpore una multidinámica más que burocrática – ciudadana. Para ello lo idóneo es apoyar la construcción de una cultura de participación en el ámbito más dinámico, es decir las realidades territoriales y locales, potenciando el dialogo y la proposición con la propia ciudadanía, promoviendo estrategias, mecanismos, metodologías, recursos y herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para la promoción de la participación y el Control Social, y, la construcción progresiva del Poder Ciudadano.
    Vaciamiento de Coordinación inter e intra institucional: Promoviendo una dinamización conjunta de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, formulando políticas públicas conjuntas, sistémicas y articuladas en miras a la construcción del Poder Popular, la cultura participativa y la democracia radical, directa o real.
    Vaciamiento Legal: Una de las competencias del CPCCS es la proposición de normas y proyectos legales que viabilicen la participación y el control social y la construcción del Poder Popular, atribución poco o nada usada a la fecha, por lo que urge promover en conjunto con la ciudadanía un debate serio y sostenido de involucramiento del ciudadano en la preparación y proposición de elementos normativos potenciadores de la participación. Y por otro mediante la creación de instrumentos de normativa interna, resoluciones o lineamientos, promover procesos y procedimientos orientadores de la promoción, usos y aplicaciones de estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas más precisos para la implementación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y sistematización de los procesos de participación ciudadana y control social.
    Por lo expuesto no se ha centrado la atención puntualmente en la contraposición específica en tal o cual articulado del proyecto de ley y menos en evaluar o no la pertinencia de hacer un compendio de leyes o normas ya vigentes, respecto a la institucionalidad de la participación, sus instancias y sus mecanismos, sino que por recoger un análisis integral del cuerpo normativo el cual de por sí está lleno de falencias desde su titulación, hasta su proceso de construcción y su espíritu controlador y regular de la ciudadanía y las organizaciones como sujetos y actores de la participación y poco se construye en el ámbito de los actores públicos llamados a potenciarla, fomentarla y promoverla.

    Walter Fernandez Ulloa Mg.
    Consejero Suplente del CPCCS
    CC: 0911491496
    Movil: 0999178568
    Mail: ups.walter.fernandez@gmail.com
    Mayo 4 de 2017

     
    • Oswaldo Rodríguez 13:13 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos estimado Walter, coincidimos en tus argumentos, brillante exposición, concuerdo que tenemos que dialogar entre los diversos actores sociales y políticos y no con los que administran y gobiernan ya que interpretan que deben controlar la participación ciudadana para su propio uso y abuso, diluyendo los objetivos ciudadanos delineados en la Constitución del 2008 y que apoyamos en la consulta popular por ser un novedoso concepto de control al mandante que nos representa.
      Bravo felicitaciones, compartiré tus argumentos en los espacios que frecuento.

      Buena tarde

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  • walterfernandezulloa 18:44 el 10 June, 2015 Enlace permanente | Responder
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    LEY GALÁPAGOS Y LEY DE HERENCIA: LA DIFORMACIÓN PARA UNA REBELIÓN

    Ante la ley Galápagos y la ley de Herencias, el gobierno cometió 2 grandes errores, fruto del exceso de confianza en el apoyo de los habitantes, pero la confianza se siembra con dialogo e información, por muy buenas que en ocasiones sean las intenciones, estas estrategias son claves en la gestión de lo público, y mucho más en la implementación de políticas públicas que per se siempre beneficiaran a un alguien y perjudicaran a otro alguien.
    Es así, que en el marco de la falta de implementación de estas estrategias, se dejó un hueco que rápidamente fue captado por quienes cautivan con el falso discurso y la promoción de la diformación (información tratada intencionalmente a fin de dividir y confundir el discurso). Más aún cuando se cometió el mismo error criticado la -falta de estudios técnicos en la discrecionalidad de la decisión de incrementar el 100% de los sueldos a los servidores públicos que laboran en las Islas, que se dio hace 20 años. En vista que la ley tampoco cuenta con los estudios respectivos que definan el índice de precios que rige las Islas.
    Lo mismo se podría decir de la ley de herencias, toda vez que se presentaron los conflictos como resultado de la diformación , se publicita una aplicación que desarrolla los cálculos para el pago de los impuestos respectivos.
    En lo personal no creo que las cosas estén perdidas, creo profundamente que hay que encaminarse a la generación de estrategias que conlleven a la equidad y no a la igualdad de condiciones económicas y sociales, a la promoción de una ciudadanía activa, ¡!!Claro!!! Formando primero ciudadanos, que es el déficit más grande con que cuenta todo el proceso actual de transformación, en aras de la funcionalidad y no instrumentalización de la democracia activa, participativa y real. Y finalmente una depuración integral tanto de las filas de con quienes se gobierna, como de los integrates, miembros y simpatizantes de AP. Es inconcebible que a 7 años de la vigencia de la nueva norma constitucional se sigua cuestionando a los mandos medios y servidores públicos como los conspiradores de su aplicabilidad.

     
  • walterfernandezulloa 15:55 el 4 June, 2012 Enlace permanente | Responder
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    Envio: Articulo Sicariato adolescente 

    SICARIATO ADOLESCENTE: Ante la incapacidad de respuesta la violencia

    El solo escribir sobre la realidad actual de los adolescentes en el Ecuador ¡asusta!, y mucho más el “tratamiento” que se pretende dar a los mismos.

    Desde el 2008 el Ecuador tiene a su haber una de las constituciones más “progresistas” y “garantistas”, al decir de sus defensores y detractores. Cuenta con un gobierno “revolucionario” de “ciudadanía” que va por su sexto año en el uso del poder público, además de una infraestructura tanto de gasto como de operación, particularmente en lo social, envidiable para cualquier país de la región.

    Como decía mi abuela, “dos de azúcar y una de sal para combatir la deshidratación”, Ecuador ha tenido la capacidad y los recursos en estos últimos años para dar respuesta a innumerables esperanzas de los pobladores, el dignificarse como ciudadanos/as aunque no se entienda ni se experimente esta dignidad; el tener salud y medicinas gratuita aunque no haya cupos para atenderse; el tener educación gratuita para sus hijos aunque no haya escuelas dignas; el penalizar la falta de empadronamiento al seguro social aunque no haya trabajo; el tener un techo para vivir aunque tengamos que vivir 10 personas en cuatro pares de 4×4; a mi criterio personal y con ánimo de equivocarme todas las respuestas son correctas para solucionar los problemas equivocados. ¡Pero en fin!

    Existen políticas públicas como nunca nadie las propuso, existe un plan nacional (debería ser plurinacional) del buen vivir para todos y todas en el cual se definen estrategias y políticas orientadas al ejercicio de derechos constitucionales y humanos, sociales, educativos, económicos, culturales y de la naturaleza. Entre ellos se puede destacar el bono de desarrollo humano, el bono Joaquín Gallegos, bono de Vivienda; Políticas para la seguridad y soberanía alimentaria, contra la mendicidad, contra la inseguridad, socio empleo, socio bosque, en fin seria arduo y necio enumerarlas. ¡Pero en fin!

    Desde el punto de vista de la construcción del Estado ¡no se que nos paso!, dejamos el proyecto político de un Estado relacional –poder público junto al poder ciudadano- a un Estado Tutelar –poder público contra el poder ciudadano-. La esperanza alimenta la fe en tiempos mejores, la ilusión del poder ciudadano se mantiene y nos mantiene mirando el horizonte de posibles cambios. Era necesario iniciar con esta epifanía para continuar con el corolario de la preocupación que me agobia, so pena de ser categorizado como opositor, detractor, comunista guaguologo o humanista infantil.

    Muchos dirán, muchos aplaudieron, la intervención del presidente de la república del último fin de semana de mayo del 2012, respecto a la punibilidad de adolescentes “sicarios”, le pongo entre comillas porque hay dos puntos interesantes que hacen un quiebre al discurso del presidente en estos últimos años respecto a la tema; el uno tiene que ver con la edad especifica, si bien las propuestas de los proyectos de ley penal y punibilidad adolescentes recogían ciertos acuerdos de las cumbres y reuniones de los cuerpos fiscales de América Latina respecto a la punibilidad desde los 14 y 16 años y su inserción en la jurisprudencia penal, el discurso último a definido la edad de 17 años; el otro punto tiene que ver con el motivo de punibilidad “el sicariato” como crimen especifico a ser castigado penalmente en los adolescentes.

    Durante poco más de cinco años se ha venido hablando en los medios de comunicación y en investigaciones sociales sobre la amenaza que acechaba a los adolescentes en barrios populares y populosos como Bastión Popular y Guasmos en Guayaquil, se intuía la presencia de escuelas de reclutamiento y de formación en sicariato, ¿Qué se hizo con respecto a esto? Nada, o nada que realmente valga la pena mencionar, o quizá sí. En Bastión Popular y Guasmos en miras de la regeneración urbana se utilizaron terrenos, otrora espacios para la recreación de los jóvenes y pobladores, para hacer “mercados dignos”, e implementar macro proyectos llamados de “desarrollo social” que nunca dieron respuesta a la problemática de empleabilidad y uso del tiempo de ocio a estos.

    Muchos “eruditos” tienen la respuesta a la “cuestión adolescente” y la problemática de la punibilidad y el sicariato adolescente; pero estoy seguro que aumentar la reclusión a 10, 15, 20 o 30 años no una de ellas, so pena de ser tachado de contrarevolucionario o socialista solapado me mantengo en el principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad. La larga noche neoliberal no termina de amanecer porque aunque hay políticas aun no hay respuestas correctas, concretas integradas e integrales para un efectivo desarrollo humano y social de los pobladores. La doctrina represiva, sancionadora y punitiva propuesta por los exsocialcristianos se mantiene vigente, pero ahora en la cancha y discurso del poder ejecutivo. Aunque este discurso sea menos radical y mas focalizado, podría generar jurisprudencia como en el caso Argentino, en el cual los adolescentes de 16 y 17 años podrían ser bajo el falso discurso de “medidas de protección” ser recluidos a medidas similares a la de los adultos, y bajo el argumento de la tutela se asume un “modelo propio del derecho penal liberal”, al decir de Mary Beloff, 2005 en la revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Año 6, Nº 1

    Esto nos debe poner en alerta dado que como cuando empezó el debate sobre el tema hace poco más de dos años, la prensa y los medios de comunicación en general asumieron partido y comenzaron a exacerbar la problemática de la adolescencia infractora y eran cotidianas las noticias en las cuales se hacía publico la presencia de adolescentes en actos delictivos. No me sorprenderá que en pocas semanas o meses pasen los “sicarios adolescentes” a primeras planas y en crímenes execrables, con uno o dos bastarán para alterar la opinión pública siempre y cuando se vuelva, como ya es común, repetitiva la misma noticia. Y de ser necesario o del caso se recurrirá al poder mandante del pueblo para que defina entre tener “seguridad – reprimir a los adolescentes” o vivir una vida de inseguridad. Seguramente ganara en el marco de nuestra ilusión la primera opción, más aun en una sociedad donde los hijos de los otros no son nuestros hijos, y en un Estado donde el principio de la subsidiaridad quedo mal entendido e inejecutable por la falta de un enfoque integral e integrador de las políticas públicas.

    Pero, al decir de muchos “la sociedad tiene derecho a protegerse”, ante la falta de respuestas adecuadas a la “cuestión adolescente”, proponemos nuevas cárceles, nuevos guías penitenciarios y mayor tiempo de reclusión (ya no se habla de medidas socioeducativas – porque la realidad ha demostrado que no son ni lo uno ni lo otro), al decir del presidente y entender de los juristas y sociedad en general ya no es tiempo de proteger a los adolescentes, el principio básico es proteger a la sociedad –habrá de preguntarse ¿qué sociedad?- para que estos “pequeños pero graves delincuentes no vuelvan a alterar con su violencia a la paz de nuestra sociedad”.

    Existiendo actualmente tantas propuestas alternativas e innovadoras en la lucha contra la impunidad y el desarrollo de la personalidad social, comunitaria y e individual de los adolescentes, es inamisible el facilismo con el cual se proponen respuestas. Ante la violencia familiar lo más fácil es recluir al agresor, dar facilidades para el divorcio e incluso desaparecerlo, receta mágica que la sociedad y el Estado espera ejecutar para salvar su lado oscuro de responsabilidad ante estas realidades actuales de violentación de derechos.

    Ante la realidad ineludible y el juicio de la historia, qué estamos haciendo, hasta qué punto la justicia está en lo cotidiano y cercano del ciudadano, que ha pasado con el presupuesto de la justicia y su nuevo modelo de gestión, hasta qué punto se está definiendo estrategias de incorporación y aplicabilidad de mecanismos -no nuevos por cierto- como la justicia restaurativa, la justicia alternativa, la justicia ancestral, la justicia participativa, etc. Por otro, la policía –que por cierto después del 30s ella misma y el estado se encargaron de desfigurarse como ente de confianza y credibilidad para el ciudadano- cómo se está incorporando a la cotidianidad de las comunidades, en un nuevo rol de inteligencia y previsión del delito y como esta se articula a otras instancias públicas tanto de la función ejecutiva como de las funciones de participación y control ciudadano, así como con la legislativa en el marco de sustentar su vivencialidad cotidiana para la implementación y discusión de nuevas normas.

    Ciertamente hay mucho que hacer, por ejemplo el reenfocar de las políticas como las siguientes:

    a.- La tenencia de armas y ser más drástico en cuanto a la sanción, ya que es conocido que la política no funciono y más bien fue un detonante para el incremento de la violencia armada ante una sociedad desarmada.

    b.- La política de reubicación de la Policía Nacional en los destacamentos cercanos a su ambiente familiar, posibilitando el riesgo en vez de prevenirlo.

    c.- Fortalecer las políticas de restructuración de la justicia en el ámbito de consolidar la justicia oral, la justicia comunitaria e indígena, la justicia restaurativa y reparativa, la justicia alternativa y los métodos alterativos de resolución de disputas, la justicia virtual o interactiva en línea, entre otras iniciativas sociales y comunitarias ya existentes en el país.

    d.- El registro nacional y seguimiento a los miembros de la fuerza del orden, policía y ejército, en tanto la entrega de armas a su retiro o expulsión de las fuerzas, a mas de implementar un sistema de control y registro de profesionales privados de la seguridad.

    e.- Articulación de políticas públicas sociales, dándoles un carácter integral e integrador a las políticas, planes y proyectos implementados o coordinados entre los diversos ministerios como educación, cultura, deporte, seguridad, mies, productividad entre otros.

    f.- Ciertamente existe una vetustez de nuestra legislación en el ámbito penal, que nos obliga a pensar no solo en la presencia de nuevas tipologías de crímenes o delitos, sino en plantear alternativas políticas y legales a las nuevas formas de manifestarse de estos, contemplando fundamentalmente el marco de derechos humanos. V. g. el que la sociedad alemana haya admitido en un momento particular de su historia, a causa de la brillantez oratoria de un líder, como correcto el asesinato masivo de judíos no es históricamente ni humanamente admisible.

    g.- Promover amplios espacios de reflexión, debate, encuentro y dialogo de alternativas y trabajo conjunto de los actores públicos y no gubernamentales con los adolescentes y jóvenes, claro está con y por ellos/as.

    h.- Promover la generación de nuevos modelos culturales de interrelacionamiento juvenil y sociedad, modificando sustancialmente las practicas e imaginarios sobre ellos/as.

    i.- Generar nuevas formas de relacionamiento y articulación de las políticas públicas y las entidades de ejecución, así como la redefinición de los roles y competencias de los diversos organismo públicos en el marco de la nueva norma constitucional y la rectoría del poder ejecutivo.

    j.- Institucionalizar el enfoque de derechos particularmente desde la niñez y adolescencia a través de la formación, el intercambio, y la promoción de espacios de encuentros interministeriales, intersectoriales e intertemático para su implementación.

    Quizá se pueda escribir y reflexionar más pero la edad, el tiempo y la desesperanza de saberse escuchado han llegado a un periodo de latencia, ¡pero en fin¡ no perdamos aun la posibilidad de opinar, de disentir, de enfrentar, alguien abra del otro lado que escuche, no seamos cómplices de nuestra propia aniquilación como seres humanos y como sociedad. ¡Perdamos el miedo¡ y por sobre todo ¡Prohibido olvidar¡ sobre todo nuestros sueños y utopías.

    Ps. Cl. Wálter Fernández Ulloa

    Mg. Políticas Sociales de Niñez y Adolescencia

    Presidente Fundación FENIXe 2006-2011
    Observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana – Sede Ecuador Seleccionado 12º varón Concurso Miembros CPCCS
    3er. Varon Seleccionado a la Comisión de Selección Vocales de Judicatura
    Exbecario: MASHAV-Israel; UPS-Ecuador; INDES-USA.
    https://walterfernandezulloa.wordpress.com/
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    Movil: 593-9-7022221

    Bajo la protección del Art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que estipula: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de la ONU el 10.12.1948.
    La información de este correo es personal y confidencial, si usted no es el destinatario, agradeceré elimine este e-mail con todo su contenido.
    Ley de Comercio Electrónico de la República del Ecuador, y su Reglamento publicado en el Registro Oficial 735 de 31 de diciembre de 2002, Decreto No.3496, dicta: Artículo 22.- Envió de mensajes de datos no solicitados, usted puede pedir el cese del envió de información en cualquier momento, siendo nuestra obligación legal cesar los envíos ante su solicitud. Todo mensaje electrónico que cuente con la opción de desuscripción no se considera SPAM.

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  • walterfernandezulloa 21:48 el 30 May, 2012 Enlace permanente | Responder
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    MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA ECUATORIANA PROPUESTO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA TRANSITORIO, UNA MIRADA PROPOSITIVA 

     

     

    Meter mano en la justicia, no es una expresión adecuada para definir un proceso de transformación de la misma, pero la expresión chabacana y popular hizo mella en el imaginario del común de los pobladores y  “ciudadanos” de este país.   Aunque la esperanza aún no se llena de fe, se tiene un sueño renovado “una justicia justa y equitativa para todos y todas”, pero con limitada fe que ello se alcance en un corto tiempo y menos que sean unos pocos iluminados quienes darán respuesta a la desesperanza y el desencanto.

     

    El Consejo de la Judicatura Transitorio, se encuentra empeñado en un cambio radical de la Justicia a través de cuatro ejes focales a saberse: el mejoramiento del talento humano, la optimización de la Infraestructura física, la modernización de la infraestructura tecnológica y por sobre todo el cambio del modelo de gestión de la justicia. Incidir en la universalización, optimización, eficiencia, eficacia, calidez e interculturalidad de la justicia, es y debe ser el eje central de este modelo, pero para ello, debe de trabajarse mucho y no solo entre los entendidos y eruditos de planificación y justicia, sino que debe generarse estrategias de participación y dialogo ciudadano de usuarios/as reales y potenciales del sistema,  que garanticen y apoyen la toma de decisiones en todo este proceso.  Los ciudadanos/as, la sociedad civil y sus organizaciones deben tratar de garantizar no solamente la transparencia del gasto en el transcurso de esta transformación, deben por sobretodo asumirse como actores en la defensa y garantía de la misma. Para ello el modelo de gestión debe contemplar herramientas y estrategias de vinculación ciudadana.

     

    La herramientas del mapeo de alcance (sistema de monitoreo y evaluación que se focaliza en el cambio, la participación y cogestión de los involucrados/as), es útil en los procesos de rendición de cuentas, y en contextos y escenarios complejos donde interactúan múltiples actores, fuerzas e intereses en diversas las territorialidades.  Por ello, en el nuevo modelo de gestión se vuelve interesante la estrategia de distritalidad y territorialidad de la justicia ya que la acerca a dos principios fundamentales de la constitución, la justiciabilidad y la subsidiaridad.

     

    El reto no deviene de la implementación de uno u otro modelo, el reto se encuentra en la definición clara de la justicia como una política de un Estado relacional con el poblador y ciudadano, del encuentro de estos en procesos de convivencia armónica, solidaria y equitativa, e involucra de entrada a todos los actores sociales.  Sería casi imposible pensar en una transformación real del sistema a pesar de los múltiples cambios que se realicen en infraestructura civil, tecnológica o de profesionalización que se dé al talento humano, si en conjunto no se elabora un índice de contenidos de ese modelo de gestión de justicia.   A mi parecer este índice debería contemplar como simientes los temas de participación, ejercicio de derechos, ciudadanía y convivencia pacífica como baluarte de una justicia que perdure, más allá de las personas que en este momento acertada o no se encuentran al frente de este proceso transformador.

     

    Las oficinas, las computadoras y el personal nuevo no garantizan ni a mediano ni largo plazo la transformación de la justicia, si bien son herramientas y estrategias que pueden ayudar, siempre y cuando se encuentren asociadas al poder legítimo que representa el “pueblo”, y solo a través de su involucramiento se podrá dar aliento a ese cuerpo renovado.  Ciertamente el tiempo apremia y no va a cambiar el sistema judicial en 18 meses, pero el reto que se ha asumido trasciende el tiempo, por lo que urge que en este pequeño lapso se deje los simientes  indicados en el párrafo anterior, dado que la justicia no se construye solo en las cortes, se vivencia en la cotidianidad del relacionamiento con el otro sujeto de derechos, este modelo no será suficiente si no promueve el empoderamiento y la incidencia del  común del ciudadano y poblador informado e interesado en la problemática.   La justicia no es solamente un proceso estadístico de casos represados, es un proceso mucho más complejo que involucra la dignidad humana en su conjunto tanto de víctima como de victimario, de un ser humano con memoria e historia que debe ser atentamente escuchado y valorado.

     

    Para este fin es clave la estrategia de implementación de distritos y territorialidades es desde estos espacios desde donde deberá, como reto y enfoque diferente, institucionalizarse no solo los mecanismos propios del sistema judicial y litigante, sino también incorporar a través de la lectura de sus realidades las experiencias alterativas de encuentro y vivencia con la cultura de paz y los métodos alternativos de resolución de controversias, importante para ello será el diseño de estrategias investigativas con los diversos actores que viven en lo cotidiano su relación con la justicia en esas territorialidades.   Dado que el reto más grave que afronta el sistema judicial es judicializar el conflicto e invertir ingentes recursos en promover una cultura litigante, lo que atenta y va contra corriente a los esfuerzos mundiales por construir una cultura de paz, que más allá de consumir los recursos del Estado, genera contradictoriamente disfuncionalidades en la aplicación de una justicia equitativa y verdaderamente justa.

     

    La justicia y su nuevo modelo no pueden centrarse solo en la tarea de profesionalizar a los litigantes, sino verbigracia desdramatizar y evitar la injusticia acercando al poblador y ciudadano a una justicia más eficiente, eficaz y acorde a sus procesos culturales y realidades particulares, personales y comunitarias, des judicializando el conflicto y economizando la sobrecarga del sistema judicial.   He allí la esencia misma de la transformación de la justicia, ¡basta¡ de más centros de reclusión, juzgados y cortes; un sistema de justicia más eficiente no requiere de más policías, jueces, fiscales y abogados, requiere una ciudadanía activa, solidaria y comprometida con la causa del ejercicio de derechos, la seguridad humana y el control social para una vida digna en equidad, justicia y convivencia pacífica.

     

    Escrito por: Mg. Walter Fernández Ulloa

     

    http://paxnoticias.com


     
  • walterfernandezulloa 19:58 el 9 July, 2011 Enlace permanente | Responder
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    Buenos Padres en Internet – Como ajustar las opciones de privacidad en Facebook 

    En este video podrán ver paso a paso como ajustar las opciones de privacidad en Facebook.
    Fuente Abogados online Analia Aspis
    Los vídeos de Vodpod ya no están disponibles.

     
  • walterfernandezulloa 17:20 el 9 July, 2011 Enlace permanente | Responder
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    FORO: Estrategias para la mediación de conflictos comunitarios y juveniles: Perfil de un modelo desde la gestión del conflicto y la política pública 

    La sociedad actual vive un proceso de acelerado cambio y transformación social, política y económica, lo que  ha afectado directa e indirectamente su estructura y la psique de los individuos. Este proceso de cambio ha generado un alto nivel de incertidumbre e inestabilidad en las relaciones de unos con otros,  nuevas formas de relacionamiento entre sociedades e individuos y viceversa.    Hablar de conflictos es hablar de las mediatizaciones en las relaciones humanas, que hoy por hoy rayan en la normalidad, llegándose incluso a definir el conflicto como un daño colateral al proceso de cambio.

    Esto nos ha vuelto administradores del conflicto y en ocasiones, tutelares del mismo, con frecuencia identificamos la presencia de conflictos sociales, comunitarios y de determinados grupos de colectivos y planteamos la intervención desde una visión tutelar. Esta visión tutelar del conflicto nos conlleva a ignorar o por lo menos a desconocer las realidades y particularidades mismas de éste, relegando la intervención integral que apunta a un enfoque que considera los diversos cambios que quieren imponerse y el microcosmos que genera el desencuentro entre los individuos en una comunidad o sociedad.

    Por ello se hace urgente la intervención a través de estrategias que permitan a estos individuos asumirse en la calidad de ciudadanos y copartícipes también de los cambios sociales, económicos o políticos en los cuales se encuentran inmersos.  Este es el marco referencial de la mediación comunitaria, que no abarca solamente la conflictividad en el lugar y tiempo determinado en que se produce, sino que genera una nueva forma de relacionamiento entre los sujetos, el colectivo y la sociedad afectada, imbricándoles a una forma de relacionamiento que contribuya y construya su ser y hacer ciudadanía y su participación en la realidad que les afecta, ¡el conflicto!, y sean quienes encuentren una solución consensuada y acordada en beneficio de su yo personal  y su yo comunitaria.

    Ante este mundo de incertidumbres y cambios los jóvenes son los más afectados,  particularmente por su momento de transformación vital y psicológica, su proceso personal de cambio. Factores como “autoconcepto”, “autoestima”, “identidad” generan complejidad y conflictos de índole personal, social y comunitario que afecta el tipo de relaciones interpersonales que mantienen con sus grupos etarios y otros grupos, particularmente padres y comunidad inmediata, escuela o barrio. Sus sentimientos se encuentran determinados por sus estados de ánimo, incursiones y estados afectivos que se caracterizan fundamentalmente por simpatías, antipatías, aceptaciones, diferencias,  temores e inquietudes, lo que les lleva a percibir e interpretar la realidad de modo particular.

    Así, el adolescente y el joven experimentan en la cotidianidad su propia forma de relacionarse y comportarse con el “otro” y su comunidad, lo que le puede llevar a generar un cierto nivel de conflictividad en esa interacción e  interrelación. Algunos de sus comportamientos más relevantes como la agresividad, violenta e indiferente, pueden provocar un deterioro en las relaciones con su comunidad inmediata.

    Por lo expuesto no podemos desligar la intervención comunitaria de los adolescentes y jóvenes. Hablar de métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito comunitario, obliga entender la intervención como un fenómeno integral e integrador de dos situaciones, una problemática y otra conflictiva, esto nos lleva a reflexionar sobre la categorización de ambos conceptos.

    El conflicto y el problema son categorías conceptuales tratados como sinónimos cuando intervenimos en el ámbito comunitario; en el encuentro de métodos alternativos para la solución de conflictos debemos trabajar, -mi particular punto de vista-, en el ámbito de la pre-visión; identificar y prever posibles problemas por los que cursan la comunidad y sus ciudadanos. Desde la intervención comunitaria pre-visoria diferenciamos la situación problemática que tiende fundamentalmente a ser un elemento objetivo presente en la cotidianidad en su proceso de relacionamiento.

    Desde el enfoque de la Gestión del Desarrollo, categorizar los problemas es básico para pre-visualizar el conflicto, su presencia es objetiva y real, afectando de manera negativa las formas de vida y percepción de la cotidianidad en la comunidad. Hay que aclarar aquí que la presencia de una situación problemática no necesariamente genera inmediatamente un conflicto, pero va promoviendo una acumulación de sentires y sentimientos respecto a este, que  tarde o temprano iniciará un conflicto en la relación de unos con otros, o de estos con el estado o gobierno local.

    El conflicto por su parte es un proceso posterior a la presencia del problema,  en éste  los sujetos toman partido para el mantenimiento o superación de la situación problemática, generando así una cierta dinámica de antagonismo y resistencia que se manifiesta en el tiempo y el espacio con fluctuante intensidad. Éste persistirá mientras la situación problemática esté presente, y en ocasiones puede persistir hasta después de desaparecido el problema, generando un fenómeno parecido al “miembro fantasma” <como ocurre en la medicina cuando a un paciente le es extirpado un órgano o miembro>.   Esto puede suceder cuando la comunidad ha aprendido a relacionarse a partir del conflicto.

    Desde la experiencia personal y profesional, a más del acercamiento a los procesos de cambio y transformación social, he compartido en diversos espacios de trabajo con otros profesionales del ámbito educativo, académico y social, así como con el mundo judicial y jurídico, pudiendo junto a ellos analizar lo difícil que resulta intervenir en la problematización y conflictividad comunitaria y juvenil, no solo por los diversos ángulos y epistemes desde la cual cada uno observa y trata de intervenir, sino también por las urgencias políticas y técnicas en las que nos toca hacerlo.  Finalmente hemos comprobado que nuestras acciones han terminado en procesos administrativos y de parche que no necesariamente inciden a largo plazo en el desarrollo de la comunidad.

    Sin embargo, se hace urgente el encuentro de estrategias que irrumpan en la comunidad, los jóvenes y los ciudadanos en el marco de los contextos de cambios, no solo sociales y políticos, sino también las transformaciones de los sujetos y actores en ciudadanía.  Se pretende dejar de administrar los problemas y conflictos para imbricar a su efectiva gestión y dar respuestas, sino a la totalidad de estos, si a su integralidad como comunidad y ciudadanos que exigen una convivencia pacífica y en desarrollo.  Por ello, las estrategias de gestionar métodos alternativos para la gestión de conflictos atraviesan, desde el ámbito comunitario, la definición de políticas púbicas y el ejercicio de los derechos y garantías ciudadanas.

    ¿Por qué políticas públicas y ejercicio de derechos?  -Fundamentalmente, o por lo menos en nuestro país, las comunidades más conflictivas donde la justicia parece estar ausente y se requiere la intervención urgente de medios alternativos para la solución de estas “conflictividades”, son aquellas en las que de alguna u otra forma hay exclusión- El mismo análisis podemos hacer coincidir entre los jóvenes y adolescentes, quienes habitan en comunidades con limitado acceso a la vivienda y servicios básicos, alejados de los servicios públicos y con altos índices de inestabilidad o temporalidad de empleo, concluyendo en abandono y exclusión del beneficio del ejercicio de sus derechos. Paradójicamente esta exclusión genera entre los pobladores de la comunidad una sensación de anonimato y resignación, por ende de des-ciudadanización, mayor conflictividad ante los problemas y des-asertivos mecanismos de relacionamiento e interrelación con sus etarios y otros miembros de la comunidad.

    La conflictividad presente en nuestras comunidades, cuando no es atendida desde la precepción de la justicia por parte de los involucrados tenderá a generar violencia y consecuentemente un mayor grado de conflictividad social, por lo que desde el enfoque de políticas públicas es urgente mirar hacia adentro, Estado y sociedad en su conjunto, y reflexionar sobre nuestros accionares en la cotidianidad del relacionamiento social.  Esto indudablemente no tiene respuestas inmediatas, es un proceso lento de “empoderamiento” de la propia ciudadanía y de la cosa pública, es un proceso de readecuamiento cultural que modifique nuestros patrones clásicos, personales y colectivos de conducta y comportamiento.

    El reto del nuevo paradigma de mediación en la resolución alternativa de conflictos a nivel comunitario, es la construcción de una convivencia pacífica, para lo cual se requiere alterar los entornos sociales cotidianos en los cuales se desenvuelven los pobladores de las comunidades.   Si no mediamos en la superación de la miserabilidad, la pobreza y exclusión en las que éstas se desarrollan, ninguna estrategia sería válida ni efectiva.   En conclusión ninguna intervención podría ser eficaz ni eficiente sino se apuesta al planteamiento de una intervención desde la política pública coordinada, intersectorial, intertemática e interdisciplinar con y desde la sociedad.

    El planteamiento estratégico que se describe a continuación parte del supuesto de un nuevo Estado relacional consagrado en el marco constitucional de la República del Ecuador.

    NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL

    Aprobada la constitución de 2008, Ecuador ingresó a un nuevo modelo paradigmático de relación Estado Sociedad, Ciudadano y servidor público, un cambio transcendente y acelerado que los habitantes y ciudadanos aún no logran asimilar, coexistiendo visiones y concepciones tradicionales de un Estado caduco represivo y administrador con un nuevo modelo garantista, relacional y co-gestor del desarrollo.  Esta coexistencia ha generado un sinnúmero de conflictividades entre pobladores sobre  quienes nos toca decidir con qué paradigma  se debe intervenir.

    Personalmente apunto al nuevo paradigma relacional y de consenso, el cual se encuentra en proceso de implementación, a través del cual se espera la construcción de un nuevo modelo de relacionamiento, de una nueva cultura ligada al “modelo democrático” que muchos actores políticos han denominado como democracia real o radical participativa. Lo que nos obliga a fomentar como estrategia de construcción y articulación, no solo constitucional sino éticamente, la incorporación ciudadana en todo lo público, tanto en la sociedad en su generalidad como en el Estado en su particularidad.

    Al decir del Ec. Ricardo Patiño (2010), actual ministro de Relaciones Exteriores, sustentar la democracia “en el debate permanen­te, en el diálogo y, sobre todo, en un proceso donde los ciudadanos sean los gestores de su desarrollo. Esta democracia radical supone entonces la construcción de ciudadanía, es decir, sujetos de derecho que puedan ejercer el poder. Por lo tanto, fortalecer la democra­cia implica promover la participación, la organización y el desarrollo en todas sus formas (Sumak kawsay 2010).

    Finalmente, otra línea dinámica que reconstituye la cultura de participación y convivencia pacífica es la noción de ciudadanía a través de la inclusión a la proximidad social, la vida familiar, comunitaria y local. En la articulación de ésta se puede identificar claramente tres agentes: 1.- La familia en una esfera semi privada ya que la violentación o amenaza de derechos la constituyen en asunto público; 2.- La comunitaria con dos vertientes institucionales públicas a través de la territorialidad comunitaria en sí misma, representadas por las organizaciones de base y/o entidades de atención y la escuela o centros educativos; 3.- y el Estado local o gobierno local.

    Estos agentes de ciudadanía propiciarían la articulación y dinamización de la cultura de participación y convivencia pacífica que sustenta la nueva lógica estructural del Estado, potenciando la implementación de renovadas estrategias y mecanismos relacionales para el ejercicio de derechos.

    Gráfico 1 Relaciones generadoras de convivencia pacífica

    Solo y bajo la premisa de la existencia de una ciudadanía, constituida de sujetos conscientes y proactivos frente a sus derechos se posibilita una verdadera cultura de participación y convivencia pacífica, donde se refuerce lo asociativo como interés público y se definan nuevas estrategias de mediación y relacionamiento entre lo estatal y la sociedad civil. La clave, al decir de Jesús Ibáñez, está en que la ciudadanía imbrique su capacidad de decisión de alternativas por su capacidad de proposición y creación de nuevas alternativas a su realidad. (Ibáñez, J; 1990).

    Desde esta perspectiva de ciudadanía, el análisis de los métodos alternativos de resolución de conflictos como parte de una cultura de participación y convivencia pacífica, implicaría un rol integrado e integrador del mediador en este nuevo proceso cultural y sus sistemas de significación desde lo relacional y propositivo. En una sociedad radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y experimentada como una actividad simbólica que permite dar libre cauce a la expresividad y capacidad de reflexión crítica de las personas. Una parte fundamental del valor de esta actividad radica en su capacidad de plasmar la especificidad social, cultural e histórica en la que se desenvuelve la vida social. (Senplades, 2010:42)

    Circunstancialmente, estos elementos reflexivos deberían orientar hacia la comprensión de la cultura de participación y convivencia pacífica que se construye y constituye en el nuevo modelo de Estado, y al mismo, cuestionarnos si el Estado y la sociedad en su conjunto están construyéndola acorde con la nueva realidad constitucional

    CULTURA DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA

    La cultura en un sistema ciudadano, democrático y republicano, adquiere vital importancia en la demanda de participación de éste. De la experiencia se puede graficar tres tipos de estrategias para la intervención en conflictos comunitarios.

    Gráfico 2 Estrategias para resolución de conflictos sociales y comunitarios

    Las de tipo convencional, las que se centran en el ámbito jurídico de la demanda y denuncia del problema y/o el conflicto; las de tipo no convencional son aquellas apartadas en ciertos casos de la jurisprudencia; y los de tipo alternativo, que he llamado alter-z-activo, porque promueven el relacionamiento y encuentro de soluciones en interacción con el otro, es decir, entre las partes involucradas en el problema o conflicto, ejemplo de esto son la mediación, la conciliación y otras estrategias innovadoras como los consejos y comités de paz, y de convivencia pacífica.

    Para la implementación de estrategias de tipo alter-z-activo creo necesario la elaboración de un pre-modelo de análisis, que expongo a continuación:

    Gráfico 3  Pre-Modelo de análisis para la comprensión de la cultura participativa y convivencia pacífica:

    Este modelo se sustenta bajo tres categorías conceptuales, que estructuran un Estado relacional; cultura, ciudadanía y participación.  Partiendo de éstas identificamos a los sujetos en relación y las dimensiones sobre las cuales construyen esta relación.

    Nuestra hipótesis plantea que en el marco referencial de relacionamiento, estas dimensiones del sujeto han impedido el encuentro de alternativas de resolución de conflictos por elementos categoriales que, sin un trabajo interdisciplinario en las tres dimensiones, es difícil intervenirlo:

    • · La dimensión cognitiva le impide la percepción del problema y la comprensión del conflicto.
    • · La dimensión social le impide la re-y-conocer y actuar sobre los relacionamientos entre el problema y la conflictividad con su entorno focal y residual, y.
    • · La dimensión comunicativa le impide formarse e informarse sobre el problema, el o los conflictos y tomar iniciativas sobre los mismos.

    Dimensión Cognitiva:

    La conducta de los sujetos no se encuentra limitada a su expresividad externa, sino que contempla implícitamente un proceso interno (micro personal), una forma particular de conocer y aprender de la realidad y apropiársela. Por ende involucra una forma particular de organizar y relacionar la información de la realidad y construir sus propios conceptos y esquemas. Arbitrariamente a esta dimensión se le ha incorporado tres categorías relacionales que dan sentido al contexto social donde el sujeto interactúa.

    Esta dimensión y la forma en que se relaciona con la realidad, promueve y transforma las particulares maneras en que el sujeto actúa de manera individual o colectiva en procesos sociales e institucionales. Se construye a partir de la vivencia pero se reconstituye a partir de la información y conocimientos que se transmiten a través de las tradiciones familiares y comunitarias y las diversas institucionalidades que atraviesan el proceso vital del individuo.  Sin pretender ingresar a un enfoque psicologista, es un proceso que permite a los individuos relacionar su yo interior, su vida privada y cotidiana con su contexto social y vida pública, fenómenos que se constituyen inmanentes del propio ser humano.

    La cognición se atañe a las formas en que se construye el conocimiento. En consecuencia,  al decir de Schutz(1962), constituye una cuestión social, lo que se asume en el marco del paradigma de las representaciones sociales planteadas por Durkheim, que también es una paradigma asumido por la psicología social. Estas son formas complejas de intersección entre lo psicológico y lo social, siendo una manera particular de interpretar la realidad cotidiana  Al decir de Berger y Luckman, (1974), son el resultado de los contextos sociales en los que siente, existe y piensa la persona, en un proceso bidireccional en el cual la sociedad construye a la persona y este a la sociedad.

    Así pensada, la sociedad y el individuo construyen sus racionalidades, afectos y valores que orientan las formas de sentir, pensar y vivir, expresándose la importancia que se da a lo simbólico como una forma de adueñarse y dominar la realidad circundante, la cual se limita a aquello que ha logrado asimilar.  Todo esto nos da una cierta comprensión del mundo con el que interrelacionamos, lo que nos manifiesta comportamentalmente con el mundo, reconocerlo y ser reconocidos, y aportar a la dinamización de cambio de sus contextos sociales.

    Para Berger y Luckman, (1974), los sujetos en este fenómeno de construcción social comparten subjetividades, configurando significaciones e interpretaciones, lo que les permite concebir el mundo circundante como uno solo, es decir, de manera similar entre los sujetos que comparten el mismo contexto social; lo que es lo mismo, sentir y pensar la cotidianidad como una “realidad dada”, como una realidad verdadera y normal que le orientan a vivirla de un modo determinado.

    Dimensión Social

    En la dimensión social se han identificado tres categorías de análisis por su injerencia en los mecanismos relacionales de los sujetos con su contexto; estos son la familia, la comunidad y la sociedad. Estos articulan y ayudan a articular un proceso identitario entre el individuo y su contexto próximo, en cualquier etapa de la vida.

    Ciertamente, la tradición rescata a la familia como núcleo articulador de la sociedad, pero más allá de ello, es innegable que todo proceso social y cultural se genera desde los niveles de relacionamiento del sujeto con ésta, puesto que ninguna persona está desligada completamente de esta estructura, sea esta natural o artificial.  En el modelo de análisis se procura identificar los elementos generadores de cultura de participación y convencía pacífica desde la categoría familia como elemento proximal más cercano e influyente en los sujetos, pero se conciben dos categorías complementarias como la Comunidad y la Sociedad como espacios de socialización que permiten entender la realidad y su dinámica.  La articulación de esta dimensión se inicia desde la infancia con la familia, pero se mantiene a lo largo de la historia vital de los sujetos en los diversos contextos institucionalizados por los que atraviesa.  Así la escuela y comunidad que promueven procesos de socialización mediante los cuales se incorporan normas y valores esenciales de participación colectiva y asociativa; y posteriormente la sociedad y, particularmente el Estado, promueven a través de procesos normativos, liderazgos, y la promoción de redes sociales, códigos simbólicos que le dan identidad y pertenencia, configurando las estructuras que construirán sus propias representaciones sociales respecto a la ciudadanía, participación, y cultura, lo que constituirán  pautas para una  cultura de participación y convivencia pacífica.   Ya sea por omisión u acción, la forma en que cada elemento se acerca y relaciona con el sujeto incide e influye en la forma de manifestación y comportamiento resolutivo de éste.

    Dimensión Comunicativa

    Cuando se hace análisis de la cultura no puede faltar la inferencia de la dimensión comunicativa y mediática, particularmente cuando se hace respecto a la construcción de la cultura de participación y convivencia pacífica, fundamentalmente por el alto nivel de repercusión e interacción de los medios en la formación de las representaciones sociales respecto a la violencia y los conflictos.  Por ello, no se puede dejar de lado esta dimensión cuando se analiza medios alternativos para la resolución de conflictos –MARC- comunitarios y juveniles, puesto que ayuda a identificar cómo, para qué y por qué se articulan estos en el discurso de los sujetos participativos.

    Ésta se diferencia de la social, aunque se encuentra muy cercana y en ocasiones es considerada como una subdivisión. La dimensión comunicativa y los medios comunicativos formales o informales, respecto a los MARC y el sujeto, interactúan en la construcción de una cultura de participación y convivencia pacífica de éstos.

    Los sujetos se construyen en la dinámica de interrelación, interacción e intervención a través de las diversas dimensionalidades cognitiva (construidas desde las subjetividades del sujeto con la sociedad y su contexto),  social (desde las subjetividades del sujeto con grupalidades, asociaciones e institucionalidades), y comunicativa (a partir de las subjetividades de consumo y producción a través de medios formales e informales de producción cultural).

    A diferencia de la dimensión cognitiva, esta dimensión alude a una relación macro del sujeto con lo social, y en el marco de esta hipótesis se hace referencia particularmente a los medios de comunicación masivos, los grupos de resistencia y presión.

    Gráfico 4: Dimensiones de Análisis

    LÍNEAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

    En el marco de la intervención comunitaria siguiendo la línea de análisis ¿Qué respuestas debemos dar ante la presencia de conflictividad o problemas socio familiares en una comunidad?

    La identificación clara de los sujetos intervinientes es clave.  A nuestro saber serian tres sujetos, niños, jóvenes y adultos.  Catalogamos los escenarios de mayor conflictividad o los que presentan mayor grado de problematización y los ámbitos donde podrían encontrarse respuestas a estos, posteriormente definimos los mecanismos con los cuales se puede intervenir y su dimensión de relacionamiento con el “otro” y potenciamos los niveles de resolución de cada uno.

    Lamentablemente en este último lustro nuestro país no ha potenciado mecanismos alternativos desde la estructura del Estado, aunque desde la sociedad civil se intenta desarrollar programas y proyectos con corte integral para abordar esta problemática y mejorar la convivencia en las comunidades. Ejemplo de ellos son las defensorías comunitarias; por parte del Estado se encuentran implementadas las juntas de protección y con la nueva ley de educación se espera la conformación de las juntas educativas de protección y el fortalecimiento de los centros de mediación en la educación, con la expectativa de que no se conviertan en  nuevas estructuras judicialistas, como lo que sucedió con las Juntas de Protección de Derechos hace casi una década.

    En todo caso, es urgente para el logro de los objetivos propuestos de una intervención integral de resolución de conflictos a nivel comunitario, la implementación de cuatro líneas estratégicas desde el enfoque de políticas públicas, medidas de diferente índole, pero todas ellas necesariamente complementarias.

    Gráfico 5  Líneas estrategias de intervención

    1.- Líneas inclusivas

    Para la definición de esta línea estratégica hay que considerar dos elementos, uno de convocatoria y otro de inversión financiera.

    Para la primera hay que reconocer la emergencia de profesionalización y formación en el ámbito de la mediación, ésta debe de ser amplia y no centrarse solamente en la esfera de lo jurídico, es una demanda recurrente para la construcción de un Estado relacional, donde el mediador no sea solo el profesional judicial, sino que se incorpore a los ciudadanos indistintamente de su raíz profesional o académica. Si bien en nuestro medio se ha comenzado a producir los esfuerzos y recursos desde el Estado, aun son limitados.

    En este proceso debe involucrarse no solo a los organismos no gubernamentales de la sociedad civil sino también a las organizaciones sociales y populares con vocación y compromiso “Social” con sus comunidades, brindándoles las herramientas necesarias para el ejercicio de las estrategias alternativas de resolución de conflictos, y por sobre todo promover estrategias de protección al ejercicio profesional y la valoración social y mediática de esta.

    Por otro lado, la definición estatal de líneas presupuestarias y de recursos que promuevan entre los diversos actores sociales la incorporación de estos mecanismos en sus actividades y proyectos cotidianos de intervención comunitaria.

    2.- Línea Normativa

    Esta línea es fundamental para poder intervenir con metodologías alternativas para la resolución de conflictos, no solo comunitarios, sino de manera integral ante situaciones cotidianas conflictivas entre pobladores o ciudadanos.   Existen varias normativas y decretos que exigen por ejemplo la utilización de MARC en conflictos, pero las mismas no contemplan claramente los mecanismos ni los presupuestos para hacerlos viables.

    Otro elemento, es la falta de actualización de las mismas  cotejándolas con los mandatos constitucionales vigentes y el modelo de Estado relacional que la norma máxima pretende construir. Para ello, es esencial la incorporación de los ciudadanos en la proposición de estas reformas normativas y la apertura de las entidades púbicas y los gobiernos locales a fin de adecuar sus normas y prácticas a este nuevo paradigma de la mediación, posibilitando y dando herramientas a los ciudadanos para su efectivo ejercicio.

    3.- Políticas Públicas

    El Estado relacional exige una intervención inmediata y urgente a una sociedad civil desestructurada e inactiva ante el cambio de paradigmas y la incidencia gubernamental y política coyuntural, promoviendo la implementación de redes sociales, nuevos procesos organizativos y asociativos con el enfoque constitucional y promoviendo una cultura de participación y convencía pacifica para la resolución de los conflictos sociales y comunitarios. Por ahora el manejo de las políticas sociales en este ámbito ha sido bomberil, es decir, intervenir sobre los incendios.

    Otro tema importante, que si contempla el Plan Nacional del Buen Vivir, es la intervención territorial con un enfoque temático y sectorial para atender la realidad y problemática de la población, pero ha existido inoperancia -por no decir negligencia- en la implementación de estas en articulación con los actores sociales.

    Solo si se logra consolidar desde la política pública redes y organizaciones fuertes se podrá manejar un escenario de previsión de conflicto desde los propios actores y sus realidades cotidianas, pero para ello, muchas de las instituciones públicas intervinientes deberán apropiarse del nuevo paradigma y comenzar a ver los conflictos con prácticas de cogestión con la comunidad y no solo como administradores, tutores o sancionadores de estos.

    El reto en última instancia en la definición de políticas públicas está no solo en el cambio de paradigma de los ciudadanos y servidores púbicos, ni siquiera en el mejoramiento de algunos de los servicios públicos de manera desarticulada entre los diversos sectores del Estado, sino el resituar la construcción de una cultura de participación y convivencia pacífica como política prioritaria para mejorar las condiciones y situaciones de vida de los ciudadanos y potenciar su desarrollo endógeno y armónico para el Sumak Kawsay.

    4.- Instrumentalización

    Finalmente la instrumentalización en el diseño de procesos de profesionalización y formación reglada que dé acceso a los ciudadanos de las comunidades y no solo se centre esto en los ámbitos una titulación profesional, del ámbito jurídico o de cuarto nivel. Para los mediadores comunitarios se hace urgente la formación en contenidos para la resolución de sus conflictos cotidianos, contenidos que les sierva para abordar conflictos del diario vivir en la comunidad, que desarrollen sus habilidades y destrezas para la identificación de problemas, prevenir el conflicto y establecer relaciones de confianza y buen vivir en la comunidad.

    Tanto desde la comunidad académica, como desde las organizaciones sociales, debemos transparentar y sistematizar nuestras experiencias y decir  exigir lo necesario y justo para la construcción el nuevo modelo de estado en gestión.  Hay mucho que decir y mucho que hacer planteándonos un proyecto conjunto de sociedad capaz de ejercer sus derechos y vivir el Sumak Kawsay para todos y todas.

    En todo caso hay que tener presente que no podemos implementar estrategias, analizar o actuar sobre los problemas y conflictividades sociales y comunitarias a partir de los viejos paradigmas o esquemas del conflicto y pleito. Hay que adoptar los nuevos paradigmas de la reconciliación, la convivencia pacífica y la resolución alternativa de estos, hay que potenciar los niveles de relacionamiento entre los diversos sujetos y escenarios en los que operan, considerando sus temporo-espacialidades como ciudadanos o pobladores de una comunidad específica.

    Continuando, las líneas estratégicas propuestas deben ser consideradas como elementos sistémicos, interactuantes para la implementación de un nuevo modelo de relacionamiento ciudadano, -una cultura de participación y convivencia pacífica-.  Por consiguiente y al mismo éstas también se convierten en pilares de un nuevo modelo de desarrollo para y desde el Estado.

     Gráfico 6 Pilares estratégicos

     CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES Y RIESGOS

     La promoción de medidas alternativas para la solución de conflictos de carácter socio comunitario supone una oportunidad para devolver al sujeto y ciudadano su dignidad y su capacidad para gestionar y resolver sus conflictos, y a la vez es una herramienta educativa que permite pre-visualizar los futuros conflictos con enfrentamientos que pudieran darse en la comunidad intervenida. Ofrece sin lugar a dudas un espacio para expresarse abiertamente aunque su expresión no resulte satisfactoria para alguna de las partes. La tarea nuestra como mediadores no es tomar partido sobre lo correcto o incorrecto de esta apreciaciones y expresiones, sino ayudar al sujeto a identificar y analizar sus posiciones contribuyendo a su desarrollo personal y social con la utilización y promoción de herramientas que le ayuden a superar sus paradigmas del conflicto, litigio y pleito.

    La mediación comunitaria posibilita al ciudadano un espacio de encuentro donde la palabra es la herramienta fundamental, ésta  posibilita su armónico desarrollo tanto psíquico como social.  Es un espacio donde reduce la presión y se le ofrece la oportunidad de aprender a aceptar la existencia de problemas que le afectan y al mismo tiempo identificar posibles soluciones a los mismos para promover una convivencia pacífica y de gestión del conflicto.

    Como mediadores debemos considerar fundamentalmente la promoción de una atmósfera relacional entre los diversos sujetos que intervienen en la comunidad.  Hay que tener en cuenta que nuestra tarea es esencialmente pre-visoria y persigue o debería perseguir la cohesión social del sujeto como ciudadano capaz de ejercer y exigir cumplimiento de sus derechos en un clima de convivencia pacífica, para que el proceso relacional entre él y los otros no se vea gravemente afectado.

    A fin de institucionalizar la mediación comunitaria como una herramienta básica de intervención y gestión social, debe promoverse como una política pública el involucramiento de todas las instancias del estado desde el principio constitucional de la subsidiaridad y la justiciabilidad, imbricando en el pensamiento y accionar de todo servidor/a público/a el encuentro con metodologías que ayuden a pre-visualizar el conflicto ante la presencia de diversos problemas de carácter comunitario.   Ante esto, una realidad que nos ha afectado durante varios años ha sido la inoperancia de las instancias públicas en su capacidad de dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. En el marco de las políticas públicas esta insuficiencia institucional ha sido grave, lo que ha devenido en la incapacidad de la ciudadanía en la toma de decisiones no sólo sociales o políticas, sino en la incapacidad de respuesta a las conflictividades cotidianas que se le presentan.

    La institucionalización de la mediación comunitaria atraviesa desde un enfoque de políticas públicas el enfrentamiento a las diversas formas de exclusión a los que están expuestos los ciudadanos en la vida comunitaria y particularmente los niños y jóvenes.  El reto actual de las Políticas públicas es construirse a partir de un enfoque integral, y al decirlo así, nos referimos a que asuman que su intervención está dirigida a hacer ciudadanas y ciudadanos en una territorialidad, en un tiempo y un espacio definido.  Por ello, el planteamiento de las políticas públicas prevé desplegarse desde una visión integral e integradora de las situaciones y condiciones en las que viven los sujetos a intervenir, respetando y de ser el caso readecuando percepciones y sentires respecto a la realidad que les afecta, las dimensional y tal vez, sobre las cuales ellos construyen o deberían reconstruir una cultura de convivencia pacífica.

    La integralidad de las políticas públicas incluye no sólo las localidades del problema o del conflicto, sino los elementos residuales de su entorno.   Si bien la primacía de la intervención es el sujeto o los sujetos en conflictividad, la responsabilidad de intervenir en el contexto es focal y reside en el ámbito relacional y educativo o pedagógico que pueden tener los métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad.  Es decir, educar a todos los sujetos en identificar y potencializar sus mecanismos y estrategias de desarrollo social y personal -como ciudadanos- identificando los diversos problemas asociados al conflicto que pueden o podrían generar las otros conflictos subsiguientes luego de la intervención.

    Las políticas públicas de intervención con métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad no son estrategias de instauración inmediata o de implementación por mandato, es importante que los gobernantes asuman la responsabilidad de iniciar y vincular a profesionales no sólo del ámbito jurídico, sino otras disciplinas y ciudadanos con vocación resolutoria de conflictos para incorporarlos en la articulación y construcción de este nuevo paradigma conciliador y pacífico en las comunidades en el marco del constitucional y la vivencia en Sumak Kausay.

    Mejorar el contexto de desarrollo de los y las ciudadanas con un enfoque de pacificación o de convivencia pacífica, significa mejorar las condiciones de desarrollo integral incidiendo en la actitud que esta comunidad tendrá para con sus ciudadanos, para con la sociedad y sobre su capacidad de percibir los problemas, de prevenir los conflictos y sus predisposición a la resolución de estos en caso de presentarse.

     DMQ, 17 de Mayo de 2011

     
  • walterfernandezulloa 10:29 el 22 October, 2010 Enlace permanente | Responder
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    Guayaquil, Septiembre absurdo y conflictividad Social 

    Como señalan los medios de comunicación, el día mencionado se dieron situaciones de público y notorio conocimiento, particularmente en el sector de la Isla Trinitaria, los vecinos, vecinas y sus hijos e hijas cual “pirañas hambrientas”, arremetieron contra la propiedad privada en los alrededores de sus comunidades, locales comerciales de distinta índole fueron saqueados y literalmente vaciados durante todo el día, llevando no solo productos alimenticios, sino mercadería diversa como electrodomésticos, computadoras, y hasta perchas y sanitarios; en las imágenes presentadas por un canal televisivo local se podía observar que varios de los locales “asaltados” quedaron convertidos en canchones desolados de  cuatro paredes.

    Guayaquil Septiembre absurdo y conflictividad Social (ver documento completo).

     

     

     
  • walterfernandezulloa 12:10 el 1 October, 2010 Enlace permanente | Responder
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    Entre la subordinación y la sublevación: Análisis de una contrarevolución 

    ¡Cuán terrible es la ignorancia! ¡Cuán terrible la voz silenciada! ¡Cuán terrible la soberbia! ¡Cuán terrible el envileciendo de unos y otros que no miden el valor de la vida, y la sangre del hermano!.  Los hechos acaecidos el día de ayer 30 de septiembre, un “septiembre tonto”, para los procesos de transformación profunda de la República, nos lleva a reflexionar y analizar lo acontecido.   Si bien, el Estado y la revolución ciudadana que lo lidera, ha mejorado indudablemente las condiciones económicas de los miembros de la policía “estatal”, es cierto que existen también varios factores que desde adentro de la institución policial llevaron a los “incontrolables” sucesos del día jueves, de una paralización pasaron a una sublevación de la cual ya no tuvieron control.

    El cuerpo policial, a denostado un alto grado de abandono en su propia seguridad física, mental, familiar y socio-cultural, recordemos que por su estructuración jerárquica estos ciudadanos no han tenido voz a lo largo de la vida republicana, han vivido sumisos en una cadena de subordinación y olvido de sus condiciones particulares, formación profesional y no solamente me refiero a la certificación en el uso de armamento, sino a su profesionalización humana y las alternativas de incorporación a la vida civil luego de su carrera de servicio.

    ¿Cómo el Estado y la República está protegiendo a los ciudadanos policías, ante una normatividad que les desprotege en caso de juicios por sus acciones y tareas cotidianas? ¿Cómo el Estado les está protegiendo de los contrajuicios y atentados a los cuales se ven avocados luego de sus diligencias en la lucha contra el hampa y la delincuencia ordinaria y organizada? ¿Cómo se protege a sus familias por la loable tarea que en el cotidiano enfrentan?

    Sin justificar sus errores u omisiones, ¿Habrá de analizarse el por qué del surgimiento de un nuevo actor social olvidado por la sociedad ecuatoriana en su conjunto?, un actor que desde milenios no ha tenido voz, no ha tenido presencia, igual que otros actores que en su momento intentar de la manera más burda y manipulable hacerse oír, indistintamente de la motivación como en este caso lo fuera “sus aspiraciones salariales”.

    Todo ciudadano indistintamente de su clase social tiene un amigo o conocido policía, ahora mucho más cerca con la llamada “policía comunitaria”, que si bien se encuentra a dos pasos de la comunidad no logra hacer una sinergia con la misma.    Los imaginarios de parte y parte están errados en este “Estado relacional” que con el nuevo marco constitucional pretende construirse.  Unos en la seguridad que lo que deben hacer es vigilar y controlar al otro y un ciudadano que ve con desconfianza y sospecha del propio vigilante.   En este marco el actor “policía”, y conscientemente no digo “fuerza policial”, es un actor actualmente sin una claridad identitaria, es un actor publico que interactúa entre dos aguas, dos funciones la ejecutiva y la Judicial sin más tarea que obedecer a la función judicial a través de la fiscalía para actuar y a la espera de una gratificación de la ejecutiva, y al mismo solo espera el abandono de ambos en caso de incurrir en un equívoco.  Analícense los casos importantes de narcotráfico, trata, explotación sexual, entre otros y la forma en que han sido protegidos o atendidos por parte del Estado.

    Es tiempo de darnos las manos y caminar juntos en miras de una sociedad en convivencia armónica y por otro en conjunto recuperar el espacio público que poco a  poco hemos ido abandonando y que ahora solo sirve para la confrontación, la violencia y el delito.  Y cuando me refiero al espacio público no me refiero solo a las estructuras arquitectónicas públicas o a las plazas y calles, me refiero al interespacio que habita entre cada uno de nosotros, lo cual en otro momento intentare reforzar como categoría de seguridad ciudadana.

    Un leal policía y un joven ciudadano han muerto, quizás otros se encuentren en la lista como homicidios comunes de los actos delictivos y no cuenten en la estadística de este “septiembre tonto”, absurdo y sin razón.

    La Revolución Ciudadana no puede retroceder, pero este suceso nos llama  a una profunda reflexión, ¿Estamos todos los ciudadanos inmersos en este neoproceso “ciudadano”? ¿Estamos consientes de los profundos cambios sociales y relacionales que la norma constitucional del 2008 contiene? ¿El Estado y sus gobernantes de la revolución han generado e implementado estrategias de dialogo y formación en la convicción de esos cambios al común de los ciudadanos? ¿Mas allá de los llamados comités de defensa de la Revolución se han promovido otras estrategias convalidando y valiéndose de experticias propias generadas por la ciudadanía? En lo personal creo que no, creo que si ha habido ciertos niveles de sordera, mudes y ceguera a los propios y dinámicos procesos de los actores invisibilidades por la “larga noche neoliberal”.

    El compañero Rafael, y digo compañero porque compartimos el pan de la Esperanza y la Fe  de una profunda transformación para la sociedad ecuatoriana, el mana que alimenta los sueños de una libertad verdadera de las cadenas de ignorancia, la pobreza y el abandono histórico de los sin voz.   Ciertamente como ciudadanos, humanos comunes y corrientes, estamos expuestos a la manifestación de nuestras emociones y sentimientos privados en lo público, pero ante una situación de riesgo se cometieron muchas inconsistencias que pusieron en riesgo no solo su integridad, sino también el proceso constitucional de Revolución, lo cual también debe ser reflexionado.

    ¿Acaso no existen procesos y procedimientos de seguridad del compañero presidente? ¿Por qué se lo dejo arriesgar a un seudo dialogo con la fuerza policial, – por cierto exaltada, confusa y desinformada- cosa que nunca había hecho ni con los indígenas, jubilados y maestros? La ética periodística también debe ser revisada, ¿Cómo se dio la información? ¿Qué imaginarios exacerbaron en los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a seguridad, criminalidad y violencia? ¿Acaso el discurso inicial de los medios de comunicación no promovió la criminalidad y la violencia particularmente en Guayaquil al declarar al país en plena indefensión?

    Ciertamente no habrá ni debe haber olvido, el perdón es una gracia que poseemos los hombres dignos, altivos, soberanos y convencidos de la revolución y sus momentos, el presidente lo entenderá en su momento, pero esto no niega la necesidad y sobre todo el derecho  de ejercer responsabilidades sobre quienes irrespetaron los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y de la república, puesto que están obligados a reparar esta violentación del orden constituido.

    Habrá que generar procesos de diálogo e información, cara a cara con estos actores y los actores presentes y afectados, positiva o negativamente, en todo proceso de ley no solo de la asamblea sino desde la revitalización de los cambios revolucionarios que se pretenden desde la función ejecutiva previo al los vetos presidenciales de cualquier norma, a fin de legitimizar y apropiar la ley en el alma de estos actores ciudadanas y ciudadanos de una misma república.

    Promover y generar una sociedad de ciudadanos y ciudadanas dialogantes, conciliadores y mediadores, a más de profundizar la formación política y defensora de la constitucionalidad. Revisar profundamente el ser, estar, hacer y quehacer de este actor nuevo la “Policía estatal” y su funcionalidad entre estas dos funciones, su pertinencia o segmentación entre las mismas y por sobre todo vigilar que los contrarevolucionarios no se escuden en el compadrazgo, la amistad y la lambucearía de poder y protagonismo.

    Hoy es el tiempo de la Revolución, sí,  pero con un enfoque renovado de apropiación y compromiso con los cambios y la transformación ciudadana, de proyectos y esperanzas consensuadas y dialogantes; de depuración, renovación y trasferencia de las y los revolucionarios comprometidos con este proceso y no solo de la policía.

    Abrazos compañero presidente, ¡Hoy, mañana y siempre viva por sobre todo la Patria!.

     
  • walterfernandezulloa 12:55 el 9 July, 2010 Enlace permanente | Responder
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    Justicia Restaurativa, niñez y paz 

    Tomado de la pagina:

    http://www.cuestionsocial.com.ar/notas.php?subaction=showfull&id=1276874013&archive=&start_from=&ucat=1&amp;

    Justicia Restaurativa, niñez y paz  (18/06/2010)

    … Aquí se trata fundamentalmente de derechos humanos: de derechos humanos de las víctimas, de derechos humanos de los victimarios, de derechos humanos de nuestros hijos, de derechos humanos de toda la sociedad. Y retomando lo que escuché en el día de ayer, me atrevo a recitar una frase del Preámbulo de la Declaración Americana
    de Derechos Humanos: “En repetidas ocasiones los Estados han reconocido que los derechos esenciales del Hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. Esto lo escribieron nuestros padres y nuestros abuelos de toda América en abril del año 1948, antes de que
    la ONU hiciera su Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en diciembre de ese año.

    Hombres preclaros de toda América, el doctor Hernán Santa Cruz de Chile, por ejemplo, redactaron el más maravilloso documento de Derechos Humanos de la historia de
    la Humanidad. Aquí en Bogotá, y en tiempos difíciles (1948 no fue un año feliz para Bogotá), que es donde se ve precisamente la hombría. La hombría o la feminidad, digamos. Donde hay que poner lo que hay que poner, porque en los tiempos fáciles todo es sencillo.

    Ese texto, que mi República ha incorporado abriendo el cuerpo constitucional, nos une a todos (porque Estados Unidos, por ejemplo, también lo firmó; estaba el Secretario de Estado Marshall participando en esa reunión), y lo tomó como fuente la viuda de Franklin D. Roosevelt, Eleanor, para el proyecto de Declaración Universal que elaboró la comisión que presidía honoríficamente.

    Nos une, claro que sí, y a mucha honra. ¿Por qué? Porque si no tenemos autoestima no saldremos de nuestros problemas. Para superar nuestros problemas necesitamos respetar nuestra historia, nuestras posibilidades, nuestro propio valor. Con gran apertura a todo el mundo, pero parados en lo nuestro y conscientes de lo propio.

    Por eso me remito a un texto americano, a un texto primigenio. Decían nuestros padres, nuestros abuelos –de distintos colores políticos, de distintos momentos de la historia americana– en nuestra Declaración Americana de Derechos Humanos, articulo VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especial”. Pues bien, la protección especial de la que habla el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene su antecedente en este artículo séptimo de nuestra Declaración.

    Todo niño: también el niño transgresor. Y de esto quiero hablar. El hecho de que uno de nuestros hijos –en mi caso ya de mis nietos– cometa una infracción, no lo excluye del universo de los niños: sigue siendo un niño. No es un ladrón petizo; sigue siendo un niño y tiene todos los derechos del niño.

    ¿Qué ha pasado en nuestra América para que en las últimas décadas hayamos cambiado la forma de ver y de juzgar a aquellos que fueron objeto de nuestro desvelo en estos textos, que en la historia de nuestros pueblos tienen siempre un lugar y hasta a veces un día de recuerdo porque protagonizaron episodios épicos de nuestra independencia? ¿Cuántos adolescentes empuñaron lanzas en el Pantano de Vargas? ¿Cuántos adolescentes formaron filas en el Puente de Boyacá, cuando se definió la historia? No eran los enemigos públicos número uno de nuestra sociedad. Y no pedíamos incriminación para ellos.

    Cuando estuvimos todos juntos, eran nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los protagonistas. El ala derecha del ejército del general Sucre en Ayacucho la comandaba el Gral. Córdova, que era un moreno veinteañero que puso el sombrero en la espada y dijo aquello de “¡Paso de vencedores!” Tomo prisionero al Virrey… y somos libres”

    Y ahí estuvimos todos juntos: uruguayos, paraguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos, panameños etc., etc. Todos juntos: la última vez que estuvimos todos juntos. Ojalá que el bicentenario nos vuelva a encontrar unidos.

    Y eran niños. Eran jóvenes. Y hoy, en cambio, alguien o algo o algunos o algo malo en nosotros nos los hace ver como el peligro en nuestras sociedades. Nos enfrenta en una guerra interna contra nuestros hijos. Los autores de todos los males, los que ponen en riesgo a toda la sociedad. Y en realidad son las víctimas de todos los males, los depositarios de los problemas que los adultos creamos y los instrumentados muchas veces para el delito por los mismos adultos de nuestra sociedad.

    ¿Qué nos ha pasado entonces para que en unos quince años todas las Repúblicas de nuestra querida América, de México al Sur, hayan endurecido sus leyes, hayan bajado las edades de incriminación para juzgar en algunos casos niños de 12, de 13, de 14 años? Una sola se resiste a bajar las edades. Y una sola -. Honor a ella, a la patria de Ayacucho, al Perú- cambió el viento y subió la edad de incriminación de 12 años a 14 años, rompiendo el mandato casi hegemónico de que hay que bajar las edades de imputabilidad. Las demás obedecimos la reducción de la edad como si fuera una panacea y llevamos a juicio penal, plasmado sobre el juicio de adultos, a niños de 12, 13 y 14 años.

    ¿Qué ha sucedido? Que hemos olvidado las verdaderas fuentes de nuestro derecho, que no nos llevan en absoluto a incriminar más chicos y cada vez más chicos, o sea, más niños y cada vez de menor edad. Sucedió que hemos perdido el Norte que nos permitía distinguir cual es la respuesta justa y rodeada por supuesto de derechos y garantías, entre adultos, de la respuesta justa a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, rodeada también de las máximas garantías. Sucedió que en esta pérdida de autoestima, en esta idea de que todo lo nuestro es defectuoso, de que nos tienen que venir a decir de afuera lo que debemos hacer, fuimos olvidando textos fundamentales.

    Y voy a recitar, si me permiten, otro texto, esta vez del Pacto de San José de Costa Rica. (Desgraciadamente no todos en América somos miembros de este Pacto, pero sí la gran mayoría, y a algunos nos costó mucho dolor y mucha sangre entrar en él). El Pacto toma como fuente el Pacto Internacional de la ONU del año 66: “Los menores procesados deben estar separados de los condenados –insiste en el principio de separación– y llevados con celeridad ante tribunales de justicia para su enjuiciamiento”.

    Eso decía el texto de ONU, y lo sigue diciendo: “llevados ante tribunales de justicia para su enjuiciamiento”. Una visión procesal correcta. Pero nuestra América corrige. Sí, señores, le corregimos el texto a la ONU, y miren lo que pusimos: “Artículo Quinto, inciso 5: Cuando los menores puedan ser procesados” (quiere decir que consideramos que puede haber casos en que no son procesados) “…deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento”. (La especialización del tribunal es un elemento de Derecho Constitucional regional desde el Pacto de San José de Costa Rica).

    Y aquí se abren las dos vías, el gran debate, las grandes opciones del derecho especializado en nuestra región.

    Quien pivota más sobre el texto de la ONU pensará en el enjuiciamiento, y con toda razón verá las garantías del enjuiciamiento, y discutiremos cuándo hay recurso de casación y pensaremos que qué feliz es el niño que tiene recurso de casación.

    Quien pivota sobre el Pacto de San José estará pensando que la finalidad no es el enjuiciamiento, que el enjuiciamiento es un medio –y no el único medio–, porque puede haber un modo de actuar que no sea el proceso y que no sea el enjuiciamiento. Este es entonces un tema de opciones constitucionales en el más alto nivel de los tratados de derechos humanos.

    Por supuesto, hablar de una justicia juvenil restaurativa es fundamentalmente pivotar, o sea apoyarse, sobre el texto del artículo 5, inciso 5 del Pacto de San José de Costa Rica. No de modo absoluto, porque habrá situaciones en las que será necesario el enjuiciamiento con todo su marco de garantías. Pero no serán todos los casos.

    Y lo dicen también los textos de ONU. Cómo me gustaría poder decirles: Miren, esto es novedad del año pasado (porque somos afectos a las novedades, a las modas nuevas). Pero no, no es tan novedoso esto. No puedo “vender” el producto diciendo que es el último grito de la moda, porque es del año 1985. Las Reglas de Beijing de las Naciones Unidas, que se hicieron sobre el texto en primera consulta de la Convención. La Convención sobre los Derechos del Niño debió haber sido votada en 1984, a los 25 años de la Declaración de 1959, pero por algunos problemas y por muchas controversias sólo fue sancionada años más tarde. Por eso las Reglas de Beijing, pese a ser 4 años anteriores a la Convención , son  un elemento interpretativo de aquella..

    Dice la regla 11: “Se examinará la posibilidad cuando proceda” –no siempre, sino cuando proceda- “…de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes mencionadas en la regla 4 para que los juzguen oficialmente”. (Esas autoridades competentes son los tribunales especializados). Y agrega: “Los que se ocupen de casos de adolescentes de menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente sin necesidad de visto oficial con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los principios contenidos en las presentes reglas”. “Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de instituciones pertinentes de la comunidad u otro tipo, estará supeditado al consentimiento del menor, al de sus padres o su tutor. Sin embargo la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente cuando así se solicite”. Y termina diciendo la regla 11: «Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores se procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las víctimas”. Obsérvese que aquí aparece la restitución.

    Esto es texto de las Reglas de Beijing. Y por supuesto la Convención sobre los Derechos del Niño dice en el artículo 40 inciso tercero b),: “Cuando sea apropiado y deseable” (no siempre; este no es el remedio absoluto ni universal) “…la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”. Y después enumera en el punto 4 distintas alternativas.

    Quiere decir esto que hablar de una justicia que no somete a proceso no está en contra de
    la Convención.

    Nuestro continente es el continente que procesó más niños, bajando las edades de incriminación, en nombre de los derechos de los niños. Una contradicción que la historia, andando el tiempo y cuando ya los protagonistas de estas décadas no estemos, se encargará de develar.

    ¿Qué ha pasado para que, en nombre de la Convención
    y de los derechos de los niños, ultrajudicialicemos? ¿Qué pasó para que nos engañemos de modo tal que creamos que la ciudadanía de nuestros niños pasa primeramente por ser sujetos del derecho procesal penal? Y no cualquier sujeto: sujeto como incriminado, como imputado, como acusado por el fiscal antes de ser sujeto de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

    ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos cegó para que, de buena fe, hayamos creído que propiciábamos la situación de nuestros niños incriminándolos penalmente?

    Hoy es tiempo de pensar de nuevo esto, no solamente porque ha fracasado la incriminación temprana en toda América sino porque tenemos nuevos aires, nuevas recomposiciones en los marcos teóricos de estos temas, y porque podemos pensar que no es absolutamente necesario procesar al niño trasgresor para encontrar la finalidad que el propio niño en su interés superior, y la comunidad también –y entre ella la víctima–, quieren de la intervención jurídica.

    Hablar de justicia restaurativa no es hablar de un Estado cruzado de brazos o de una comunidad inerme. Al revés: es hablar de un Estado –como bien dicen las normas que acabo de leer– que utiliza otra vía. (Y, ya entre abogados, diría: esto no es abolicionismo penal; esto es derecho penal mínimo, o si ustedes quieren, y ya entrando en mayor tecnicismo, derecho penal de tercera vía).

    No quiere decir no hacer nada; no quiere decir falta de respuesta. Significa otra respuesta, que no es la pena (propia de los sistemas retribucionistas), que no es la medida de seguridad (propia del positivismo, que tantas veces se mencionó aquí, y que de algún modo es el padre del tutelarismo). Es una tercera vía que significa buscar múltiples caminos con la participación de todos.

    Justicia restaurativa significa pensar en la víctima (convidada de piedra en los otros dos sistemas), molesto personaje, a veces testigo, o testigo protegido quizás, pero nada más que eso.

    Porque en el sistema retribucionista, el robo que Juancito hizo a la señora Rosa de los pesos que tenía guardados para la operación de cataratas, no es una falta contra la señora Rosa sino una falta contra la Ley. Es una falta contra el Estado. Es el rompimiento de la sumisión del ciudadano al orden del Estado. Y esto nos viene desde los tiempos del Rey. Por lo tanto, la señora Rosa que venga, cuente y después que se vaya a su casa, que se las arregle como pueda y que se opere donde pueda. Eso no es cuestión nuestra, ni del fiscal, ni del juez, ni del victimario. Eso es otro problema. Qué me viene a molestar esta señora, si yo tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que juzgar el robo que le hicieron.

    Y en el tutelarismo, peor. Esa señora nos molesta en la tarea de rehabilitar a este pobre chico que como estrategia de supervivencia le robó a la vecina los pesitos que tenía guardados. ¡Pobre angelito!

    Y entre el “pobre angelito” de unos y el “hay que matarlos a todos” de otros –porque esas son las dos frases típicas– hemos hecho lo que tenemos. ¿Hay alguna frase distinta de «pobrecito» o «hay que matarlos a todos»? Claro que sí. Hay un camino diferente.

    El camino diferente es también pensar en esta señora Rosa por vía de mediación. Cuando se pueda, no siempre. Para llegar a mediaciones y conciliaciones primero hay que fortalecer a la víctima (cosa que hacemos muy poco). Yo no puedo enfrentar a una víctima asustada con su agresor; yo no puedo enfrentar a una víctima abandonada con su victimario.

    Hay un neologismo que personalmente me parece horrible: Empoderamiento. “El empoderamiento de la víctima”. Necesitamos trabajar con la víctima antes de lograr otro tipo de cuestiones.

    Y esto, señores, no es una utopía. Esto existe. Se prueba en distintos lugares, con distintos programas, aunque no hay uno igual a otro, porque en esto no hay recetas. Es un horizonte hacia el cual camina cada uno desde su lugar, al paso que puede, desde donde partió y por la senda que encuentra. Lo importante es que el horizonte sea el mismo. ¿Llegaremos? Al horizonte no se llega nunca, pero vaya si caminaremos hacia él. Y en el camino haremos las cosas juntos.

    En distintos países, como estamos viendo en este tan interesante Seminario, hay atisbos, comienzos, programas efectivos. Yo voy a contarles uno que relataron de algún modo ayer los amigos del Perú.

    Tomamos hace años una zona marginal difícil, el cerro «El Agustino», en Lima. Ciento ochenta mil personas en situación deprimida. Todos tenemos nuestra «Ciudad Bolívar» de Bogotá, nuestra «Ciudad Oculta» de Buenos Aires, las favelas de Río. Cada ciudad tiene sus lugares marcados como foco de delitos.

    Seis años de trabajo: nada es mágico, nada se hace sin constancia y coherencia. Coherencia significa no hacer un día lo contrario del otro; que alguien edifique y el otro venga el otro día y demuela lo que uno edificó para volver a edificar al día siguiente. Coherencia, entonces. Y también constancia. Y Tiempo: no hay resultados inmediatos.

    Al cabo del tiempo decidimos en las  5 Comisarías Policiales hacer un lugar digno de detención. Y entonces les pedimos la estadística policial: ciento ochenta detenciones de menores de edad al año. Yo sabía que era cierto, pero les dije: “Debe haber un error; son muy pocas detenciones para 5 Comisarías. Esto quiere decir que entre las cinco tienen día por medio un detenido y el resto está vacía. No puede ser, con la cantidad de delitos juveniles que hay en esta zona”.

    Volvieron al mes y trajeron la estadística revisada: ciento ochenta al año. Con lo cual dijimos: una sola comisaria, altamente especializada, y a lo sumo un lugar para tres chicos. Nunca se llena

    A eso se había reducido el delito. ¿Por magia? No. ¿Porque mejoraron fundamentalmente las situaciones sociales? Tampoco. ¿Porque desapareció la droga? Tampoco. Porque un chico bien atendido son cuarenta hechos menos, no uno.

    Todos lo sabemos: ningún adolescente planea el asalto al tren blindado inglés para irse a Río de Janeiro por el resto de la vida. Sale todas las noches a robar a un taxista. Hay una compulsión a la repetición. Por lo tanto cuando uno trabaja bien un caso, baja bruscamente la estadística de delitos juveniles, porque ese caso no se multiplica en muchos  más hechos.

    Y allí se había comenzado a trabajar con este instituto de la remisión. Principio de oportunidad le han llamado. Hay pequeñas diferencias técnicas. La Fiscalía, cuando se podía, no acusaba, no judicializada. Eso estaba en la Ley y no había habido experiencias en el Perú. Ese 3% de aplicación de principio de oportunidad que informaron entre ustedes es todavía mucho frente a lo que había allá. Hoy llega el 52% de los casos.

    ¿Pero qué quiere decir? ¿No judicializo y te vas a tu casa? No. El joven es atendido inmediatamente desde la detención por un equipo de defensa inmediata. Al primero que ve es a su defensor, antes que al fiscal. Un psicólogo, un asistente social… un miniequipo.

    La víctima es atendida por otro equipo, y cuando hay remisión hay un equipo de seguimiento socio-educativo que acompaña el caso por el tiempo necesario (en algunos casos más, en otros menos). En muchos casos lo acompaña al tratamiento por adicción, que es la verdadera causa de los problemas.

    Y para demostrar que esto no es una utopía, pongo este ejemplo peruano.

    En cambio que haríamos en Argentina. ¿Qué haría en mi país con un fiscal que en el 52% de los casos no acusa? Le piden la destitución, por  “Incumplimiento de deberes de funcionario” y “peligro para la comunidad”. Lógico: “ese fiscal está para fusilamiento, seguro que es un corrupto, ¡vaya a saber cómo le pagan los delincuentes!”

    En estos programas peruanos  –porque hay otro centro al Norte, en la ciudad de Chiclayo– por dos años consecutivos las fiscalías que lo aplican ganan el Premio Nacional de Seguridad Pública dado por las fuerzas vivas, por el establishment, que a menudo vive pidiendo sangre.

    Entonces, si se logra que el fiscal que no acusa gane el Premio de Seguridad Pública, algo está cambiando en nuestra América. Y les cuento esto no con jactancia; les cuento esto para señalarles que hay algo de utopía, pero una utopía real, una utopía posible, unas repúblicas hermanas que digan “estamos orgullosas de la fuerza vital de nuestros niños, estamos preocupados por lo malo de los adultos que proyectamos sobre ellos, y estamos decididos a trabajar sobre sus agresiones con una vía que no es la que reservamos para nosotros los adultos –que es el derecho penal–, sino en la medida de lo posible (no en todos los casos) con una vía alternativa que respeta los derechos de la persona humana de ese niño, que respete a la víctima y que le brinde a la comunidad lo que desea, que es vivir en paz”.

    Todos en América, en nuestra querida América, deseamos vivir en paz. Estamos hartos de la no-paz. La construcción de la paz es múltiple, es difícil –lo digo a los hermanos de Colombia–, pero es posible. Y tratar a nuestros hijos de un modo no violento es la primera piedra para construir Paz.

     
    • Diego 13:14 el 9 julio, 2010 Enlace permanente | Responder

      Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Tuesta, soy de Perú y tengo 18 años de edad. Actualmente estudio Ciencias de la Comunicación en la universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Para mi trabajo final estoy investigando la imagen del Perú en el exterior, para esto, estoy colectando diferentes opiniones de personas (conocidas) de diferentes países que respondan un cuestionario de 10 preguntas sobre el tema de mi trabajo. He estado leyendo su página y tiene muchos temas importantes, estoy buscando personas con diferentes intereses (música, educación, política, turismo, etc). Su opinión serviría de mucha ayuda para saber la imagen internacional de mi país. Muchas gracias. Me gustaría que me brindara algún correo en donde enviarle el cuestionario.
      Este es mi correo: diegoandre_074@hotmail.com

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  • walterfernandezulloa 10:14 el 22 June, 2010 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , ley, , , ,   

    PENALIZACION DE ADOLESCENTES 

    De: Bertha Patricia Sanchez Gallegos <patriciasg60@hotmail.com>
    Fecha: 21 de junio de 2010 15:43
    Asunto: FW: PENALIZACION DE ADOLESCENTES
    Para: Walter Norberto Fernández Uloa <ups.walter.fernandez@gmail.com>

    WALTER , ME PARECE MUY ATINADO Y OPORTUNO ESTE PEQUEÑO ENSAYO Y COMENZARE A DIVULGARLO LO MAS QUE PUEDA. TE FELICITO.

    UNA PREGUNTA, LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE, ENTIENDO, ES PENALIZAR A LOS ADULTOS QUE UTILIZAN A LOS ADOLECENTES EN ACTOS CRIMINALES, MAS NO A LOS ADOLECENTES? SIN EMBARGO, EL TEMA DE LA PARTICIPACION DE ADOLESCENTES EN ACTOS «CRIMINALES», NADA TIENE QUE VER CON LAS PENAS DURAS O NO SOBRE LOS ADULTOS QUE LOS UTILIZAN, SINO COMO TU DICES CON LA SITUACION DE EXCLUSION DE ELLOS EN LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO.

    ESTAS MEDIDAS EXPRESAN LA POCA CAPACIDAD DE POLITICAS SOCIALES INCLUYENTES Y PARTICIPATIVAS, QUE LASTIMA SI VIENE DE LA VANGUARDIA POLITICA..

    SALUDOS, PATRICIA SANCHEZ

    El 21 de junio de 2010 13:28, Movimiento de Niños Niñas y Adolescentes Guayaquil <mnnaguayaquil@hotmail.com> escribió:

    Subject: FW: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENA Y AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN
    Date: Mon, 21 Jun 2010 13:21:45 -0500

    Saludos cordiales,

    El Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil ha planteado en nuestra agenda de actividades realizar lo siguiente:

    1.- Reflexionar y analizar sobre el tema.

    2.- Veeduría y seguimiento en el tratamiento que se le da a los Adolescentes infractores.

    3.- Incidir en las reformas que se están haciendo al Código de la Niñez y Adolescencia  (Libro IV) con una propuesta.

    OBJETIVO GENERAL:

    Conocer y analizar la problemática para ser escuchados y escuchadas y llegar a consensos en la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia (Adolescentes Infractores) con las autoridades y demás actores sociales.
    Les recordamos que esto es un proceso que hemos estado realizando hace varios meses atras y en el cual hemos invitamos a todas las Organizaciones, actores sociales, grupos de participacion que nos acompañan, e instituciones que trabajan por y con los NNA de nuestro pais a que se unan a esta propuesta de aporte al codigo de garantias penales (Adolescentes Infractores)que estamos realizando.

    Hemos recibido varias sugerencias e informacion recientemente acerca de lo que estan organizando las demas instituciones pero despues de haber enviado varios correos mencionandoi nuestra propuesta recien recibimos respuestas del CNNA y el FORO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA de trabajar en conjunto ante esta Reforma al codigo de garantias penales (Adolescentes Infractores).

    Es por ello nuevamente el espacio del MNNA Gye da la invitacion a que las organizaciones nos apoyen en nuestra propuesta, puesto que con el acompañamiento de Cefocine y plan Internacional hemos realizado varios puntos mencionados en la propuesta de aporte como lo son los siguientes:

    1.- Recibir un primer taller de la Procuradora de Adolescentes Infractores Abg. Rocio Cordova, acerca del libro IV del CNA (Adolescentes Infractores). Esta capacitacion se dio el dia Sabado 12  de Junio en nuestras intalaciones de 14h00 a 17h30. En este taller se sugirio visitar el centro de internamiento de Adolecentes Infractores antes del siguiente taller de Analizar el Nuevo Anteproyecto del Código de Garantías Penales  (Adolescentes Infractores) Pronunciamiento Ministerio de Justicia.

    2.- El Viernes 18 de Junio a las 11h30 a 14h30 participantes del MNNA Gye realizaron la visita al centro de Internamiento de Adolescentes Infractores de Varones Ubicado en Babahoyo y Calicuchima. Tuvimos la oportunidad de conversar con 7 adolescentes que estaban alli por haber cometido diferentes actos delictivos. Varios de ellos tenian las medidas Socio-Educativas y otros No. Esto nos permitio darnos cuenta de la VERDADERA REALIDAD QUE ESTAN PASANDO LOS ADOLESCENTES EN ESTOS ESPACIOS, CONOCIMOS LAS RAZONES Y EL PORQUE DE SUS ACTOS, LA FALTA DE CONOCIMIENTO ACERCA DE SUS DERECHOS Y DEBERES Y SOBRETODO EL DESCONOCIMIENTO ACERCA DE LA REFORMA DEL CODIGO DE GARANTIAS PENALES DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES, es por ello que el trabajo que realiza el MNNA es amplio y dia a dia nos permite dar cuenta que aun falta muchisimo por hacer porque afuera existen millones de NNA, que necesitan ser atendidos, escuchados, protejidos y desconocen de aquellos espacios y organizaciones que trabajamos diariamente por ellos.

    Esta semana tenemos planteado recibir el segundo taller para Analizar Nuevo Anteproyecto del Código de Garantías Penales  (Adolescentes Infractores) Pronunciamiento Ministerio de Justiciacon la procuradora Rocio Cordova, puesto que el sabado 19 de Junio no pudo asistir al MNNA y lo continuaremos este sabado 26 a las 13h00 a 17h00 en nuestras instalaciones ubicadas en el Km 4 1/2 Via a la Costa Junto a las Instalaciones del INFA-MIES.

    Esa es la razon por la cual invitamos a todos y todas a trabajar por ellos y junto a ellos, con nuestras propuestas ya realizadas y establecidas, sabemos que muchos no estamos de acuerdo con la realidad de nuetro pais y de nuestros NNA, y esa es una fuerte razon por la cual debemos dejar de trabajar cada uno por su lado, pues todos tenemos un mismo fin el cual es exigir y garantizar los derechos de los NNA, este es nuestro compromiso como MNNA Gye.

    Esperamos una favorable respuesta de ustedes, estaremos enviando mas informacion referente a lo que estamos realizando.

    Adjunto nuevamente las sistematizaciones de nuestras reuniones y nuestra agenda, y agradeciendo por la informacion enviada de las estadisticas de adolescentes.

    MNNA GUAYAQUIL

    mnnaguayaquil@hotmail.com

    Diego Plua – 091953373

    Responsable del MNNA Gye

    diego.armando.1991@hotmail.com

    Priscilla Bravo – 090652084

    Responsable del MNNA Gye

    prisk_pau@hotmail.com

    Jose Antonio Acosta – 086725224

    Representante del MNNA Gye

    josichi_14@hotmail.com


    Date: Thu, 17 Jun 2010 14:49:02 -0500
    Subject: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENA Y AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN

    Cordiales saludos amigos y amigas:
    Como ustedes conocen dentro de la reformas propuestas por la Fiscalía Geenral del Estado al Código Penal vigente, dirigidas a visibilizar el tipo penal de sicariato, se incluye la propuesta de disminución de la edad de imputabilidad de los adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 años.
    Estamos todos de acuerdo en esto sería una violación de los derechos humanos, por eso solicitamos de la manera más cordial enviar cartas individuales a nombre del Fiscal Washington Pesantez, a los Asambleístas Vicente Taíano, y Ramòn Cedeño quien propone esto, adjunto a la presente encontraran documentos que servirán para la elaboración  de las comunicaciones:
    1.- El documento imputabilidad a adolescentes, se construyó conjuntamente con varias organizaciones y se presentó el día de ayer al Ministro de Justicia
    2.- las causas de intento y asesinato de adolescentes de 16-18 años en Centros de Adolescentes infractores,
    3.- porcentajes de infracciones de adolescentes a nivel del país.
    Esto es urgente no debemos dejar de hacerlo, recuerden que esto garantizará que se de cumplimiento a las normativas que tienen que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes y Código de la Niñez y Adolescencia.
    Cualquier inquietud comuniquesen.
    Cordialmente,
    Lucy Vallejo
    Foro por la Niñez y Adolescencia


    Cesar Cardenas Ramirez
    Celular 097922220
    Tlf. 593-4-2314438-2560241
    Malecon 208 y Juan Montalvom Piso 3
    Guayaquil-Ecuador

    Gracias, por escribinos su mensaje es parte de nuestra lucha y compromiso para hacer de Guayaquil, del Ecuador y el Mundo un espacio con dignidad y justicia

     
    • walterfernandezulloa 10:25 el 22 junio, 2010 Enlace permanente | Responder

      Gracias Patricia,. comparto tu opinión el problema es que tras bambalinas desde hace casi seis meses se viene trabajando en conjunto con las fiscalias de America Latina la reducción de la edad en responsabilidad penal, el proceso en Argentina empezo con el voto optativo a los 16 años, igual que en Brasil, pero en Brasil por el mea culpa de la limpieza adolescente que se dio en la decada el 80 y 90, esta postura no maduro y se tomaron salvaguardas para los adolescentes, en cambio en nuestra constitución si bien so pretexto de la participación se otorgo el voto optativo, no se tomaron salvaguardas para estos adolescentes, actualmente Argentina esta apuntando a la penalización desde los 14 años, como estrategia para disminuir la criminalidad.

      El que sean 7 años, 15 o 30 es lo de menos, hay que apuntar hacia verdaderas politicas de inclusión y productyividad de los adolescentes y de las familias vulneradas en el alli kawsay.

      abrazos

      walter

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  • walterfernandezulloa 10:12 el 22 June, 2010 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , alcohol, , ley, , , ,   

    Penalización desde los 16 años 

    De: Sara Vicente
    Enviado: Mar,22 junio, 2010 08:20
    Asunto: Re: Sociedad de Exbecarios y Amigos de Israel Reforma Codigo Penal «penalización desde los 16 años»

    Estimado Walter:
    He leido con atencion el articulo enviado, pero quisiera reflexionar sobre el consumo del alcohol como un gran problema social y de salud pública, heredado de la colonia (pues nuestros aborigenes no consumian alcohol, lo trajeron los españoles), las estadisticas nos advierten de este gran problema, de los accidentes de tránsito que han dejado una secuela de muerte, enfermedad e invalidez tan alto, que figura entre las diez primeras causas de enfermedad y muerte, pero ello no parece preocuparnos en lo mínimo, pero si se reclama por prensa, radio y television la «libertad de expender alcohol», es decir la libertad de embrutecer con esta droga a nuestros niños, jovenes y adultos, sin importar para nada su salud mental, fisica y social, mas les interesa el negocio y las ganancias, la publicidad del alcoholismo y tabaquismo que es millonaria.
    Creo que deberiamos hacer causa comun con este problema que nos atañe a todos y todas, pues nuestros hijos e hijas crecen y se familiarizan rapidamente con esta problemática, sin que podamos contrarrestarlas, mas fuerte es la presion de los pares para demostrar su hombria, su valentia y su aceptación del grupo, que todo el afecto y orientacion que podamos brindar los padres o madres de familia. A este sistema social inhumano e inequitativo le conviene el negocio, el consumismo, las patologias para el negocio de la enfermedad y muerte, el crimen para el negocio redondo de abogados, del sistema judicial y legal; es un pena todo lo que pasa: se apunta a las consecuencias y no a las verdaderas causas.
    Sara Vicente
     
    • Luis Teràn 10:38 el 22 junio, 2010 Enlace permanente | Responder

      Bien Walter, agregar quiza que en estas discusiones no aparecen los propios adolescentes, que diran sobre estos temas? quiza como reflejo de la sociedad violenta en la que vivimos esten de acuerdo con la penalizacion y como poco o nada hacemos para cambiar esta rrealidad se seguira cambiando las leyes, el discurso de unos pocos pero la realidad seguira intocada.
      Miren todos los dias los niños y niñas juegan a matar y no hacemos mucho sobre eso por ejemplo.

      Abrazos desde Friobamba.

      Me gusta

    • walterfernandezulloa 10:19 el 22 junio, 2010 Enlace permanente | Responder

      Estimada Sara comparto tu opinión respecto al consumo de alcohol, creo y estoy
      convencido que hay que tomar medidas, pero en politica publica, cuando se
      plantea mal un problema no se soluciona nada porque tambien se plantea mal la
      solucion, es el caso de la medida, si se la tomara concientemente para disminuir
      los indices de accidentes de transito y la muerte por consumo de alcohol
      asociado al conducir, inebitablemente de acuerdo. El problema es que se
      plantea como parte de la solución a la problematica de criminalidad, violencia
      social y sicariato, por lo cual la medida no ayuda en nada a solucionar la
      probelmatica real a quererse tratar. Y más bien no entre al analisi de la
      medida sino que lo tome como referente a la cosntrucción de un Estado tutelar
      del ciudadano.

      abrazos

      Walter

      Me gusta

  • walterfernandezulloa 14:18 el 21 June, 2010 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , , , , , ley, , , , ,   

    Reforma al Codigo penal y penalización adolescente desde los 16 años 

    Ante el convencimiento del Sr. Presidente de la República, y las voces alzadas y clamor a favor de la “seguridad” ciudadana, el Ecuador parece haber acogido una política regresiva en el marco de derechos humanos de la niñez y adolescencia, si bien hace algunas semanas hablada de la necesidad de imbricar a un “Estado Relacional”, bajo el discurso de la seguridad ciudadana estamos ante la imposición de un “Estado Tutelar” en la relación con la ciudadanía.

    Ahora el Estado pretende legislar sobre lo que está o no permitido a la ciudadanía, por ejemplo el caso del consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, sin sustento real sobre la problemática de criminalidad, ciertamente si este fuera el problema de fondo,  de la criminalidad, las sociedades modernas hubieran tomados hace tiempo esta medida tutelar.   Pero no es respecto a esto a lo que me referiré en estas cortas líneas.

    Lo realmente preocupante, y en la lógica de un comportamiento tutelar del Estado, se discuten en estos días las reformas al código penal el cual denostadamente pretende dar continuidad a la corriente latinoamericana de la punibilidad adolescente, responsabilizando en un rasgamiento de vestiduras a los adolescentes del alto índice de criminalidad en la sociedad ecuatoriana, y en una medida paradójica de protección de los mismos se pretende penalizarlos a partir de los 16 años y recluirlos en nuestro “curado” sistema carcelario.    En el afán buen intencionado de “protegerlos” para que no sean victimas utilizados por el crimen organizado, ya que se juegan sanciones de hasta treinta años de prisión.

    Este articulo pretende analizar y reflexionar sobre los riegos que tienen en vientos de «revolución», cuando en el 2008, se discutía la constitución pusimos reparos varias organizaciones y pronosticábamos que la puerta abierta del voto optativo a los 16 años es una buena escusa que sumada a la «percepción de inseguridad», generarían en los jóvenes y adolescentes el inicio de la punibilidad a estos en no más de 2 años, hoy 2010, a más de otras situaciones de vulnerabilidad como la explotación y el turismo sexual con esta población.  Por ello, en ese entonces se pidió que se incorporen mecanismos de protección a lo cual se dijo que era suficiente la institucionalidad del Consejo Nacional de la Niñez, hoy vemos que no es así.

    Los puntos de vista a favor de esta medida consideran entre varios puntos a favor los siguientes:

    En el marco constitucional de la no regresividad consideran progresivo que los adolescentes vayan asumiendo responsablemente sus derechos políticos, el de elegir, por lo cual poco a poco deberán ir asumiendo sus derechos políticos en su totalidad, esto amparado en el marco de la participación ciudadana del adolescente.

    Otro matiz es el de la “percepción de inseguridad” que dan los adolescentes en las calles al común de la ciudadanía y su manipulación por parte de grupos delictivos organizados, ya que amparados en la inimputabilidad de los menores de edad son presa fácil de estos grupos a fin de convertirse en herramientas del delito.    El supuesto básico es que al penalizarse a los adolescentes estos “pensaran” dos veces, o quizás más en asociarse a estas redes que, pensando infantilmente, los dejaran de utilizar para fines criminales, ya que la sanción sería igual a la de los adultos.

    También, se justifica la medida en la falta de ley que garantice la “seguridad” a los ciudadanos o la inaplicabilidad de las mismas por parte del sistema judicial, al mismo que manifiestan a viva voz que los “crímenes” o delitos cometidos por los adolescentes es alta, sin mostrar un estudio claro y  contundente sobre esta “realidad”.

    Y por otro, hablando de la larga noche neoliberal, habrá que preguntarse si no estamos ante el amanecer de un nuevo orden neoliberal, al aplicarse las mismas medidas y estrategias que el sistema político anterior imponía a la clase desprotegida y sumida en el abandono.

    Es claro mencionar que a voz populis desde el 2005 se venía hablando en los medios de comunicación y organismos académicos y sociales del surgimiento de escuelas de sicariato y criminalidad en los sectores de Bastión Popular y Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, particularmente desde que algún alcalde tubo la brillante idea de regenerar los espacio recreativos juveniles de estos sectores para convertirlos en mercados municipales.

    Ante esta realidad inminente algunos se rasgan las vestiduras, a atinan a manifestar que el derecho a la participación de los adolescentes “no les da el derecho a robar, claro, ni asaltar o matar”, por ello la sociedad tiene que protegerles y protegerse de ellos.

    Ciertamente nuestra legislación tiene inconsistencias de orden normativo, técnico y político, y permite muchas subjetividades en su interpretación y aplicación, pero esto tampoco justifica la violentación de los derechos de los adolescentes.    Ante esta posibilidad valen algunas apreciaciones:

    La mayoría de edad en la época postcolonial se adquiría a partir de los 25 años, y por ley del Congreso en 1852 se permitía a los “menores” desde los 21 años asumir ciertas responsabilidades como el trabajo y el matrimonio, a partir de la ley del 23 de Octubre de 1985, se habilita a los menores huérfanos mayores de 18 años a ejercer responsabilidades civiles. A pesar de estas medidas de protección los hijos ilegítimos y huérfanos podían ser juzgados desde los 10 años, ante esta problemática en 1937 se redacta el proyecto del Código de Menores, el cual es aprobado en agosto del 38 y entre los considerando el Jefe Supremo de la República reflexiona “…el problema de la delincuencia infantil en el Ecuador no ha sido resuelta todavía, puesto que los niños que cometen faltas son enviados a las cárceles a adquirir vicios que no los han tenido…, siendo necesario tratar el problema desde los puntos de vista médico, pedagógico y jurídico… con el fin de arbitrar las medidas técnicas contra la delincuencia juvenil” (acuerdo 123, de 13 de diciembre de 1937).

    En esencia no voy a referirme a la doctrina o pensamiento de la época respecto al adolescente, lo importante es rescatar el principio de la no regresividad en los considerando del código de esa época, refiriéndose a que el encarcelamiento de los adolescentes no resuelve el problema que nos atiende.   En tal caso, so pretexto de un medio derecho político adquirido no puede regresarse a una situación de vulnerabilidad de la integralidad de los derechos que emanan de la condición adolescente, puesto que por norma constitucional e internacional adscrita por el Estado Ecuatoriano no puede regresarse a instancias o prácticas anteriores a la cobertura de los derechos ya emanados.

    El Dr. Jorge Zabala Baquerizo para 1982, consideraba que el menor de 14 años es responsable de sus actos y por ende desde esta edad deberían ser procesados penalmente, actualmente es preocupante esta corriente que está cogiendo cuerpo, tal cual se lo vivió como medidas que en su tiempo fueron tomadas, por gobiernos de facto, Chile y Argentina; pretender tomarlas en un proceso de “Revolución Ciudadana”, sería graso error que pretendería como trasfondo cual usanza de los gobiernos antes mencionados ser utilizaba para acallar la voz fresca y transparente de la juventud y adolescencia de la sociedad.  Regresar a la punibilidad de los adolescentes es regresar a la prehistoria de los derechos y afianzar un Estado farsante, intolerable y tutor de la vida del ciudadano.

    Ante este mar de percepciones cual debería de ser el accionar del Estado y la sociedad “ciudadana”, considero algunas líneas de acción.

    Si bien, el sistema penal y el sistema de reeducación de adolescentes tienen como objetivo “la re-incorporación” de los sujetos a la sociedad, es claro que esta misión no se ha cumplido en ninguno de los casos y solo ha llegado a perfilarse una visión privativa de la libertad, de encierro y alejamiento temporal del delincuente o infractor de la sociedad.   En tal caso el Estado debería hacer mea culpa sobre su accionar en los sistemas carcelarios penal y reeducativos, no solo en la política de inversión en infraestructura sino también en la política de rehabilitación y reincorporación de estos ciudadanos a la sociedad.   En el ámbito particular de adolescentes vale preguntarse cómo se encuentran las infraestructuras de los centros de reeducación, cuantos profesionales tienen, tanto en el área educativa, psicológica y de formación técnico profesional por cada adolescente recibido en estos.   Cuáles han sido las políticas de reincorporación a la familia y comunidad, como se está utilizando la estrategia de la corresponsabilidad y la cogestión de este sistema con la familia y la comunidad de los afectados. Hacer estudios objetivos de la realidad de estos centros en cuanto a su eficacia respecto a su misión, solicitar una rendición de cuentas a las organizaciones que con recursos del estado brindan atención a población vulnerable como niños y adolescentes de y en la calle, trabajadores, en abandono, etc. o ¿acaso esta no es población que se volverá caldo de cultivo para procesos posteriores de deterioro social?.

    Diseñar y aplicar políticas preventivas y de atención primaria como en los casos de Bélgica y Chile con los programas “primera vez”, donde el Estado y la Sociedad incorporan al sistema de protección a los adolescentes que por primera vez son procesados por infracciones o delitos, ejerciendo la estrategia de la corresponsabilidad y cogestión en coordinación con la familia, la comunidad y organizaciones sociales cercanas a éste, ya que el problema real de la criminalidad, claro exceptuando las psicopatías, deviene en que la gran mayoría de adolescentes en nuestra sociedad viven en un submundo de carencias afectivas, económicas y sociales que afectan su percepción del mundo, la justicia, la equidad y la solidaridad, sin acceso a oportunidades, actividades recreativas y a un futuro que como revolucionarios ciudadanos quisiéramos tener y compartir con nuestros hijos.

    Recluir por más años a los adolescentes no es una medida de protección ni para el adolescente ni para la sociedad, y pensar que incrementando penalidades o sanciones de hasta 30 años a estos va a disminuir su utilización para la criminalidad organizada, más que una irresponsabilidad es una jurisprudencia infantil y vana.

    La percepción de apoyo a los adolescentes y jóvenes con historial de infracciones publicitado en los medios de comunicación, recuerdo hace poco en alguna de las comunidades que visito, un adolescente se me acerco luego de un taller de emprendimientos y me comento “…ya he visitado varias organizaciones del Estado para que me ayuden a poner un taller de arreglo de bicicletas, pero parece que para que te ayuden debes ser primero pandillero…”.   Acaso el Estado a través de las políticas gubernamentales no está enviando el mensaje equivocado.

    Es claro que la ley, como casi siempre, pretende cumplirse desde el más débil, desde el más vulnerable el adolescente y porque no decirlo con claridad el adolescente en situación de pobreza y marginalidad, los que sin mayor esfuerzo serán “sujetados por el largo brazo de la ley”; y qué se hace con quienes les manipulan y utilizan para la realización de actos delictivos o criminales.  Ciertamente en esto juega un papel preponderante los medios de comunicación y la opinión pública y no es que se quiera a través de este artículo restar importancia a la muerte de cualquier ciudadano en manos de algún adolescente, pero si es importante que la ciudadanía, la sociedad y el Estado hagan mea culpa de una realidad que requiere de decisiones políticas contundentes de protección de la ciudadanía en un marco de derechos de cómo, cuándo y con quien tomar medidas, más allá de la simple reclusión o encarcelamiento de la problemática, obviamente el incremento de estas penas no ha incidido ni incide porcentualmente hablando en la disminución de los delitos.

    Sincerémonos primeramente, antes de cometer tal aberración utilicemos las herramientas que la modernidad nos ha proporcionado, la mediación y la conciliación temprana es una de las herramientas claves para la salida de este atolladero llamada “inseguridad ciudadana” ¿el Estado ha implementado estas herramientas más allá de su declaratoria en las leyes?  ¿Cuántos centros de mediación de resolución alternativa de conflictos ha implementado el Estado, cuantos ha auspiciado desde un enfoque social y no judicial? ¿Qué ha hecho con la ley de mediación y su incorporación al imaginario de la ciudadanía para enfrentar los conflictos en la comunidad, en la escuela, en la familia?

     
  • walterfernandezulloa 11:09 el 6 April, 2010 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , ley, , , proyecto,   

    Proyecto Ley de Educación 

    Hablando de Revolución, es el momento de dejar las medias tintas y enfrentar con ansias y racionalidad al monstruo educativo que tanto daño nos ha hecho como pueblo y como Estado.

    Comparto el Proyecto de Ley de Educación y el borrador par el segundo debate.  Pensemos en una educación Integral, un sistema que articula y se desarrolle en armonía con todos sus elementos; en una educación Integradora al sistema de Estado, a su modelo de desarrollo y Sumak Kawsay de los ciudadanos-as que inter-relacione e inter-actue con el Sistema de Salud, Producción, Empleo, Etc. en el marco de los derechos fundamentales vida, desarrollo, protección y participación.

    Pensemos, soñemos y propongamos un Sistema Educativo Intercultural sin parcelas y getos; con presupuesto ciudadanizado y terrritorializado; con un curriculum compartido entre el Estado y las nacionalidades, pueblos y comunidades.

    Propuesta de Ley Orgánica del Ministerio de Educación

    Borrador de Ley para Segundo Debate

     
  • walterfernandezulloa 13:20 el 24 February, 2010 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , ley, , ,   

    Ley de participación Ciudadana 

    Ley de Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea Nacional y en espera de la aprobación o veto de la Presidencia.- Es de suma importancia que los ciudadanos nos empoderemos de la misma y la discutamos, puesto que la participación ciudadana en su expresión maxima estaría en rioesgo de convertirse en una utopia. Lo cual sería criminal para el desarrollo social de un Estado Plurinacional como el nuestro.

    Ver archivo: Ley Participación Ciudadana

     
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