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  • walterfernandezulloa 11:53 el 20 September, 2017 Enlace permanente | Responder
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    A LA CIUDADANÍA
    Ante la delicada situación política que vive el país, los Consejeros y Consejeras Suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, 2015-2020, abajo firmantes, expresamos lo siguiente:
    1. Deslindamos nuestra responsabilidad sobre las actuaciones de los miembros principales del actual CPCCS. Durante los años que se encuentran en funciones, no hemos actuado en sesión alguna del pleno del Consejo, ni participado en ninguna actividad.
    2. En ese marco, las cuestionadas designaciones de Contralor General y Fiscal General del Estado 2017, entre otras, así como el retraso en convocar y las irregularidades en el proceso de selección para la segunda renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, en marcha, son de absoluta responsabilidad de los titulares, de la misma manera que lo son por la nula acción para actuar frente a la rampante corrupción vivida en la última década.
    3. Manifestamos nuestro respaldo a una convocatoria a consulta popular acordada con los sectores sociales, que redemocratice e institucionalice al Estado, que deje sin efecto las enmiendas expedidas inconstitucionalmente en 2015; que otorgue independencia y autonomía a las Funciones del Estado; que dé por terminados los períodos de las autoridades de control y de los máximos organismos del Sistema Judicial, que garantice el control social y la participación para la transparencia y que conduzca a una gestión pública de respeto a la Constitución de la República del Ecuador y su marco jurídico garantista de derechos.
    4. Que se realice una auditoria forense, tanto informática como procedimental y de documentos del concurso que designo a las actuales autoridades del CPCCS y al mismo a todos los concursos realizados por las actuales autoridades de este consejo.
    5. Poner a disponibilidad de la ciudadanía y de la presidencia nuestras suplencias del CPCCS, en aras de brindar facilidades de reinstitucionalidad del Consejo de Participación y potenciar la articulación y construcción del poder ciudadano y el respeto de la norma constitucional.

     
  • walterfernandezulloa 01:27 el 4 May, 2017 Enlace permanente | Responder
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    SOBRE PROYECTO DE LEY SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL:

    Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
    Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentan limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
    La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación. Y esa fue la apuesta institucional más relevante e innovadora que recoge la Constitución del 2008 en la línea de construir una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan involucrarse de manera real en el direccionamiento del desarrollo nacional. El CPCCS declara como su misión que «promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a lo participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público: investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley», (CRE: Art.95). Pero el proyecto de ley presentado hace todo lo contrario.
    Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que nos convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
    En el marco teórico y académico de la participación, a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en los talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
    El sistema democrático inaugurado con la norma constitucional se plantea la distopía de un “democracia real” una “democracia participativa”, que deviene del fomento y promoción del poder ciudadano a través de procesos de participación directa como la deliberación, la opinión, la consulta, la toma de decisiones y espacios públicos. Para ello, también la norma constitucional propone la implementación de ciertos mecanismos como consulta previa, presupuestos participativos, iniciativas legislativas ciudadanas, entre otras. Más la pérdida de espacios o el poco interés de la ciudadanía en lo público, se contrapone al ideal democrático de un ciudadano activo, participativo y preocupado de la cosa pública, la corrupción o la seguridad esta venida a menos, y los pocos procesos que pudieran ser fortalecidos son menoscabados o reprimidos cuando levantan su voz de sospecha ante alguna situación inusual en el manejo de la cosa pública. Este papel que antes correspondía a la participación política y especialmente a la partidista se ha ido posicionando en los espacios de participación social y ciudadana, ante la falta de representación y actuación de los actores que hacen este tipo de participación.
    Cuando un espacio queda vacío, las leyes de la física instan a que estos sean ocupados, y es lo que ha sucedido con la participación política, que ha sido asumida de alguna u otra forma por los espacios de participación social y ciudadana. Por ello, urge la recreación no solo de los mecanismos de participación sino la contextualización y re categorización de la “participación”, develando con claridad sus alcances y motivaciones más allá de los diversos mecanismos propuestos en las normas y leyes.
    Entonces, recapitulando hasta ahora hemos identificado varios tipos de participación, la democrática, la política, la social y la ciudadana, que por cierto constan en la norma constitucional, pero indistintamente de ello, estas necesitan fomentarse a fin de ir creando el ansiado poder ciudadano, y para ello se necesita crear condiciones y no limitaciones. Es importante crear condiciones de seguridad, para que se manifieste la participación en sus ámbitos respectivos, familia, escuela, comunidad, sociedad, política, economía social, etc.; condiciones de espacio como parques, calles, instalaciones públicas, medios de comunicación, redes sociales, ágoras, teatrines, etc.; y, condiciones de tiempo como espacios de participación, convivencia y acción social en tiempos de escuela, de trabajo, de enfermedad, de familia, de gestión pública.
    Del proyecto de ley, se puede inferir que apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibirle al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, sino como un derecho, un principio y una responsabilidad ciudadana. Tal cual está planteado violentaría la estructura misma de la función de Transparencia y Control Social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Desconcentrada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
    Respetando el principio de la desconcentración la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país. Dado que la participación aún no se entiende o no hay el interés político de entenderlo en el amplio marco de reforma del Estado que entre otras cosas proyecta ubicar al ciudadano en el centro de los beneficios de “Buen Vivir” al amparo de una constitución que genera un Estado garante de derechos. La Constitución en el título IV, sobre “Participación y Organización del Poder” en lo relativo a los principios de la participación establece en el Art. 95. «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto o la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de lo democracia representativo, directa y comunitaria. Y he allí, el gran cuestionamiento al proyecto de ley, en vez de generar el protagonismo del ciudadano en la cosa pública, promueve el control y el protagonismo del Estado en las formas y mecanismos participación de los ciudadanos.
    La urgencia de redefiniciones es clara la participación, la transparencia y el control social son procesos en construcción que deben ser fortalecido con instrumentos y herramientas que contemplen la fiscalización del ejercicio pleno de derechos y no como hasta la fecha un mecanismo de conversatorio sobre gastos, actividades y cumplimiento de las mismas, sin prestar atención no solo al resultado, sino al ejercicio de los derechos de la población con la cual se estaba actuando.
    Así mismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadano, en el Titulo III, del Poder Ciudadano, Art. 29 habla de la participación y la construcción del poder ciudadano, diciendo: «El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social en todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior». De esto y de este mandato poco o nada de legisla a favor de los ciudadanos en miras de su articulación como poder y “contrapoder” de lo público.
    En la lógica constitucional no se crea un sistema nacional, ni se da rectoría al CPCCS sobre otras entidades de la Función de Transparencia y Control Social, o sobre instancias autónomas o dependientes de la función ejecutiva. Pero ¡claro! la ley no regula, ni controla y mucho menos crea herramientas para el cumplimiento y ejercicio efectivo del Art. 206 que manda:
    (…) los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de lo Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía: 3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; 4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias: 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.
    El CPCCS, se concibe como parte de un conjunto de instituciones que forman la función de transparencia y control social del Estado, y, debe formular lineamientos y políticas públicas de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la participación y control social. La ausencia de una acción dinámica de este espacio de coordinación que crea lo constitución es sin duda una de las causas de lo debilidad institucional que al verse imposibilitado de mecanismos coercitivos que doten de obligatoriedad a sus decisiones se convierte en meramente declarativo y no vinculante. Y aquí el craso error, estoy de acuerdo que el CPCCS es una instancia institucionalmente debilitada y no por la ausencia de participación de los ciudadanos sino por el poco control y coerción a las instancias de las otras funciones del Estado a fomentar y promover la participación en todos los ámbitos, dimensiones y espacios de la cosa pública. Tanto así, que las Instituciones del Gobierno Central no han sido objeto de la atención debida, contrariando la LOPC que en el art, 6 N°2 establece la “obligatoriedad de todas las instituciones públicas a formar ciudadanía, promover derechos, crear mecanismos y generar procesos de participación ciudadana que incidan en la gestión pública”. Por ello, también se hace imprescindible monitorear, acompañar y apoyar el fortalecimiento de estas instancias y sus obligaciones, en el ámbito de la participación y construcción del poder popular.
    En este sentido es grave que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación. Los marcos legales vigentes recogen de manera asistemática lo relativo a la participación ciudadana, las Asambleas locales Ciudadano, lo silla vacío, el Sistema Local de Participación Ciudadano de los GADs y el Consejo de Planificación, Consejos de Igualdad, entre otros. Todos estos mecanismos son importantes y deben dárseles herramientas ciudadanas de incidencia en la toma de decisiones de las autoridades, y manifestación plena del ejercicio del “poder ciudadano”, sin embargo, existe en todos ellos un carácter ambiguo que conlleva a la desmotivación manipulación final de las decisiones por parte de las autoridades que deberían fortalecer estos mecanismos. Si a una ley de participación para construir y fomentar el poder ciudadano no para controlarlo o limitarlo.
    Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, es decir la participación democrática en el territorio está supeditada al voluntarismo y la participación social, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial integradora a una voluntaria, temática y social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Se antepone “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
    Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
    De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano. Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano. Deberá apuntarse hacia una ley de incentivos de la participación a través de fondos concursables que cada entidad y empresa del Estado así como quienes brindan servicios públicos deberán presupuestar anualmente, las cuales deberían apuntalar los siguientes ejes: información y formación; organización y asociatividad; y, acciones colectivas y solidarias de interés público.
    Hace varios años, manifesté que el CPCCS sufría de varios vacíos y considero que hoy en día esos vacíos quieren trasladárselos a la ciudadanía a través de una norma crasa, entre esos vacíos los siguientes:
    Vaciamiento del discurso: Aún no logra entenderse a la participación como un proceso inmanente del ser humano, “entender la participación” como una cultura en construcción conlleva a entender al propio ser humano multidimensional, multiespacial, multitemporal, complejo y unitario que se manifiesta de manera diversa en ámbitos, espacios y tiempos. Para este vaciamiento lo ideal sería fomentar la participación democrática en lo territorial sin perder de vista la plurinacionalidad y la interculturalidad; la participación social en los ámbitos culturales, académicos, deportivos, etc. en lo organizacional y asociativo; la participación política que promueva procesos de reflexión de la relación Estado, Poder y ciudadanía y asegure representatividad; y, la participación ciudadana en el ámbito de la cosa pública, la gestión y cogestión de lo público; Esto desde una propuesta de ley de fomento de la participación custodiando los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
    Vaciamiento de Gestión: Repensar la Gestión Institucional como un todo en el marco constitucional y la ley, generando así un esquema de gestión institucional que considere los principios, valores y enfoques definidos en la norma, considerando la plurinacionalidad y la diversidad en lo homogéneo, e incorpore una multidinámica más que burocrática – ciudadana. Para ello lo idóneo es apoyar la construcción de una cultura de participación en el ámbito más dinámico, es decir las realidades territoriales y locales, potenciando el dialogo y la proposición con la propia ciudadanía, promoviendo estrategias, mecanismos, metodologías, recursos y herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para la promoción de la participación y el Control Social, y, la construcción progresiva del Poder Ciudadano.
    Vaciamiento de Coordinación inter e intra institucional: Promoviendo una dinamización conjunta de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, formulando políticas públicas conjuntas, sistémicas y articuladas en miras a la construcción del Poder Popular, la cultura participativa y la democracia radical, directa o real.
    Vaciamiento Legal: Una de las competencias del CPCCS es la proposición de normas y proyectos legales que viabilicen la participación y el control social y la construcción del Poder Popular, atribución poco o nada usada a la fecha, por lo que urge promover en conjunto con la ciudadanía un debate serio y sostenido de involucramiento del ciudadano en la preparación y proposición de elementos normativos potenciadores de la participación. Y por otro mediante la creación de instrumentos de normativa interna, resoluciones o lineamientos, promover procesos y procedimientos orientadores de la promoción, usos y aplicaciones de estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas más precisos para la implementación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y sistematización de los procesos de participación ciudadana y control social.
    Por lo expuesto no se ha centrado la atención puntualmente en la contraposición específica en tal o cual articulado del proyecto de ley y menos en evaluar o no la pertinencia de hacer un compendio de leyes o normas ya vigentes, respecto a la institucionalidad de la participación, sus instancias y sus mecanismos, sino que por recoger un análisis integral del cuerpo normativo el cual de por sí está lleno de falencias desde su titulación, hasta su proceso de construcción y su espíritu controlador y regular de la ciudadanía y las organizaciones como sujetos y actores de la participación y poco se construye en el ámbito de los actores públicos llamados a potenciarla, fomentarla y promoverla.

    Walter Fernandez Ulloa Mg.
    Consejero Suplente del CPCCS
    CC: 0911491496
    Movil: 0999178568
    Mail: ups.walter.fernandez@gmail.com
    Mayo 4 de 2017

     
    • Oswaldo Rodríguez 13:13 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos estimado Walter, coincidimos en tus argumentos, brillante exposición, concuerdo que tenemos que dialogar entre los diversos actores sociales y políticos y no con los que administran y gobiernan ya que interpretan que deben controlar la participación ciudadana para su propio uso y abuso, diluyendo los objetivos ciudadanos delineados en la Constitución del 2008 y que apoyamos en la consulta popular por ser un novedoso concepto de control al mandante que nos representa.
      Bravo felicitaciones, compartiré tus argumentos en los espacios que frecuento.

      Buena tarde

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  • walterfernandezulloa 14:14 el 21 April, 2017 Enlace permanente | Responder
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    Proyecto de Ley Organica que crea el sistema nacional de participacion ciudadana y control social

    proyecto codigo participacion-comentarios

     
    • oswaldo 20:08 el 28 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Saludos Walter:
      Favor comenta sobre la información generada en la prensa, respecto de la facultad que podría dar esta ley para la conformación de entidades de vigilancia y control político de autoridades gubernamentales, señaladas como paramilitares.

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      • walterfernandezulloa 11:44 el 4 mayo, 2017 Enlace permanente | Responder

        mi estimado Oswaldo aun no me pasan ese proyecto de ley, me pasaron recien el de semillas que lo estoy leyendo, en cuanto al de seguridad ciudadana por lo que he visto en las redes sociales es legalizar lo que ya se viene haciendo, recuerda que se eliminaron los edecanes militares a las autoridades publicas y luego se reemplazo con policias, posterior a lo del 30S, tambien se les elimino y ahora se contrata persoanal rentado para la custodia de autoridades y vienes publicos, com edificios u oficinas, por eso se ve ahora en las netidades publicas guaradias privados y no policias

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    • Walter N. Fernandez Ulloa 14:20 el 27 abril, 2017 Enlace permanente | Responder

      Sobre proyecto de Ley del Sistema de Participacion y Control social
      Cuando se tiene poder es muy fácil, hablar de la participación, sea ciudadana o política, económica o productiva, familiar o comunitaria, social o intercultural, pero es más complejo desde la vivencia, desde la realidad del cotidiano, desde el ciudadano, desde el desempleo y subempleo, desde el ser hijo o hija, fácilmente se puede apreciar dos polos opuestos de quienes perciben, vivencian y anhelan la participación, cada cual desde su óptica del particular interés. Por ello, antes de plantear una ley de un “sistema de participación” habría de consultarse con quienes vivencian y ejercitan la posibilidad de participar en los diversos espacios y ámbitos de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, dado que estos espacios y ámbitos son multidimensionales, la experiencia es polisémica y al mismo es holística. Cuando se participa o se es participante en un espacio se es participante en diversos espacios.
      Sin necesidad de cuestionar la categoría “participación” desde la investigación o la academia no hay un común acuerdo, salvo que los niveles y dimensiones de la participación dependerán mucho de las condiciones que se generen para dar la voz, el espacio, el tiempo y los recursos para que se haga activa y efectiva. Pero esto no se logra entender, desde la clase política, ya que no se concibe aun a la participación como un proceso inmanente del ser humano y no una condición generada o dado por otro, o por el Estado. En esta lógica tanto el otro, como el Estado en un constante proceso de control intentara limitar todo proceso que promueva o fomente el alzar la voz, expresar el pensamiento o la insurrección de la acción.
      La norma constitucional vigente promueve un paradigma poco entendido y promocionado, la fundación del Estado a partir de dos poderes el público y el ciudadano. El primero desarrollado en la norma a partir de la estructuración de las funciones del Estado y el segundo en un proceso constante de construcción, proceso que debería ser promocionado por las funciones del Estado y que debería ser un apasionamiento de la ciudadanía. El ejercicio de un dialogo amplio entre diversos procesos asociacionistas, organizacionales y ciudadanía ya es un primer momento de apasionamiento sobre y de participación.
      Partiendo del principio de inmanencia, la participación en los más amplios espectros no sería posible controlar y regular desde el ejercicio del poder, sea legitimo o no, porque siempre será contestatario a ese poder. La participación ha sido hartamente discutida y analizada en foros y congresos, y seminarios, pero siempre vista desde un segmento de espacio la familia, la sociedad y el Estado, lo que la ha fragmentado y ha llevado a pensarla desde diversas ópticas e intenciones. La que me convoca hoy inevitablemente será partir del proyecto de “Ley del Sistema Nacional de Participación y Control Social”.
      En el marco teórico y académico de la participación a ésta siempre se la alineo al ámbito del anhelo, tal es así que aún muchos de nosotros utilizamos la conocida escalera de la participación en nuestros talleres, y se plantea como inevitable seguir paso a paso el proceso de participación desde la cual no podemos escapar de la manipulación y el utilitarismo. Este enfoque es grave cuando se lo quiere institucionalizar mediante ley y mucho más grave si la sociedad y los ciudadanos no asumen consciencia de ello. Como he indicado en las primeras líneas la participación es inmanente, es decir es consustancial del ser humano, por ende siempre se manifestara en diversas dimensiones en el ciclo vital de los individuos y de las sociedades, es decir no se podría hablar de participación fuera de la familia, la comunidad, la sociedad, la economía, la cultura y la política. De allí la importancia de la discusión del proyecto de ley, dado que todo cambio social, cultural y económico se da solo desde la acción política. Y ese proyecto de ley es parte de ese ejercicio político, el problema fundamental es de dónde viene y a dónde va.
      De manera general se puede inferir que el proyecto de ley apunta a controlar desde el poder público la construcción del poder ciudadano, y administrar adecuadamente el poder sin contrapoder, o en el mejor de los casos un contrapoder controlado. Esto es percibible claramente al percatarse de la exclusión del artículo 100 de la norma constitucional en el considerando de motivaciones y fundamentaciones del proyecto. Y lo más grave es que ésta se sustenta como una norma orgánica lo que sería inconstitucional dado que la constitución en ninguno de sus articulados manda o define una instancia denominada “Sistema Nacional de Participación”, es decir no fue pensado como elemento estructural del Estado, y violentaría la estructura misma de la función de transparencia y control social que define que la entidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art, 207 CRE) “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, (…). La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.” Y como está claro en la última oración su estructura será “Descentralizada”, por ello crear o proponer una ley nacional de un sistema que no está en la norma constitucional es un groso error.
      Respetando el principio de la descentralización la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad) la creación de los “Sistema Locales de Participación”, los cuales no han sido potenciados y fomentados en todos los Gad del país.
      Lo otro que es rave también es que en la sección de considerandos no haya sido “considerado” el numeral 3 del art. constitucional 276 que hace referencia al Fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. Que en lo personal junto al art 100 debería darse fuerza de ley, es decir que la ciudadanía debería apuntar a generar una ley en miras a potenciar y hacer efectivo ese fomento de la participación, como herramienta de construcción del poder ciudadano en la gestión de la cosa pública, en el cual se incorpore los principios de subsidiaridad y justiciabilidad de los derechos de participación.
      Por otro el proyecto de ley no reconoce y confunde la noción de organización territorial (art 57 numeral 9; 60; 242; 257; CRE) junto a la noción de organización social, lo que dificultara y postergara la participación efectiva de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, ya que se les estaría supeditando a un nivel de acción social y no territorial, la diferencia estriba en que al desconocerse la autoridad del territorio o ponerles en el mismo nivel de participación a una organización territorial de una social, por ejemplo el consejo de gobierno o cabildo de una comuna, pueblo o nacionalidad, no tendría autoridad para regular su territorio, a través de las asambleas ya que un comité u ONG, sobre el discurso de la actuación social podría actuar sobre sus interés y no sobre el ejercicio de derechos y demandas que la comunidad considere prioritarios. Es Decir que se antepongan “interés particulares” sobre las realidades sociales, culturales y económicas del territorio. Por ello, los sistemas de participación deben mantenerse como sistemas locales que potencien el desarrollo integral de los ciudadanos en todos los procesos sociales, políticos y económicos que den sentido al territorio, a sus tradiciones, costumbres e institucionalidades. (art 60 CRE)
      Intentar por ley homogenizar la participación, sus espacios, ámbitos y dimensiones, es de por sí bastante sospechoso y errado, sería una suerte de corralito de la participación, y un atentado al mismo modelo de democracia que la norma constitucional propugna. Ante ello, es claro que toda política pública o norma afecta a algún sector en particular, aquí valdría hacerse esa pregunta ¿quién gana y quién pierde al hablar de participación con el proyecto de ley tal y cual está presentado?. Hay que darse tiempo, pero no darle tiempo al tiempo, hay que reinstituirse, reorganizarse, resolidarizarse y reencontrarse para transformarse y trasformar las realidades de manera participativa.
      De la experiencia en estos últimos años, es claro que existe un déficit de promoción y fomento de la participación desde el poder público, por ende existe una fragilidad en la construcción y articulación del poder ciudadano, el cual no ha sido construido no solo por falta de interés y motivación del poder público, sino por falta de apasionamiento de los ciudadanos en la majestad de su poder. Por eso el riesgo de una ley que homogenice y controle la participación en el ámbito nacional es como perder la soberanía sobre los procesos democráticos que la norma constitucional propugna y donde radica la manifestación del poder ciudadano,
      Si se pretende de buena voluntad fomentar la participación debería incorporase una ley de fomento, promoción y financiamiento de los procesos organizativos nacidos desde la ciudadanía, que articulen procesos, mecanismos e instrumentos de posicionamiento y protección del derecho de participación en los diversos niveles de gobierno, es decir la implementación plena del art. 100 de la norma constitucional, y no un pobre ejercicio de compilación de diversas normas que controlan o direccionan procedimentalmente la participación en los ámbitos sociales y políticos y no en la gestión pública, la cogestión y el control social y ciudadano.
      NO se analiza el resto del articulado por considerarlo de por más indignante a la consciencia e inteligencia del ciudadano.
      Cesar Wilfrido Cardenas Ramirez, Aqui mis opiniones, lamentablemente por chequeo medico me es imposible viajar. abrazos Yo Walter Fernandez Ulloa
      dejo algunas pistas de algunos articulas escritos anteriormente en este tema:
      Proyecto de ley con comentarios:
      https://walterfernandezulloa.files.wordpress.com/…/proyecto…
      Estrategias de politicas publicas para la participacion: https://walterfernandezulloa.wordpress.com/estrategias-de-politica-publica-para-una-cultura-participativa/
      Modelo de analisis para construir una cultura particpativa:
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/modelo-de-analisis-para-la-construccion-de-una-cultura-participativa/
      REVISIÓN MODELO DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL «ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN»
      https://www.academia.edu/…/REVISIÓN_MODELO_DE_GESTIÓN_DEL_C…
      Conversatorio ordenanza que crea el sistema de participación distrital en el Municipio de Quito – Ecuador
      https://www.academia.edu/…/Conversatorio_ordenanza_que_crea…
      Reflexiones sobre participación, cultura y cultura participativa
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/reflexiones-sobre-participacion-cultura-y-cultura-participativa/
      Crisis de Ciudadanía, Participación y Estado.
      https://walterfernandezulloa.wordpress.com/crisis-de-ciudadania-participacion-y-estado/

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  • walterfernandezulloa 14:50 el 11 August, 2016 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , , participación ciudadana,   

    En la gracia de Dios, no he hecho y a estas alturas de la vida no creo que comulgaría con la afiliación a ningún partido político y mucho mas en tiempos de licuidad ideológica, donde se amanece de izquierda y se acuesta de derecha o viceversa, pero ante el constante asedio, por parte de las candidaturas de todos los lineamientos ideológicos, a las garantías constitucionales y particularmente a los derechos de participación, a través de un único plan perverso «desmontar la constitución y sus derechos» y hacerse del poder por el poder. Hago publico un articulo escrito hace exactamente un año, y creo que son elementos aun vigentes, a fin de debatir sobre la construcción del poder ciudadano a través del ejercicio pleno de los derechos de participación.

    A poco más de seis años de la aparición institucional del CPCCS, se hace necesaria una evaluación que permita sistematizar la experiencia en función de un fortalecimiento del Consejo en la estructura del Estado como articulador de la relación Estado – Sociedad Civil – Ciudadano, y su posicionamiento como tal. En este sentido cabe señalar que la corta trayectoria orgánica del CPCCS marca algunos nudos críticos en la construcción de una gestión dinámica fácilmente armonizable con las lógicas y prácticas colectivos de lo ciudadanía.

    seguir leyendo: https://walterfernandezulloa.files.wordpress.com/2016/08/wfu-fortalecimiento-poder-ciudadano.pdf

     
  • walterfernandezulloa 11:11 el 19 July, 2016 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , enfoques complementarios, interculturalidad, , participación ciudadana   

    Comparto presentacion realizada en el Conversatorio sobre

    Páginas 01 Presentación final MDMQ

    Ordenanza del Sistema de participación Ciudadana y Control Social: Enfoque Intercultural y de Derechos para los Pueblos y Nacionalidades

    Presentación final MDMQ

     
  • walterfernandezulloa 12:09 el 6 July, 2016 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: corrupción, derecha, izquierda, participación ciudadana, , , transversal   

    De la utopía de una Derecha moderada a la Distopia de una Izquierda del Siglo XXI.

    Siendo el 1ero de octubre de 1791 en la Asamblea Legislativa de Francia, Paris, nace el paradigma político de las Izquierdas y Derechas, los unos a la siniestra de la presidencia de la Asamblea y otros a la diestra, los unos a favor del voto de los pobres y los otros a favor del comercio y los empresarios. Hasta hoy siempre se ha venido asociando al pensamiento político a favor de los pobres, como una tendencia de izquierda e igualmente sucede para quienes se encuentran asociados al pensamiento a favor del generar riquezas, comercio y empresas, a quienes se les asocia con la Derecha.

    Mas, en la actualidad tiempos cambiantes, los pobres y miserables ya no son más pobres y miserables, se acostumbraron al consumo sea por dadiva o por esfuerzo propio, puesto que la miserabilidad y la pobreza ya no se circunscribe solo en el ámbito de lo económico, sino, que hoy en día contamos con ingentes grupos de seres humanos incapaces de pensar, sentir y emocionarse por y para el bienestar de sí mismo y del otro, somos seres que vivimos solo el hoy. En su tiempo no se le ofreció los recursos más importantes para su desarrollo y el de sus sociedades, a saberse desde mi criterio particular, la formación y el desarrollo de habilidades y destrezas y sumado a estos la siembra de los valores fundamentales de la propia humanidad, la solidaridad, el compromiso, la equidad y la paz.

    ¿Esto ha sido responsabilidad de los gobiernos de Derecha o de Izquierda?, vale cuestionarse, cuándo quienes gobiernan, de uno o de otro de los denominados bandos, han trabajado a favor de los sectores pobres, o más bien empobrecidos. Los unos generando políticas a favor del libre mercado y circulación omnisciente del capital, con dadivas subsidiadas que mínimamente aseguren la indignidad del pensamiento y el cuerpo de los llamados «pobres», y otros en cambio asentando las identidades de clase, la clase pobre nunca podrá accesar a la educación superior, para ellos se creen las carretas técnicas y artesanales, se les educa para que sean obedientes con sus jefes y autoridades, se les reprime y se les convence que siempre estarán a la espera de un «Mesías», un salvador.

    Hoy es más complejo y difícil, identificar una vertiente política de dignificación de los empobrecidos, de re-evolución y de-evolución de los miles de años en explotación por sus congéneres, la izquierda y la derecha se han vuelto líquidos, se han disuelto en un proceso franco de descomposición de la clase política, y de las clases sociales. Vivimos en un momento denominado por algunos académicos como la articulación del paradigma ideológico político de la “transversalidad”, la ideología de la transversalidad, donde los principios, la ética y los valores de unos y otros se fusionan, se encuentran, entre comillas, escogiendo «lo mejor de cada proceso ideológico», en su pensamiento y proceder. Pero ¿dónde está el verdadero conflicto de esto?, a mi criterio y vuelvo a recalcarlo, está en la legión que se han apoderado de la política y la cosa pública, -la corrupción-, bajo el supuesto de la representación del poder popular o ciudadano, que por cierto es un poder ausente en el direccionamiento del desarrollo y de la sostenibilidad de las sociedades y del Estado, dado que si desconocen las capacidades y atribuciones de ese poder, indudablemente no lo ejercerán. Y digo supuesto porque de parte y parte, sea el grupo que sea que logre llegar al poder su máxima será mantenerse en él, a desmedro del verdadero poder ciudadano y popular, al que hay que someter y domesticar.

    Ciertamente, nos toca ser testigos de esa “licuidad” de los procesos ideológicos, aunque parecieran agua y aceite, en política no existen leyes de las ciencias puras que funciones, porque al fin y al cabo, humanos somos, y caníbales fuimos en nuestra prehistoria, y la política lamentablemente aun es el arte que aflora nuestra verdadera miserabilidad como seres humanos.

    izq y der1

     
    • walterfernandezulloa 22:22 el 11 julio, 2016 Enlace permanente | Responder

      Gracias mi estimado Freddsy por tu invaloirable apoyo siempre

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    • Freddy Ortiz Nishihara 23:43 el 7 julio, 2016 Enlace permanente | Responder

      Hola mi estimado Waltercito:

      Te agradezco sinceramente por compratir este excelente articulo y aprovecho para FELICITARTE por la calidad y profundidad del mismo lo he compartiro en mi muro y en varios grupos de esta parte de la patria sin fronteras, la Federacion de periodistas, abogados del Peru, ciudadanos contra el narcotrafico entre otros.

      Un abrazo , estamos en contacto

      Freddy

      • MAG Freddy Ortiz Nishihara*

      Abogado Conciliador UNMSM , Lic. en Administración URP docente universitario en Derecho y Administración, Arbitro del MIN JUS, capacitador principal en conciliación, Director Internacional de asuntos institucionales y jurídicos de la Unión Mundial de escritores por la Cultura, la Paz y la ecología, Corresponsal de radio SIGNOS de Buenos Aires ¨voces y palabras por la Paz¨ en http://www.fmsignos.com.ar Postgraduado y Mag. en las universidades de Uppsala ( Suecia), Universidad andina «Simon Bolívar» ( sede Quito), Universidad Pontificia de Salamanca ( España),Escuela Latinoamericana de la universidad Complutense de Madrid,»Univ de Ciencias empresariales y sociales de Buenos Aires, PUC del Perú docente y coordinador de la Escuela Complutense Latinoamericana (Universidad Complutense de Madrid)en Derecho San Marcos 2014, Integrante de las comisiones ejecutivas y consultivas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Publico y Arbitraje y conciliación del Ilustre Colegio de abogados de Lima (2014-2015) Director de CERECO Peru- APDI UYAI Observatorio de Paz y DDHH Miembro del observatorio de conflictividad de la universidad nacional Tres de Febrero de Argentina

      0051-1-3874438 0051-1-997005874

      «Recuerda los caminos de la Paz se hacen con la obra cotidiana en favor de los demás no solo con el verbo florido»

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  • walterfernandezulloa 17:00 el 7 September, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , matriz de competencias, participación ciudadana,   

    MATRIZ DE COMPETENCIA PARA MODELO DE GESTIÓN “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PODER CIUDADANO, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” (CIF – PC) Ver doc: http://bit.ly/1g67LA5

     
  • walterfernandezulloa 16:55 el 7 September, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , , , participación ciudadana, , ,   

    DOCUMENTO FINAL: PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PODER CIUDADANO, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” (CIF – PC) Ver doc: http://bit.ly/1O96nL5

     
  • walterfernandezulloa 17:14 el 26 August, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , , , , participación ciudadana, , ,   

    REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CPCCS 

    “PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL – REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CPCCS”

    ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN  WFU Fortalecimiento Poder Ciudadano

    1.- ANTECEDENTES.

    El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es la apuesta institucional más relevante e innovadora que recoge la Constitución del 2008 en la línea de construir una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan involucrarse de manera real en el direccionamiento del desarrollo nacional. La institución declara como su misión que «promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a lo participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público: investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley», (CRE: Art.95)

    Esta misión la enmarca en la implementación de un esquema orgánico según el cual se ve a sí misma como el organismo líder, eficiente y eficaz, que “promueve entre las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual y colectiva la participación de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de lo público; en el control de los instituciones del Estado y sus representantes, con procesos permanentes de construcción del poder ciudadano”. Delineado bajo los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género, intergeneracional, autonomía, deliberación pública y solidaridad».

    Los elementos planteados requieren de un análisis más profundo sobre el objeto de la acción institucional, es decir “la participación ciudadana”:

    • Sobre el modelo de gestión institucional -como estrategia que acerca o aleja la participación-;
    • Sobre los espacios de coordinación intra e inter-institucional y la Función de Transparencia y Control Social -como mecanismos de obligatoriedad -; y,
    • Sobre el CPCCS y las ambigüedades del marco legal pertinente: -como la participación ciudadana real, la participación colectiva y las estrategias y mecanismos de ella-;

    2.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

    La participación debe entenderse en un amplio marco de reforma del Estado que entre otras cosas proyecta ubicar al ciudadano en el centro de los beneficios de “Buen Vivir” al amparo de una constitución que genera un Estado garante de derechos. Entre estos derechos los más relevantes se implementa en la creación de una serie de mecanismo de participación que consolida un modelo de “democracia real y directa”.

    Hablar de participación en general y de participación ciudadana en particular supone reflexionar sobre una serie de conceptos que abordan los temas de la democracia, el papel del Estado, la ciudadanía como categoría socio-política, la inclusión y el desarrollo, para nombrar unos pocos. Sin embargo al no ser esta profundización la finalidad de este documento nos apegaremos, al hablar de participación, a las caracterizaciones que sobre esta, en su relación con el Estado, hace el marco legal pertinente.

    La Constitución en el título IV, sobre “Participación y Organización del Poder” en lo relativo a los principios de la participación establece en el Art. 95. «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto o la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de lo democracia representativo, directa y comunitaria.

    Como se puede observar en el párrafo anterior, cuando la constitución habla de participación lo hace desde una perspectiva eminentemente política, determinando para esta una misión fundamental en la construcción de una democracia directa y ciudadana que se expresa en la que se denomina «PODER POPULAR»

    Por otro lado, la Ley Orgánica de Participación Ciudadano, en el Titulo III, del Poder Ciudadano, Art. 29 habla de La participación y la construcción del poder ciudadano, diciendo: «El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social en todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior».

    La LOPC, entonces, define el carácter sistémico de este poder popular en la medida que este se expresa en una participación que promueve el desarrollo de una sociedad donde lo público se subordina a mecanismos de coordinación con lo civil-ciudadano.

    3.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTRA E INTER-INSTITUCIONAL Y LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

    La Constitución del Ecuador en el Capítulo V, habla de la Función de Transparencia y Control Social y en su Art. 204 expresa:

    El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad: fomentará e incentivará la participación ciudadana: protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá lo corrupción. La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

    Así mismo en el Art. 206 manda:

    (…) los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de lo Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía: 3. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; 4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias: 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.

    El CPCCS, se concibe como parte de un conjunto de instituciones que forman la función de transparencia y control social del Estado, y, debe formular lineamientos y políticas públicas de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la participación y control social. La ausencia de una acción dinámica de este espacio de coordinación que crea lo constitución es sin duda una de las causas de lo debilidad institucional que al verse imposibilitado de mecanismos coercitivos que doten de obligatoriedad a sus decisiones se convierte en meramente declarativo y no vinculante.

    La débil articulación, por lo menos a nivel provincial, que existe con las instituciones de la función de transparencia y control, no permite fortalecer los procesos de garantía de derechos que deben existir.

    4.- Modelo de Gestión Institucional

    A cinco años de la aparición institucional del CPCCS, se hace necesaria una evaluación que permita sistematizar la experiencia en función de un fortalecimiento del Consejo en la estructura del Estado como articulador de la relación Estado – Sociedad Civil – Ciudadano, y su posicionamiento como tal. En este sentido cabe señalar que la corta trayectoria orgánica del CPCCS marca algunos nudos críticos en la construcción de una gestión dinámica fácilmente armonizable con las lógicas y prácticas colectivos de lo ciudadanía.

    Es así, que existe la percepción de que algunos funcionarios y/o servidores públicos del Consejo han caracterizado el momento actual, como una situación de debilidad institucional que da cuenta de una acción fraccionaria y fraccionada, una conducta organizacional que no se construye desde el todo sino desde las partes, en acciones que se originan en la voluntad de estos funcionarios o servidores y no en políticas institucionales claras. Estas carencias en lo conducción política del organismo se percibe como el desentendimiento del debate institucional y su máximo órgano de dirección sobre el rol histórico que debe cumplir este organismo en la transformación del Estado tutelar a uno relacional con el ciudadano/a.

    La fragmentación y poca claridad en las definiciones sobre el rol que está llamado a cumplir el CPCCS, se expresa, entre otras cosas, en una inadecuada asignación de los recursos y establecimiento de prioridades. Estos aspectos se hacen particularmente visibles en el gran énfasis que se da a los procesos de designación de autoridades que de manera directo afectan lo posibilidad de promover con fuerza y eficacia las otras atribuciones del Consejo. Así mismo, la implementación de un diseño organizacional vertical que privilegió las visiones centralizadas en detrimento de una construcción colectivo surgida de la experiencia de trabajo concreto en los territorios, retroalimentada con los criterios técnicos de la experiencia comunitaria y social.

    Otro asunto relevante, para el análisis, es la actitud de los funcionarios y la institución frente a otras instancias e instituciones públicos. En este sentido se ha señalado que el trabajo cotidiano del CPCCS consiste en promover los derechos de participación de manera integral, identificando actores sociales, líderes y dirigentes dispuestos o difundir estos derechos, en una doble estrategia de empoderamiento ciudadano (apasionamiento) y posicionamiento institucional en sectores concretos del territorio, generalmente cabeceras cantonales o provinciales.

    Como se anotó anteriormente el CPCCS tiene como misión «ser el organismo líder, eficiente, eficaz, que promueve (…,) procesos permanentes de construcción del poder ciudadano. Delineado bajo los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género y generacional, autonomía, deliberación público y solidaridad». No obstante, la acción del Consejo se ha visto impregnada de dedicación de manera casi exclusiva a la observación de los procesos de participación implementados por los GADs. Tanto así, que las Instituciones del Gobierno Central no han sido objeto de la atención debida, contrariando la LOPC que en el art, 6 N°2 establece la “obligatoriedad de todas las instituciones públicas a formar ciudadanía, promover derechos, crear mecanismos y generar procesos de participación ciudadana que incidan en la gestión pública”. Por ello, también se hace imprescindible monitorear, acompañar y apoyar el fortalecimiento de estas instancias y sus obligaciones, en el ámbito de la participación y construcción del poder popular.

    Lo omisión anterior limita seriamente lo posibilidad de impulsar una acción combinada entre distintas instituciones públicas para mejorar efectivamente la implementación del “Buen Vivir” de las ciudadanas/os y el ejercicio de los derechos de participación. Poco o nada se ha hecho con la institucionalidad del Gobierno Central, y ligeramente se ha avanzado en GADs provinciales o cabeceras cantonales.

    La Ley Orgánico de Participación Ciudadana, en el artículo 6 N°7, establece la rectoría del CPCCS cuando le manda » Monitorear la gestión participativa de los instituciones que conforman el sector público y difundir informes al respecto, los mismos que serán enviados al órgano competente». Esta ambigüedad y la falta de un reglamento específico a conllevado solo a la recolección de información trasladada a un plantilla denominada “rendición de cuentas”,  ambigüedad que se manifiesta, al no definirse de manera concreta los característicos de ese monitoreo y que se establezca indicadores que materialicen el mismo, lo que sumado a la “autonomía” de la que gozan los GADs impiden una acción de seguimiento efectivo en los procesos de implementación de los “Sistemas de Participación Ciudadana”, que a la fecha se han vuelven elementos dispersos, difusos y confusos.

    El tratamiento organizacional desarticulado que desde la propia institución se ha implementado ha agudizado su debilidad y su posicionamiento como un organismo clave en el desarrollo y ejercicio de la democracia en el Ecuador. De ello, se derivan problemas vinculado con la gestión institucional que por ejemplo carece de procesos de evaluación y retroalimentación cualitativa de la experiencia de participación, reduciendo estos procesos a simples conteos de cumplimiento cuantitativo de las metas y objetivos, definidos por el área de planificación, lo que invisibilidad el trabajo cotidiano, el esfuerzo, la calidad y la calidez con que se realizan los procesos en el territorio, evidenciándose un divorcio entre la planificación –administrativo, financiero y planeación- y el trabajo operativo de los técnicos y especialistas del CPCCS.

    En virtud de lo indicado, el replanteamiento del Modelo de Gestión y la Estructura Orgánico Funcional del CPCCS se vuelve urgente, para el reposicionamiento institucional, para ello, habría de considerarse además de las circunstancias internas las externas ya señaladas. Por lo que se considera imprescindible considerar los elementos siguientes: Articulación de la Planificación anual y plurianual desde la lógica del territorio; Mejorar la articulación del trabajo con los GADs  pensando particularmente en los GADs parroquiales y comunidades; Acercar y consolidar estrategias conjuntas de fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito de las entidades del Gobierno central; Fortalecer la capacidad investigativa académica y/o teórica de la construcción del poder popular; Generar estrategias y metodologías de intervención, sistematización y monitoreo de los diversos procesos y experiencias implementadas por el CPCCS, la sociedad civil y la ciudadanía; Promover espacios de capacitación y formación continua y sistemática de los segmentos que define la constitución y la ley, tanto ciudadanía como servidores públicos en general a efectos de atender las realidades y complejidades particulares de cada segmento.

    La LOPC en su art. 5 N°1 indica que le compete al CPCCS «Promover lo participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana, valores transparencia y lucha contra lo corrupción». Esta tarea supone el desarrollo de metodologías de trabajo en formación ciudadana que viabilicen una ciudadanía empoderada (apasionada) y en ejercicio consciente de sus derechos, no obstante, estas metodologías no se han socializado adecuadamente, ni se han sistematizado en las prácticas de las escuelas de formación ciudadana que lleva adelante el CPCCS.

    Finalmente se podría hablar de una rigidez administrativa, en la relación con el talento humano, que impide a los servidores del CPCCS  flexibilizar sus horarios de trabajo a efectos de articularse de mejor manera a las dinámicas intervención en las comunidades donde efectivamente se ejerce mecanismos de participación social y control social, mediante acciones realizadas, por lo general, los fines de semana u en horarios fuera de oficina. Los temas de participación y trabajo con ciudadanía, supone dinámicas diferentes a los horarios de trabajo habitual de la administración pública; al ser el CPCCS una entidad autónoma debería tener ciertas consideraciones, a la hora de cronometrar o definir las jornadas de trabajo para los servidores de acción directa en los territorios.

    5.- Marco legal:

    Entre los instrumentos jurídicos más importantes, que el nuevo marco legal relativo o lo participación ciudadana recoge, se encuentran los de las Asambleas locales Ciudadano, lo silla vacío, el Sistema de Participación Ciudadano de los GADs y el Consejo de Planificación, entre otros. Todos estos mecanismos son importantes herramientas ciudadanas de incidencia en la tomo de decisiones de las autoridades, y manifestación plena del ejercicio del “poder ciudadano”, sin embargo, existe en todos ellos un carácter ambiguo que conlleva a la desmotivación manipulación final de las decisiones por parte de las autoridades que deberían fortalecer estos mecanismos.

    La “Silla Vacía” v.g. requiere de un solo criterio ciudadano, yo que de haber dos criterios contrapuestos sobre un mismo asunto el mecanismo se anuló per se. En la misma línea las Asambleas Locales Ciudadanos deberían ser quienes nutran la representación de la ciudadanía en los Sistemas de Participación, no obstante esto no ocurre, sino cuando conviene al gobierno local del que se trate.

    Lo ley requiere de una reglamentación que permita establecer claramente criterios objetivos, tangibles y medibles a efecto de monitorear la implementación real de los mecanismos de participación ciudadano, democracia directa y construcción del Poder Ciudadano.

    6.- Consideraciones finales, pre conclusiones:

    Lo oportunidad, de revisión del Modelo de Gestión y Orgánico Funcional del CPCCS, es propicia paro plantear uno evaluación y evolución de los alcances y logros de la experiencia de participación ciudadano liderada desde el CPCCS. Esto debe ser realizada al influjo del rol y los objetivos (Constitución y Ley) de la propuesto institucional de partida y como desde esta revisión se allana el camino para la construcción de un “Estado relacional”, Estado- Sociedad Civil –Ciudadanía; de una “Democracia real” o “Directa”, Mecanismos y Estrategias efectivas de participación; y finalmente del “Poder Ciudadano y Popular”, apasionamiento de los principios rectores de la norma constitucional, la ciudadanía proactiva en la gestión de lo público.

    Se propone, finalmente la discusión alrededor de los siguientes ejes temáticos:

    Vaciamiento del discurso: Construir un discurso institucional que dote a los servidores de una definición clara del “entender la participación” como una cultura en construcción; Una Misión y Visión amarrada a la realidad constitucional del quehacer institucional y la construcción de un nuevo modelo de Estado, un Plan del Buen Vivir, y una Democracia real y participativa.

    Vaciamiento Metodológico: Pro generar estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para la promoción de la participación y el Control Social, y, la construcción progresiva del Poder Ciudadano.

    Vaciamiento de Gestión: Repensar la Gestión Institucional como un todo en el marco constitucional y la ley, generando así un esquema de gestión institucional que considere los principios, valores y enfoques definidos en la norma, considerando la plurinacionalidad y la diversidad en lo homogéneo, e incorpore una multidinámica más que burocrática – ciudadana.

    Vaciamiento de Liderazgos: Si bien el CPCCS es un cuerpo colegiado, deben de definirse liderazgos y áreas concretas de acción de la representación del colectivo, la ambigüedad de las funciones y la desterritorialidad de las mismas ha conllevado a diferencias en la forma de manifestar el liderazgo individual de cada miembro del colectivo, por lo que urge la generación y promoción de un liderazgo articulador del direccionamiento de la misión y visión institucional y la definición de tareas y leneas de acción territorial, sectorial o temático de cada integrante del colectivo.

    Vaciamiento de Coordinación inter e intra institucional: Promoviendo una dinamización conjunta de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, formulando políticas publicas conjuntas, sistémicas y articuladas en miras a la construcción del Poder Popular, la cultura participativa y la democracia radical, directa o real.

    Vaciamiento Legal: Una de las competencias del CPCCS es la proposición de normas y proyectos legales que viabilicen la participación y el control social y la construcción del Poder Popular, atribución poco o nada usada a la fecha, por lo que urge promover en conjunto con la ciudadanía un debate serio y sostenido de involucramiento del ciudadano en la preparación y proposición de elementos normativos potenciadores de la participación.  Y por otro mediante la  creación de instrumentos de normativa interna, resoluciones o lineamientos, promover procesos y procedimientos orientadores de la promoción, usos y aplicaciones de estrategias, mecanismos, metodologías y herramientas más precisos para la implementación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y sistematización de los procesos de participación ciudadana y control socia.

    Vaciamiento Comunicacional: Finalmente es recomendable la implementación de una estrategia comunicacional y comunicativa de amplio espectro, que aborde estrategias no solo formales sino informales y masivas de comunicación directa y/o colectiva con la ciudadanía y la sociedad civil.

     

    Walter Fernández Ulloa Mg.

    Doctorante en Pensamiento Complejo

    Consejero Suplente del CPCCS

    Especialista en Interculturalidad

     

     

     
  • walterfernandezulloa 17:09 el 21 July, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , participación ciudadana   

    ASAMBLEA NACIONAL POSESIONARÁ A NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CPCCS
    From: Comunicacion/CPCCS
    To:
    Date: 21/07/2015 16:29
    Subject:
    ASAMBLEA NACIONAL POSESIONARÁ A NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CPCCS

    Quito, 21 de julio de 2015
    Boletín de Prensa No. 1961

    ASAMBLEA NACIONAL POSESIONARÁ A NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CPCCS

    La Asamblea Nacional en su sesión 341, que se realizará el jueves 23 de julio de 2015, a las 09:30, posesionará a las nuevas consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes fueron designados mediante concurso de oposición y méritos realizado por el Consejo Nacional Electoral.

    Las nuevas consejeras y consejeros principales son: Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Doris Lucía Gallardo Cevallos, Tito Fernando Astudillo Sarmiento, Tania Elizabeth Pauker Cueva, Luis Xavier Burbano Espinoza, Yolanda Raquel González Lastre y Juan Antonio Peña Aguirre.

    Las consejeras y consejeros suplentes designados son: Luz María Bustamante Lucas; Aquiles Alfredo Hervas Parra; Sonia Gabriela Vera García; Walter Norberto Fernández Ulloa; Narda Solanda Goyes Quelal; Carlos Ernesto Torres Chacha; Nora Marianela Encalada Ojeda.

    La posesión de las nuevas consejeras y consejeros del CPCCS se realizará una vez que la Asamblea Nacional fue notificada de que no existen impedimentos legales para ello.

    Adicionalmente, el Pleno del CPCCS saliente realizará la última sesión ordinaria el miércoles 22 de julio de 2015 en la que se conocerán entre otros temas las renuncias del secretario técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Leonardo Alvarado; la secretaria general, Lucía Rosero; y la prosecretaria, María Muñoz.

    COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

    CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

    COMENTARIO PERSONAL:

    Bueno!!! a estas alturas del campeonato!!! no se si sirva para el CV, he vivido, he trabajado y he aprendido. Solo le encuentro sentido a esto en medida que ojala sirva para seguir haciendo lo que siempre hice y he hecho servir, compantir y solidarizarme con los otros los que necesitan voz, participación, organización, y revitalización de las esperanzas, los sueños y la fe y por sobre todo mis hermanos los afrodescenientes y cholos, que a pesar de todo seguimos y continuamos vivos y luchando por ser y hacer, y que el tener lo aprovechen los otros que eso poco dura. Como dice Francisco «Oren por mi» porque se muy bien donde me meti. Abrazos y bendiciones…

     
    • Oswaldo 17:24 el 21 julio, 2015 Enlace permanente | Responder

      Felicitaciones estimado; esperando que en algún momento te principalices

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      • walterfernandezulloa 17:48 el 21 julio, 2015 Enlace permanente | Responder

        No es mi estilo la espera, me conoces, si se puede desde esta suplencia apoyar procesos allí estaré, sino solo se engorda el CV,, que hasta ahora me pregunto para qué. jjjajajjajajajj
        abrazos y bendiciones.
        NB.- por cierto cuando nos vemos me comento mariana que ya te jubilste o te jubilaron… diga una fecha para encontrarnos.

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  • walterfernandezulloa 20:01 el 20 May, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , cne, concurso público, , , participación ciudadana   

    DMQ, 20 de Mayo de 2015

    Srs.
    Ciudadanos y Ciudadanas
    Amigos y amigas de lucha y encuentro
    Ecuador.-

    Estimados\as todos\as.

    Luego de 6 meses de una pelea que se anunciaba perdida, pero finalmente ganada moral, ética y curricularmente, me despido satisfecho. Posiblemente, de haber sido ministro, subsecretario o asesor de alguna autoridad influyente, hubiera sido nombrado ganador. Fue un buen examen (oposición) pese que “me calificaron” -2p, por no compartir la visión de la década del 90 propuesta por los académicos. Finalmente una buena calificación en méritos, pese que no se me reconoció liderazgo (¡!!indignante!!! Quienes son estos dueños de oráculo que se creen en la capacidad de valorar o desvalorizar la experiencia de vida en participación y organización de un común ciudadano). Y ni hablar en reconocimientos, el revitalizar comunidades y barrios desesperanzados desde la identidad y la organización no es un reconocimiento y ¡quizá! tengan razón es un compromiso de vida.
    Bueno finalmente en formación académica 12/12; en capacitación 26/06, en este caso era innegable desconocer toda la inversión en tiempo y recursos para la capacitación nacional e internacional que humana, familiar y personal se ha realizado, aun así, solo se calificó la mitad de las certificaciones. En premios y reconocimientos 02/03, como indique anteriormente no se reconoce como temática “afín” el reconocimiento público de haber diseñado mecanismos ciudadanos de control Social a los servicios públicos en la ciudad de Guayaquil, ni haber promovido la organización y participación activa de manera voluntaria de ciudadan@s y comunidades olvidadas por la larga “noche neoliberal”, como San Eduardo, Guasmo Sur, Santa Isabel. Por otro en cuanto a experiencia laboral 10.5/09, Lo irrisorio es que no se califica la experiencia de más de 6 años en docencia en temáticas de Gestión para el desarrollo, del talento humano, de la Calidad con enfoques y herramientas de participación, entre otras. Igual de irrisorio el que no se considere la experiencia como planificador (lo que más falta en este país).
    Por otro, en cuanto al examen de oposición, sin desmerecer el esfuerzo de los docentes en gran medida muchas preguntas correspondían a una pedagogía bancaria y memorista, que rayaban en ocasiones a leer y completar, normas o planes in extenso, otras subjetivas que dependían mucho de la episteme que cada área del conocimiento se maneja sea sociológica, antropológica o psicológica, y otras que rayaban de sobre manera lo absurdo. En este acápite, es importante resaltar que el día 20 de abril a las 12h00 del día se notifica de las preguntas y de la fecha del examen para el día 22 de abril. Vuelve a ser irrisorio el envió de 2000 preguntas sin respuestas para la resolución y estudio, a un día y medio de los exámenes, en lo personal el mismo día lunes inicie el ejercicio de revisión de preguntas y solo alcance a revisar 20 preguntas, así que deje esto a la experiencia y formación, sería infructuoso perder el tiempo en ello, si previamente no te habían preparado con las preguntas o no tuvieras formación y experiencia en las temáticas propuesta.
    En cuanto al proceso de registro, cabe indicar que se incrementaron categorías étnicas culturales no reconocidas ya en la norma constitucional como negros y mulatos, sin la opción de otros en última instancia para quienes exigimos el reconocimiento de cholo. Groso “error” debe considerarse también la desvalorización de la experiencia profesional y laboral, la capacitación nacional e internacional, la participación y el liderazgo geográfico no solo territorial, es decir no es lo mismo alguien que supuestamente a promovido su liderazgo y la participación ciudadana en su localidad sino también como ha incidido y es reconocido en el ámbito nacional e internacional. Otra dificultad es que el CNE, no dispuso en su resolución la obligatoriedad, ya que exigía como requisito el presentar el nombramiento legal de la persona que firmaba los documentos, -por cierto requisito que no está en la ley-, de las entidades públicas y privadas de entregar estos documentos, en mi caso particular solo alcance a presentar menos de la tercera parte de mi curriculum en vista que muchas entidades nacionales e internacionales se negaron entregar los nombramientos de sus representantes legales. Lamentablemente como no existen a la vista los documentos legales de los postulantes es imposible comprobar quienes presentaron estos documentos, y si quienes han certificado los certificados son o no legalmente reconocidos por los entes competentes y no las certificaciones de Juan Piguave certificando la autoridad de Juanito Palotes.
    En fin, no sé si por ignorancia, mala fe o falta de transparencia, este proceso a diferencia de otros me llego a parecer burdo, por el alto nivel de subjetividad y discrecionalidad en la calificación de méritos y oposición, que conllevo a la evidencia de ciudadan@s de primera y de segunda. La vida sigue con rumbo, la implementación de una Matriz Participativa, de construcción del Poder Ciudadano, Popular y Participativo, la fundamentación y funcionalidad de la ciudadanía siguen siendo retos de cada uno de los pocos ciudadanos COMPROMETIDOS CON LA VIDA Y LA DEMOCRACIA REAL.
    Por lo pronto un hasta luego, con la cara limpia, el alma tranquila y el corazón pujante, por un cambio radical que compromete sus emociones, sentimientos y pensamientos, por y con los ciudadanos de a pie que luchan cotidianamente por su ser y hacer identidad ciudadana, poder popular y una auténtica democracia real.

    Ps. Cl. Walter N. Fernández Ulloa Mg.
    CC: 0911491496
    Reg Profesional: 320

    N.B.: Esta es mi segunda participación en este proceso, lo que me recuerda procesos de concursos anteriores donde lo que definía un concurso era una entrevista en la cual, sobre 20 puntos, dos de tres delegados te ponían 20puntos y uno te ponía 01punto, definiéndose así un concurso. No sé, ni estoy seguro que algo haya cambiado. Abrazos y bendiciones.

     
  • walterfernandezulloa 13:50 el 8 May, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , participación ciudadana,   

    Selección de Consejer@s del CPCCS
    X 1 Concurso público transparente, link mi documentación completa,
    http://bit.ly/1QqQ3EV
    Sin información no hay impugnación

     
  • walterfernandezulloa 17:44 el 5 March, 2015 Enlace permanente | Responder
    Etiquetas: , capacitación, , participación ciudadana, , ,   

    En el marco de la preparación del Seminario Internacional «Estado del Arte y Cuestión en la construcción del poder ciudadano en América Latina» Me interesaría conocer el interés y condiciones para Universidades de la región, interesadas en el tema y tengan trabajos investigativos previos para el aval y retransmisión en linea. De las Comunicarse por este medio o a mi correo.

     
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